El de Vicente Fox Quesada ha sido uno de los peores gobiernos que ha tenido este país, no sólo por su ignorancia y clasismo, sino especialmente por haber traicionado un mandato de cambio político profundo en el país, que le exigió el pueblo mexicano al votar por él en julio del 2000.

Dentro de la larga cadena de errores, omisiones y tonterías cometidas por Fox, debe destacarse la decisión de desaparecer la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femosp), incumplir las recomendaciones planteadas en el informe final que produjo ese organismo, e incluso desaparecerlo de los archivos.

Como se recuerda, uno de sus compromisos de campaña fue investigar las responsabilidades de los mandos políticos y de fuerzas de seguridad en la persecución y represión contra movimientos sociales de las décadas precedentes. Así el primer Presidente panista del país propuso la creación de una fiscalía especial. Esta agencia se creó en 2001 y trabajó cinco años en un informe especial que concluyó que el Estado mexicano cometió diversos crímenes con el pretexto de combatir disidentes políticos.

El informe final oficial nunca se dio a conocer públicamente, pero los investigadores que lo elaboraron, divulgaron el documento preliminar donde se afirmó lo siguiente: “Al concluir esta investigación se constata que el Estado mexicano, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo, al patrimonialismo, a las estructuras de mediación y a la opresión. El combate que el Estado emprendió en contra de estos grupos nacionales (que se organizaron en los movimientos estudiantiles, y en la insurgencia popular) se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio, al intentar destruir a este sector de la sociedad al que consideró ideológicamente como su enemigo”.

Nunca antes una agencia del Estado mexicano había escrito en un documento oficial que el propio Estado incurrió en “en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio”.

¿Quiénes eran esos “enemigos”? Movimientos campesinos como el de Rubén Jaramillo en Morelos, o los de Genaro Rojas y Lucio Cabañas en Guerrero; movimientos estudiantiles como el de 1968 o de 1971. Todos estos movimientos fueron, literalmente, masacrados. A consecuencia de esas masacres varias organizaciones políticas optaron, en las décadas de 1970 y 1980, por la vía armada al considerar que los caminos legales y pacíficos estaban cancelados por el Estado mexicano. A estos grupos también se les masacró.

El informe de la Femosp confirmó la participación gubernamental en la represión a estos movimientos políticos mediante persecuciones, masacres, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas, crímenes de guerra y genocidio. Lo que se pedía era reconocer a los culpables, sancionarlos y reparar el daño a las víctimas. Es decir, terminar con el manto de impunidad que había cubierto durante décadas las acciones represivas del Gobierno.

Pero Fox no lo hizo, ya fuera por cobardía o por complicidad. Es seguro que el entonces Presidente recibió presiones de los responsables de estos delitos para no cumplir las recomendaciones del informe de la Femosp, las cuales derivaban en averiguaciones, en aprehensión y enjuiciamiento. Tal vez Fox pudo ser amenazado por alguno de los generales, comandantes, o policías políticos que ordenaron o participaron en las acciones represivas.

Seguramente los ex presidentes y mandos políticos involucrados en los hechos represivos ilegales, presionaron para que Fox no cumpliera con lo que mandataba el informe y sepultara la Fiscalía especial.

O tal vez Fox simpatizaba de esos métodos y coincidía en la represión que usaron los gobernantes que criticó en campaña para llegar a la Presidencia.

Ya fuera por temor a los responsables políticos o militares implicados en las cadenas de mando que ordenaron esas represiones o por complicidad, Vicente Fox incumplió su promesa y decidió no fincar responsabilidades.

Es decir, hizo lo mismo que los gobernantes y mandos políticos priistas que tanto criticó: cubrir con el manto de la impunidad a los perpetradores de masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, vuelos de la muerte, etc. Este fue un hecho político muy relevante pues permitió que la impunidad de las décadas de autoritarismo priista siguieran en su Gobierno de la llamada transición democrática. Y es probable que con esa decisión política Fox haya propiciado la situación de guerra y violencia que tenemos en el país ahora.

Al no castigar a quienes cometieron crímenes de lesa impunidad en el pasado, los dejó impunes. Y al hacerlo permitió la reproducción de estas prácticas al seno del Estado, y propició su propagación al resto de la sociedad, entre ellos, a grupos criminales metidos en los negocios del capitalismo ilegal.

