México

Comisión enfrenta obstáculos en el esclarecimiento de crímenes de la Guerra Sucia

02/10/2022 - 8:45 pm

Han pasado 10 meses de la instalación de la Comisión para esclarecer violaciones graves a derechos humanos entre los años de 1965 y 1990, en los cuales el organismo ha enfrentado una cooperación pasiva del Ejército mexicano para que se indague su rol en la desaparición, tortura y asesinato de decenas de líderes sociales y disidentes políticos de diversa índole.

Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– Durante la segunda mitad del siglo XX, la historia de México se vio marcada por una serie de episodios perpetrados con la participación del Ejército y del Gobierno federal, un periodo que dejó un número aún desconocido de desaparecidos y líderes sociales muertos, como han denunciado organizaciones y las propias víctimas. Uno de los hechos más conocidos, por la magnitud de muertes y el alcance internacional que tuvo la noticia, fue la Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.

Ahora ese episodio, así como otros ocurridos entre los años 1965 y 1990, durante la llamada Guerra Sucia, está bajo el escrutinio de la Comisión para la Verdad y Justicia convocada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para esclarecer los hechos de violencia perpetrada por el Estado en ese periodo y brindar justicia a las víctimas.

La Comisión de Verdad y Justicia para investigar violaciones graves de derechos humanos entre los años 1965 y 1990 se instaló en diciembre de 2021. Foto: Cuartoscuro

El organismo –compuesto por miembros de la sociedad civil, expertos y funcionarios públicos– se instaló en diciembre de 2021. La Comisión tiene cinco ejes desde los cuales opera: el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico; el Comité de Impulso a la Justicia; el Programa Especial de Búsqueda; un Programa Especial de Reparación y Compensación; y la construcción de un Centro Nacional de Memoria para los Derechos Humanos, junto con la construcción de una Ley de Memoria.

Su operación no se ha librado de retos y obstáculos.

A 10 meses de su creación, una de las cinco personas expertas comisionadas del Mecanismo renunció al cargo ad honorem por considerar que el trabajo de la Comisión estaba siendo obstaculizado por una falta de escucha hacia la sociedad civil y acusó que el control presupuestal que tiene la facción institucional que conforma la Comisión determinaba qué proyectos serían respaldados y cuáles no.

“(…) Pocas semanas después de la creación de la Comisión, y en vísperas de que esta arrancara sus labores el 10 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, aparecieron los primeros indicios de que las personas de sociedad civil (en aquel entonces, sólo el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico) no serían escuchadas para el desarrollo efectivo de los trabajos, sino que sería la Secretaría Ejecutiva quien impondría la agenda política de la Comisión”, escribió Aleida García Aguirre en una carta dirigida al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; y al resto de las personas expertas comisionadas del Mecanismo.

Alicia de los Ríos, activista e hija de la militante desaparecida del mismo nombre de la Liga Comunista 23 de Septiembre, consideró que la Comisión es un esfuerzo inédito en el cual la administración de Andrés Manuel López Obrador ha demostrado una cercanía con comisiones de búsqueda de desaparecidos y familiares de víctimas directas e indirectas a niveles altos de Gobierno que no se había reflejado en sexenios anteriores.

No obstante, puntualizó que se observó que la Comisión pretendía “permanecer un tanto distante a los colectivos y personas organizadas”, posiblemente en línea con un cuidado de su autonomía e independencia. En este aspecto, indicó que los colectivos y miembros de la sociedad civil no tienen la intención de interferir en los trabajos de investigación, pero quisieran tener más diálogo con la Comisión.

“Nosotros no esperamos, insisto, interferir en los trabajos propios de investigación que tiene como mandato la propia Comisión; sin embargo, nos parece importante que podamos otorgar tanto el panorama en términos de quiénes somos los denunciantes y qué casos prevalecen hasta el momento en instancias como la CNDH y la Fiscalía”, aclaró. “Sí hemos pedido más interlocución y más espacios de escucha y colaboración con la propia Comisión en lo que a nosotros nos confiere, que son los testimonios y el trabajo de litigio que hemos venido haciendo durante décadas”.

HAY VOLUNTAD DEL GOBIERNO, PERO PARTICIPACIÓN PASIVA DEL EJÉRCITO

David Fernández Dávalos, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, aseguró que sí ha identificado una voluntad por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración –encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez–, aunque también reconoció que han existido obstáculos para el mejor desempeño de la Comisión.

Hasta ahora, el Mecanismo ha realizado labores de revisión de archivos y documentos, como parte de las encomiendas que tiene de la Comisión; además que ha trazado rutas para la recopilación de testimonios y entrevistas a afectados; y participó en la visita a las instalaciones del Campo Militar número 1 realizada a finales de septiembre de este año.

