La desconfianza en los Gobiernos federal y locales para el manejo de los recursos destinados a enfrentar los daños del sismo, donados o públicos, provocó un ola de exigencia para que se transparente su uso. Organizaciones extranjeras y nacionales, académicos, activistas, periodistas y empresarios llamaron en las últimas horas a evitar que el dinero sea manejado de manera discrecional por parte de los gobiernos.

La exigencia para el correcto uso del dinero destinado para mitigar los daños de los temblores que han afectado el patrimonio de millones de ciudadanos y las vías de comunicación proviene desde organismos internacionales como Save the Children, Artículo 19 y Oxfam, entre otros, hasta la Coparmex, el IMCO y Fundar, por mencionar algunos. A grosso modo coinciden en que se transparente en una plataforma la totalidad de ese dinero y que personas de probada honestidad participen en el seguimiento y asignación.

La corrupción es una de las marcas que carga el Gobierno de Enrique Peña Nieto, casi desde el inicio de su inicio. Las acusaciones pesan sobre el Presidente, gobernadores y ex gobernadores y miembros del Gabinete federal, y muchas de ellas están directamente relacionadas con obra y entrega de apoyos.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Organizaciones civiles, de todo tipo y de todos los tamaños, académicos y activistas lanzaron en las últimas horas iniciativas para someter el uso de recursos púbicos, así como las donaciones, a la observación de la sociedad y no permitir que el Gobierno federal o los locales dispongan de manera discrecional de ese dinero que es de todos los mexicanos.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto sostiene que se requerirán al menos 38 mil millones de pesos para la reconstrucción en las entidades dañadas y hoy comenzó a repartir los apoyos para los afectados por los sismos que golpearon el centro y sur del país el pasado mes.

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, dijo ante medios de comunicación que la entrega inició en los estados de Oaxaca y Chiapas. Ahí, detalló, se repartieron tarjetas para que los damnificados puedan acceder a los fondos.

Estas tarjetas, que estarán destinadas en su mayor parte a “casas que se destruyeron casi en su totalidad”, se conceden a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) y también beneficiarán a los otros estados afectados en los sismos del 19 y 23 de septiembre, aunque no se repartirán en la Ciudad de México.

Una tarjeta proporcionará recursos para la compra de materiales y otros insumos para la construcción, y “se podrá hacer líquida, sacar el efectivo”, mientras que la otra únicamente servirá para la compra de materiales, explicó Rubio.

El reparto de tarjetas con dinero es una práctica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para captar votos. En 2012, durante la elección que llevó a Enrique Peña Nieto a la Presidencia, el PRI fue acusado de utilizar Monex para movilizar dinero por medio de tarjetas de débito. Luego, en 2017, esas tarjetas fueron repartidas por Alfredo del Mazo Maza en el Estado de México, aunque sin efectivo pero con la promesa de que llegaría después de la elección; a esas se les llamó “Tarjetas Rosas”.

Empresarios, instituciones y gobiernos extranjeros, estrellas y deportistas, así como los mexicanos que viven en el exterior han realizado donaciones millonarias para ayudar a enfrentar los daños del movimiento telúrico. Aún no se sabe a cuánto ascienden esos recursos.

Las organizaciones civiles quieren que ese reparto de ayuda sea organizado, sobre todo porque es previo a una elección polémica y decisiva: la de 2018.

TRANSPARENCIA Y CASTIGO, EXIGEN OSC

Las iniciativas para cuidar el manejo de los recursos han salido desde diferentes frentes y se suman a las que llevaron a los partidos a sus propuestas para dar el dinero de sus prerrogativas para apoyar a la ciudadanía ante los temblores.

Hoy, una treintena de organizaciones de la sociedad civil, patronales y académicas anunciaron que vigilarán el origen y los recursos destinados para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos.

Las agrupaciones integradas en la iniciativa #Epicentro dieron a conocer, a través de un comunicado, los tres ejes de trabajo con el que buscan transparentar las labores y uso de dinero donado y de las arcas publicas que será usado para mitigar los daños que los temblores dejaron en algunas entidades el país.

El primer eje es el seguimiento del origen y uso de los recursos destinados a la reconstrucción. Ahí se identificará la información relativa a los fondos para su integración en una sola plataforma, y dará seguimiento al ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción.

El segundo, es proponer mecanismos para una reconstrucción con perspectiva social y de derechos humanos, género, infancia y juventud. “Las decisiones en torno a la reconstrucción deben contribuir a la cohesión comunitaria incorporando las prioridades y necesidades de las distintas comunidades y fomentando una participación social informada. #Epicentro propondrá mecanismos que permitan una participación efectiva de la población, particularmente de las mujeres”, dice el comunicado.