La guerra que vivimos ahora y que se manifiesta con el aumento sostenido de asesinatos intencionales, masacrados, descuartizados, mutilados, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, centros de exterminio y fosas clandestinas, se fraguó en las décadas precedentes en las prácticas originadas en agencias estatales, y luego diseminadas al resto de la sociedad.

Lo dijo de una manera muy clara y contundente la señora Sara Hernández, a quién el Gobierno federal le desapareció a su esposo Rafael Ramírez Duarte y a su cuñado Juan Manuel Ramírez Duarte en 1977. Ella fue una de las 84 madres que tomaron la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, hace 40 años, el 28 de agosto de 1978 para hacer una huelga de hambre y exigir al Gobierno federal la presentación con vida de sus desaparecidos, la salida de los presos políticos y el regreso de los exiliados. Con la huelga de las madres de agosto de 1978, el entonces Presidente José López Portillo se comprometió a expedir una Ley de Amnistía que benefició a los presos y exiliados políticos.

Sin embargo, contó Sara Hernández a Radio Universidad de Guadalajara, no lograron que el Estado admitiera la desaparición de los detenidos por la policía política. Al no conseguir que el Estado admitiera dichas prácticas y castigar a sus perpetradores, se gestaron las condiciones para que las desapariciones, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y otros métodos represivos se extendieran a otros grupos, más allá de los estatales, protegidos por el mismo Estado.

Así se gestan las prácticas y conductas criminales que caracterizan la actual guerra que tenemos. Podría afirmarse que el origen de los grupos ilegales que posteriormente se constituyen en los grandes consorcios llamados cárteles del narcotráfico se gestan al seno del mismo Estado con casos como el de José Luis Flores (citado por la señora Sara Hernández) policía de la Dirección Federal de Seguridad (DFS, la temida policía política del gobierno federal), encargado de detenciones y torturas. Dice: “Ya que desapareció la DFS, ¿qué hizo esta gente? Esta gente aprendió a secuestrar y torturar, no sabían hacer más en la vida. Entonces formaron una banda, la banda de La Flor y se dedicaron a secuestrar gente. Son los que secuestraron al hijo del empresario Alejandro Martí. Lo secuestran, exigen dinero y siguen, y la bola crece y crece y el Estado mexicano con una omisión gigantesca, no castiga, no aplica la ley como al debe aplicar, y claro, surgen por todos lados estas bandas de secuestradores”.

Como Flores, otros represores del Estado pasaron de la policía política al crimen organizado, como Nasar Haro, Sahagún Baca y Salomón Tanús. Todos eran mandos de la policía secreta del régimen y al terminar sus funciones represoras se dedicaron a negocios ilícitos: narcotráfico, robo de autos y secuestro de personas. Eran los encargados de aplicar las prácticas de torturas y desapariciones y una vez que se termina la Guerra Sucia continúan con esas mismas prácticas, pero ahora como negocios ilícitos pero al amparo del Estado mexicano. Gracias al manto de la impunidad.

Una parte de esto se lo debemos a Vicente Fox que no combatió estos crímenes y con ello propició la continuidad de la impunidad estatal. Fox protegió a los perpetradores de masacres y crímenes de lesa humanidad y a los mandos políticos que los ordenaron. Y llegamos así al punto más alto de la guerra en México.

Este es el error que no debe cometer Andrés Manuel López Obrador: perdonar y olvidar los crímenes cometidos para reprimir a la sociedad, crímenes de lesa humanidad. No debe dejar impunes estos crímenes, no debe dejar sin castigo a los mandos políticos que ordenaron masacres, desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales, centros de exterminio y fosas clandestinas; no debe dejar impune el castigo a los perpetradores.

Si López Obrador repite la fórmula de la impunidad, no sólo cometerá el mismo error de Fox. Al final será corresponsable de las estrategias represivas y guerra contra la sociedad, como Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y su foto no aparecerá a un lado de Benito Juárez, Francisco Madero y Lázaro Cárdenas, como aspira. Aparecerá a un lado de los gobernantes que permitieron que la impunidad propiciara la guerra que ahora lacera y desgarra a la sociedad mexicana.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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