En libertad condicional, y apenas con un brazalete electrónico, ya fuera del hospital y en domicilio desconocido, así enfrentará Emilio Lozoya Austin los delitos que se le imputan por la vinculación a dos carpetas de investigación: operación de recursos de procedencia ilícita, provenientes de la compra irregular de una planta de fertilizantes de Altos Hornos de México (AHMSA) por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), y uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrecht.

Parece un mal precedente para un juicio histórico por corrupción que el exdirector de Pemex en los primeros tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto acepte la comisión de esos delitos y que se le permita enfrentar las acusaciones sin pasar por prisión preventiva, cuando miles de mexicanos están años en penales por apenas haber robado algún artículo en una tienda.

De las dos audiencias de control del martes 28 y miércoles 29 de julio, vía remota desde un hospital privado de la Ciudad de México debido a las alegaciones de salud del imputado, se pueden extraer algunas claves que muestran el posible desenlace de este juicio, de acuerdo al resumen compartido por el Consejo de la Judicatura Federal y otras crónicas de las audiencias.

1. Se declara inocente, pero admite que se cometieron delitos. Aunque en ambas audiencias de control se dijo no responsable de los delitos imputados, sostuvo que aceptó al extradición de manera voluntaria, para cooperar con las autoridades con las investigaciones señaladas. Lozoya aseguró no ser “culpable ni responsable de los hechos que se me imputan”. Ante ello añadió, “denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”.

2. Se dice instrumentalizado por un “aparato organizado de poder”. El punto clave de la defensa de Emilio Lozoya consiste en aceptar que ocurrieron esos hechos delictivos, pero de los cuales él no fue responsable. “Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…” dijo Lozoya ante el Juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza. Según la declaración de sus abogados: “en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy”.

3. Colaboración de Lozoya con la FGR: en las audiencias quedó confirmado el proceso de colaboración de Emilio Lozoya y su defensa, con los fiscales y funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR). Para reforzar este compromiso, Lozoya dijo al Juez: “en el marco de mi compromiso de colaborar con este investigación di instrucciones en España a que se agilizaran los trámites de mi extradición, como un acto voluntario de mi parte en renunciar al procedimiento de extradición, precisamente para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del Estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad”. En un momento de la primera audiencia, el Juez resaltó que hay un acuerdo entre la FGR y el imputado por lo que entiende que están “allanados”.  Además Lozoya aceptó la vinculación a proceso, pero a cambio no le dan prisión preventiva sino le ponen un brazalete electrónico.

4. Buscar criterio de oportunidad. Toda la estrategia de defensa de Lozoya consiste en conseguir el criterio de oportunidad (artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales) con lo que busca evitar vinculación a proceso, en el mejor de los casos, o reducir su pena de manera significativa, y al mismo tiempo conservar algunas de sus propiedades como la casa de Lomas de Bezares que según la FGR compró con dinero depositado por AHMSA, a cambio de la compra irregular de Agro Nitrogenados, pero que según Lozoya compró desde antes de ser director de Pemex.

5. El punto clave de la estrategia de defensa de Lozoya: consiste probar que fue presionado e intimidado por un “aparato organizado de poder” para ser participe en los delitos imputados, es decir los casos de pagos irregulares por parte de las empresas Odebrecht y Agro Nitrogenados. Aunque su defensa dijo que en su momento su defendido daría a conocer nombres y hechos específicos, es una deducción obvia que por “aparato organizado de poder” se refiere el grupo político que comandaba su jefe Enrique Peña Nieto y el grupo que controlaba el poder Ejecutivo y eventualmente partidos y gubernaturas en el sexenio anterior. Si logra hacerlo, podríamos estar ante el mayor caso denunciado de corrupción en la historia reciente. Si no logra probarlo, Lozoya enfrentará los delitos en solitario.

Parecen avances relevantes los hechos que se han conocido en estas dos audiencias, pero también hay indicios de que nos podemos quedar con un mal sabor de boca.

Por ejemplo, Andrea Cárdenas, de Quinto Elemento Lab, destacó que la FGR no incluyó en la imputación por el caso Agro Nitrogenados, todas las trasferencias de recursos de AMHSA a cuentas fachada de Lozoya.

También se corre el riesgo de que se repita el resultado de un juicio como el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte: una burla de juicio con que terminó con una pena reducida y si sin reparación del daño al quebranto del erario: de la denuncia de desfalco por 40 mil millones de pesos, Duarte apenas pago multa por 58 mil pesos.

En Pemex y en la compra de Agro Nitrogenados los quebrantos al patrimonio fueron mucho más grandes en Veracruz, ¿quién resarcirá esos daños? Este es un punto en el que ha insistido la organización Tojil, un despacho de abogados que ha solicitado que la sociedad mexicana sea considerada como parte en el juicio contra Lozoya como víctima y de ese modo buscar un juicio justo y transparente, que a la vez busque por la reparación del daño (Animal Político, 28 julio).

Hasta ahora no hay indicios de que eso ocurra en el juicio contra Lozoya. Por ejemplo, hay otras denuncias de cabildeos o pago de favores de Lozoya con otras empresas constructoras extranjeras, como OHL, que los fiscales no están tomando en cuenta.

Y finalmente, hay una consideración importante señalada por el consultor Edgardo Buscaglia, detallada en una entrevista con Julio Hernández. Para que la investigación de la “estructura organizada de poder”, que según Lozoya lo “presionó e instrumentalizó”, debería investigarse bajo el delito de delincuencia organizada y no solamente por el delito de asociación delictuosa.

Por estas consideraciones, las altas expectativas que se han generado por las investigaciones contra Lozoya podrían quedar no sólo desinfladas, sino repetirse la burla a la justicia en México y repetir el eterno ciclo de la impunidad en México.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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