Y el tercero es identificar y pedir que se sancionen a los responsables de pérdidas relacionados con actos de corrupción entre particulares y funcionarios, además de que se buscará la reparación del daño.

Las agrupaciones que impulsan #Epicentro son Transparencia Mexicana, Oxfam México, Habitat International Coalition (HIC),  Mexicanos Primero, Causa Común, México Evalúa, Centro Prodh (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez), Impunidad Cero, Equis Justicia para las Mujeres, Observatorio de la Industria de la Construcción, Gobierno Fácil, Manos a la obra (estudiantes mexicanos del MIT), Supercívicos, Barra Mexicana, Colegio de Abogados; Red ProBono México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación;  Coparmex, mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Mejor Ciudad, IMCO, Cohesión Comunitaria e innovación Social (CCIS), The Hunger Project, Wikipolítica CDMX, Save The Children, Tecnológico de Monterrey, NYU GovLab, Fáctico, PODER, Appleseed, Instituto de liderazgo Simone de Beauvoir

A su vez, el conglomerado Nosotrxs llamó a evitar “cualquier tentación autoritaria, cualquier captura partidaria, empresarial o de poderes fácticos” de los trabajos de reconstrucción.

Señaló que es necesario “crear un fondo único de reconstrucción nacional con reconocimiento público y con la más absoluta transparencia en tiempo real, que coordine todas las tareas”.

Y propuso que el Presidente de la República emita el decreto de creación de un fideicomiso público con plenas facultades de actuación, “en el que se depositen todas las aportaciones internacionales, las bancarias, las partidarias, las sociales y las privadas que confluyan para respaldar el proceso de reconstrucción, en el que todos debemos contribuir. A ese fondo deben concurrir las dependencias con facultades y capacidades de colaboración, pero no deben dirigirlo”.

Agregó que el comité técnico de ese fideicomiso deberá “convocar a la participación de esos sectores y dotarles de los medios para vigilar y sancionar los planes, los proyectos y las acciones derivadas del fideicomiso. Toda la información debe abrirse a la vigilancia pública y a la colaboración de la sociedad civil. Y debe dirigirse por un cuerpo de profesionales de probada experiencia administrativa, de indiscutible autoridad moral y sin filiaciones partidarias”.

Y señaló que “tras la tragedia, el objetivo no puede ser simplemente levantar lo que se ha caído, sino generar un nuevo aliento y un mirador hacia el futuro democrático. Tampoco prosperará si se fragmenta y, mucho menos, si se captura o se utiliza para fines o intereses diferentes a su propósito. Por eso es fundamental que los actores capaces de participar en su diseño comprendan que cualquier intento de sacar provecho de la tragedia nacional hundiría el conjunto de la política pública que debe implementarse”.

Nosotrxs es integrado por académicos del CIDE, al UNAM y otras instituciones, así como activistas y periodistas.

Hoy también en un foro organizado en la máxima casa de estudios, urbanistas y arquitectos llamaron a instalar un comité técnico independiente del gobierno e iniciativa privada apoyado de la academia y organizaciones para la reconstrucción, así como replantear una planeación urbana con derechos humanos a nivel nacional que incluya un instituto para la vigilancia y el cumplimiento de las normas.

Ayer, la red de #Verificado19s, la plataforma surgida luego del sismo del pasado 19 de septiembre para revisar en tiempo real la ubicación de los centros de acopio y de edificios derrumbados, cuestionó al Gobierno mexicano su incapacidad para establecer una red de logística de recepción, almacenamiento, distribución y entrega de herramientas y víveres tras la situación de emergencia que se vivió en la capital del país.

A través de un comunicado preguntó “¿Bajo qué criterios se va a reconstruir la ciudad: la seguridad y bienestar de la ciudadanía o los intereses de las constructoras?, ¿Se garantizará el derecho de la ciudadanía a participar en la reconstrucción de su ciudad?, ¿Se imputarán responsabilidades legales ante la negligencia en las construcciones afectadas o se mantendrá una complicidad corrupta en la opacidad?”.

Esta red está conformada por Ahora, Artículo 19, Ayuda Óptima, Bicitekas, CartoCrítica, Cítrico Gráfico, Centro Pro de Derechos Humanos, Cencos, Codeando México, Cultura Colectiva, Data Cívica, Datank.ai, Democracia Deliberada, Devf, Fósforo, Horizontal, La Lonja MX, OPI, Oxfam, Revista Paradigmas, R3D, Serapaz, Social TIC, The Data Pub, Tú Constituyente. También cuenta con el apoyo de Google, McKinsey y Vice.