“Nosotros empezamos a trabajar en los archivos militares aproximadamente hace dos meses. Hemos encontrado una recepción cordial, pero pasiva de parte del Ejército. Es decir, nosotros hemos ido señalando los expedientes que queremos consultar, hemos tenido acceso a los depósitos del archivo de concentración y hemos podido igualmente constatar algunas necesidades de documentación que tenemos”, dijo al respecto Fernández Dávalos. “No sabemos decir si eso que está en el archivo, es completo o no, pero hemos podido acceder incluso a cajas que no están reportadas en instrumentos de consulta”.

Croquis del interior de un espacio con celdas, basado en testimonios de sobrevivientes. Foto: Libro: “Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México 1940-1980”.

De los Ríos coincidió en esta participación pasiva del Ejército que mencionó Fernández Dávalos, y cuestionó a dos instituciones gubernamentales por los obstáculos que pueden representar para el acceso de víctimas directas e indirectas a la justicia y a la verdad.

“Otra área de oportunidad –y eso me parece que no lo podemos dejar de relacionar con lo que ha estado sucediendo en el caso de Ayotzinapa– es que hay dos instituciones que no podemos ser los familiares nada más quienes estemos denunciando su falta de voluntad, y su trabajo en contra de los intereses de las familias, y es la Fiscalía General de la República y es lo que denominaba David como una participación pasiva del Ejército”, expuso.

En este aspecto, cuestionó la disposición que ha tenido el Ejército mexicano para ser investigado, y de la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer un acompañamiento ministerial de las averiguaciones de la Comisión e investigar a profundidad los hechos.

Como hija de una mujer que fue desaparecida de manera forzada por cuerpos policiales y militares, De los Ríos consideró necesario que los familiares de víctimas de desaparición, feminicidio, y cualquier tipo de violencia, conozcan los procesos de investigación y judicialización que se llevan a cabo en cada uno de los casos.

“Para cualquiera de nosotros es una pesadilla el proceso de investigación y los anhelos de judicialización,y eso es un cambio estructural que no depende de nosotros, depende del líder del país [el Presidente], depende también de las fuerzas que le acompañen, y en ese sentido me parece que habría insistirle al Presidente, a sus diputados y a sus senadores, que tienen dos instituciones que han sido opacas y que no colaboran en estos procesos de justicia transicional”.

Carlos Pérez Ricart, investigador del Colegio de México y también experto comisionado en el Mecanismo, coincidió en que el acceso a archivos de diversos tipos –desde agrarios y policiacos hasta magisteriales y militares– ha resultado en un buen trabajo y con un ambiente de respeto, si bien han enfrentado algunos obstáculos que se han resuelto en mesas de diálogo semanales con representantes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“[En las mesas] se presentan los problemas que tenemos las dificultades que hemos encontrado e intentan ser resueltas tan pronto como sea posible. Todos los días surgen temas: que no se da este archivo, que este fondo [de archivos] no lo encontramos, que aquí no pudimos tomar fotografías”, detalló. “Más allá de nombrar [los problemas] o de señalarlos, lo que quiero puntualizar es que hay un mecanismo institucional que nos permite abordarlos de manera periódica para intentar encontrar soluciones, y casi siempre hemos podido encontrar soluciones”.

Para Pérez Ricart, una de las principales encomiendas de la Comisión será el abrir archivos y expedientes al acceso público que en sexenios anteriores no estaban disponibles, pues el campo a cubrir de documentación es amplio. A pesar de ello, no descartó que en el tiempo de operación que le queda al organismo –que debe entregar resultados en septiembre de 2024– puedan encontrarse con obstáculos para obtener ciertos documentos.

“Cierto es también que las áreas que creo que van a ser más complicadas –ciertos fondos documentales que creo que van a ser más complicados– todavía no llegamos ahí. Estamos apenas intentando tener un diagnóstico general de lo que podemos encontrarnos en los archivos. Vamos a ver si con el paso del tiempo vamos a llegar, digamos, también a encontrar cosas mucho más riesgosas para el carácter del Ejército y y probablemente la negociación va a ser un poco más complicada”.

El Ejército mexicano ha sido señalado por cometer amplias violaciones a derechos humanos y desaparecer a líderes sociales y disidentes políticos entre los años de 1965 y 1990. Foto: Archivo, UNAM

NOTAN INEFICACIA Y RETOS PARA EJERCER PRESUPUESTO

Actualmente, el Mecanismo y los investigadores que forman parte del equipo de trabajo trazaron el plan de visitar cuatro archivos militares regionales, entre ellos el de Oaxaca, pero no han podido llevar a cabo la primera visita debido a cuestiones administrativas.

