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Rubén Martín

02/10/2022 - 12:04 am

Ayotzinapa: Disputa por la justicia

“Una muestra clara de defensa de los mandos castrenses contra los militares imputados como responsables del caso Ayotzinapa es que desde la Sedena se les asignó abogados de despachos importantes para la defensa legal de los imputados”.

Padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa la semana pasada, durante la presentación del III Informe del GIEI. Foto: Galo Cañas, Cuartoscuro

Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la sociedad entera, han esperado ocho años para que la justicia les llegue y conozcan el paradero de sus hijos y el castigo a los responsables de la desaparición y del supuesto asesinato de los estudiantes. Han esperado por ocho años que les digan la verdad y que les den justicia. Han penado en su largo caminar.

Esa verdad y justicia parecía que se acercó un poco en agosto, cuando el día 18 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentó el informe como titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). En esa presentación, por primera vez un alto funcionario del Gobierno federal admitió que el grave operativo represivo cometido contra los normalistas en la trágica Noche de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, fue un crimen de Estado en el que participaron servidores de los tres órdenes de gobierno, con la colaboración clara y abierta de soldados y mandos militares, en complicidad con grupos criminales.

Al día siguiente se anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la justicia federal la expedición de 83 órdenes de aprehensión, incluidos 20 militares y el exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. Todos imputados por delitos como desaparición forzada, delincuencia organizada y contra la administración de la justicia.

En ese momento, parecía que las exigencias de verdad y justicia para los padres y madres de Ayotzinapa veían una luz al final del túnel y que por fin podrían aspirar a cerrar su duelo abierto desde hace ocho años.

Pero en lugar de ello, en el contexto del octavo aniversario, ha ocurrido una embestida del aparato represivo del Estado que ha revuelto el caso y enrarecido el ambiente. El caso Ayotzinapa siempre ha sido un caso controvertido dado su carácter de ser un crimen de Estado. En los primeros cuatro años, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, los padres y madres de los normalistas lucharon contra un Gobierno que encubrió la verdad y pretendió venderlas el relato de la “verdad histórica”.

Durante los pasados cuatro años, Andrés Manuel López Obrador se acercó a los padres desde la campaña electoral y les ofreció verdad y justicia. Y desde este Gobierno de alternancia se abrieron dos instituciones que parecían abonar a esa causa. Una fue la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UELICA) y la Covaj, encabezada por Alejandro Encinas, un político formado en la izquierda.

De manera sintética se puede señalar que en torno a la justicia para el caso Ayotzinapa se constituyeron dos bloques: un bloque por la justicia integrado por padres, madres y normalistas, más organizaciones que los acompañan; la UELICA; la Covaj empujada por Alejandro Encinas; el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y medios y periodistas aliados que cuestionaron desde un inicio el relato de la “verdad histórica”.

El otro es un bloque que se resiste a la justicia integrado por: las fuerzas militares; elementos del aparato represivo del estado integrado por civiles y militares; el Fiscal General Alejandro Gertz Manero; policías y funcionarios de Guerrero involucrados en la noche de Iguala y coludidos con el hampa; grupos criminales que participaron en los hechos de septiembre de 2014 y medios y periodistas que avalaron la versión peñista de la “verdad histórica”.

Lamentablemente tras las presentación del informe de la Covaj, hay indicios de una actuación coordinada de los integrantes de este último bloque a partir de la filtración del informe no testado en Reforma, del cuestionamiento a la investigación expuesto en el informe de Encinas, en el retiro de órdenes de aprehensión y al obligar al titular de la UELICA, Omar Gómez Trejo a renunciar a su cargo debido a que fue relevado del seguimiento a las carpetas de investigación por personal de otras dependencias de la FGR, cercanos a Gertz Manero.

La estrategia discursiva de este bloque, especialmente de los mandos militares, es que el informe de la Covaj se sustenta en la versión de un testigo protegido llamado “Juan” y en que en general, el informe es un versión construida por Alejandro Encinas. A partir de entonces se pudo ver en redes sociales ataques coordinados en contra del subsecretario de Gobernación, presidente de la Covaj. Una muestra clara de defensa de los mandos castrenses contra los militares imputados como responsables del caso Ayotzinapa es que desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se les asignó abogados de despachos importantes para la defensa legal de los imputados.

El propio Alejandro Encinas refutó la acusaciones en una columna invitada publicada en El Universal. Dijo que estas acusaciones eran “coletazos” del viejo régimen. “(…) la avalancha de los testaferros de la mal llamada verdad histórica se ha confabulado pretendiendo descalificar y mal informar sobre el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Reacción que da cuenta de los vestigios del Estado del viejo régimen. El mismo que cometió este crimen”.

Refutó que las acusaciones esenciales del informe se basen en el testimonio de un solo testigo. “Esto es absolutamente falso: si leyesen el informe podrían constatar las diversas fuentes de información que lo sustentan. Sabrían que es fruto de información de al menos 115 testigos y colaboradores directos, el análisis de miles de documentos y de más de 80 millones de llamadas telefónicas, que incluyen la identificación de los cruces de llamadas entre el grupo delictivo y funcionarios públicos”. Y negó que esté confrontado a las fuerzas armadas como institución. “La búsqueda de la verdad no atenta contra las instituciones, por el contrario, las instituciones se fortalecen cuando logran identificarse y expurgarse los intereses ajenos a la ley y el respeto de la sociedad”, y cerró señalando que los trabajos de la Covaj continuarán en la búsqueda de la verdad.

Lo cierto es que además de los indicios y evidencias de que los militares participaron directamente en operativo represivo-criminal contra los normalistas de Ayotzinapa se confirma incluso con investigaciones de la DEA.

Por todo ello, a pesar de los avances recientes, la dura respuesta del aparato represivo, la cerrazón de los mandos militares y sus aliados en la FGR y el gobierno de la Cuarta Transformación, parecen alejar la verdad y la justicia para las víctimas del caso Ayotzinapa.

Esta desesperanza ahora es compartida por los padres y madres de las víctimas de la Noche de Iguala, como lo expresó el señor Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete en el mitin del octavo aniversario de la tragedia.

“Si había un pequeño avance con este gobierno, un mínimo avance, pero cuando se llegó al punto de tocar al ejército ahí todo se vino para abajo, todos se echaron la bola (…). ¿Qué está haciendo el Presidente cuando ve que el Fiscal General de la República se desiste de las órdenes de detención? Le echan la culpa a los jueces, le echan la culpa al fiscal pero entre ellos no hacen nada”.  Ojalá haya acompañamiento desde de la sociedad hacia los padres y madres de Ayotzinapa y así se logre la verdad y la justicia en este caso.

Rubén Martín
Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]
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