“Se atoró el tema de los viáticos [hacia Oaxaca]; cada desplazamiento supone que se mueven por lo menos nueve o 10 personas para intervenir los archivos con suficiencia durante 15 días, entonces hay restricciones de carácter reglamentario”, explicó el comisionado. “Hemos tenido que ir resolviendo, porque la índole de nuestro trabajo es distinto a cómo opera el Gobierno en general. Tiene que ver con un tema administrativo presupuestal”.

Una de las críticas que hizo Aleida García con respecto a la operación de la Comisión fue el hecho de que no contaba con un presupuesto propio, sino que el dinero es administrado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, que a su vez responde a la Secretaría de Gobernación.

“Fue posible atisbar que esa misma Secretaría Ejecutiva utilizaría su poder presupuestal y burocrático para garantizarse a sí misma la prerrogativa de evaluar cuáles propuestas de trabajo de los instrumentos encabezados por sociedad civil serían respaldadas y cuáles serían obstruidas utilizando todas las vías posibles”, mencionó en su carta.

En este sentido, Fernández Dávalos negó considerar que hubiera un control presupuestal por parte del Gobierno federal a este fin, pero reconoció que sí existe una ineficiencia y falta de mecanismos aptos para la administración del presupuesto que le ha impedido a la Comisión ejercerlo con libertad.

Mujeres con las fotografías de sus hijas e hijos desaparecidos asistieron a la conferencia de la La Comisión para el Acceso a la Verdad realizada tras la visita de reconocimiento al Campo Militar no. 1. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro.

“Tenemos que solicitar su ejercicio a través de la Dirección General. Todos los obstáculos para ejercer el presupuesto los hemos tratado abiertamente [con el Gobierno]. Sabemos que no existe una voluntad de entorpecer el trabajo del Mecanismo, pero la estructura del Gobierno federal no entiende la índole de nuestro trabajo y no existen los mecanismos para facilitar el ejercicio presupuestal por parte de un grupo de ciudadanos autónomos, como somos nosotros, y hay una multitud concretamente planteado de candados para evitar la corrupción, que dificultan el ejercicio presupuestal. Ha sido un caballito de batalla; lo hemos hablado con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, y estamos en vías de poner otro tipo de mecanismos para que sí podamos ejercer el presupuesto”.

UNA COMISIÓN CON ACCIONES HISTÓRICAS

La historiadora Alicia de los Ríos ha estado al frente de la búsqueda por la verdad sobre el paradero de su madre desde joven. Desde que Alicia de los Ríos Medina, madre, fue detenida en la Ciudad de México el 5 de enero de 1978, han pasado ya siete sexenios.

“[Las familias de desaparecidos] nunca habíamos tenido una interlocución con un nivel alto [de Gobierno], (…) pero eso no significa que no tengamos urgencias, que no tengamos nuestras observaciones sobre los trabajos”, compartió. “Ese mismo eco que hemos encontrado a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, no la encontramos evidentemente en la Fiscalía General de la República, entonces son unas por otras”.

Un ejemplo de ello es la apertura del Campo Militar número 1 para una visita de reconocimiento, en el cual participaron colectivos y familiares de víctimas, así como personas que vivieron de manera personal la represión de las administraciones de aquellos años. El hecho de permitir el paso a instalaciones militares en uso no sólo es inédito para México, sino incluso a nivel Latinoamérica.

“Son cuestiones que realmente nunca habíamos visto, que no habíamos experimentado. Hoy esperamos que no nada más se quede en eso, sino que tenga un resultado, que en este caso sería conocer qué sucedió en este periodo conocido como Guerra Sucio y contra-insurgencia, qué sucedió, dónde están nuestros familiares y quién ordenó su destino”.

“Está la voluntad de una iniciativa como la Comisión de la Verdad, pero para que hay una voluntad también debemos de ver con qué recursos cuentan y qué alcances tiene. No podemos nada más decir ‘hay una voluntad’, la voluntad se acompaña de recursos y de alcances, y tampoco podemos dejar de ser críticos”, apuntó De los Ríos.

La docente universitaria expresó su confianza en el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico y en aquellos funcionarios públicos que han demostrado un compromiso con la Comisión de la Verdad, no sin puntualizar que al momento que inicien los trabajos en campo en los diversos estados de la República seleccionados (entre ellos Oaxaca y Guerrero) quedará por verse la cooperación de niveles locales de Gobierno.

“Ojalá que tengan las voluntades y los recursos para que tengan alcances dignos [en la Comisión], y que ya puedan subsanar un poco del desprecio institucional que hemos venido viviendo por décadas”, concluyó.

Tamara Mares Rivera
Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.
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