La Auditoría Superior de la Federación realizó una evaluación del desempeño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, uno de los principales programas del Presidente Enrique Peña Nieto, implementado desde 2013 y cuyo objetivo era erradicar el hambre en el país. La revisión comprende la dirección de Luis Miranda Nava, José Antonio Meade Kuribreña y Rosario Robles Berlanga en la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia encargada de implementar el programa.

La revisión a la Cuenta Pública 2017 realizado por el órgano fiscalizador detectó que en el periodo 2013-2017, el presupuesto ejercido por la Cruzada Nacional Contra el Hambre presentó una disminución del 14.8 por ciento, lo que derivó en que los recursos para la atención de personas en condición de pobreza extrema alimentaria disminuyera, aun cuando el número de personas en esa condición se incrementó en 7 por ciento.

En cuanto a la atención de la población objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la ASF halló que en 2017 sólo se atendió de manera integral las carencias y el ingreso de 8 mil 696 personas (0.01 por ciento) de los 7 millones 466 mil 800 registrados en esa condición.

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– “No hay nada más angustiante para un padre o una madre de familia que carecer de lo indispensable para dar de comer a sus hijos. No hay nada peor para el desarrollo de una nación que no alimentar adecuadamente a sus menores durante los primeros años de su vida”, esas fueron las palabras del Presidente Enrique Peña Nieto el 21 de enero de 2013 al anunciar la Cruzada Nacional Contra el Hambre, cuyo objetivo era erradicar el hambre en el país.

Sin embargo, a cinco años de su implementación, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la Cruzada Nacional contra el Hambre no logró cumplir con su objetivo social, ya que no articuló los esfuerzos de los tres ámbitos de gobierno y de los sectores público y privado, ni la inclusión social. Además, no propició la superación del problema de la prevalencia de población en condición de pobreza extrema alimentaria, por lo que el órgano fiscalizador sugirió a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encargada de instrumentar el programa, “que corrija, modifique o suspenda, total o parcialmente dicha estrategia”.

La revisión a la Cuenta Pública 2017 realizado por la ASF también detectó que en el periodo 2013-2017, el presupuesto ejercido por la Cruzada Nacional Contra el Hambre presentó una disminución del 14.8 por ciento, al pasar de 55 mil 94 millones 961 mil 6 pesos a 46 mil 964 millones 156 mil 5 pesos, lo que derivó en que la concurrencia de recursos para la atención de personas en condición de pobreza extrema alimentaria disminuyera, aun cuando el número de personas en esa condición se incrementó en 7 por ciento al pasar de 6 millones 974 mil personas en 2014 a 7 millones 466 mil en 2017.

En la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, la Sedesol no reportó información relacionada con el presupuesto asignado y ejercido en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por lo que no fue posible evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en el “Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018” y en el “Decreto por el que se establece el Sistema Nacional México sin Hambre”, a pesar de su importancia como la principal estrategia orientada a la atención de la pobreza extrema alimentaria.

La Auditoría señaló que “persistieron deficiencias referentes a la falta de programación del gasto en la Cruzada Nacional Contra el Hambre; inconsistencias en las estimaciones del presupuesto ejercido por la estrategia y la carencia de criterios para determinar el monto de los recursos ejercidos”.

La revisión de la ASF hizo una evaluación del programa más importante de la Sedesol desde el año 2013 a 2017, lo cual comprende la dirección de Luis Miranda Nava, José Antonio Meade Kuribreña y Rosario Robles Berlanga.

La Sedesol, dirigida desde el 10 de enero por Eviel Pérez Magaña, se convirtió en la Secretaría con más cambios de titular, con cuatro en total.

LAS FALLAS PARA ABATIR LA POBREZA

En total, la ASF determinó 14 observaciones detectadas en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, de la cual, una fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, entregado el martes pasado a la Cámara de Diputados. Las 13 restantes generaron 22 Recomendaciones al Desempeño.

Además, se generó una Sugerencia a la Cámara de Diputados: elaborar una iniciativa de ley general de alimentación para garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, con el propósito de definir la población objetivo.

La revisión de la ASF a la Cruzada halló que su implementación inició con 70 programas presupuestarios y en 2017 concluyó con 30, esta simplificación derivó en que seis programas presupuestarios que participaron en la Cruzada en 2017 equivalieran a 14 de 2013.

El diseño institucional de la Cruzada privilegiaba la coordinación interinstitucional en el Gobierno federal y con estados y municipios, sin embargo, la Auditoría Superior verificó que ninguna dependencia o entidad estableció los recursos asignados, ni reportó los ejercidos en la implementación de la Cruzada, mediante los programas presupuestarios a su cargo, participantes en la estrategia.

En cuanto a la coordinación de los programas presupuestarios enfocados en la mejora del ingreso y la atención de las carencias sociales, el órgano fiscalizador detectó que el diseño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre limitó la atención focalizada de las personas identificadas en condición de pobreza extrema alimentaria, toda vez que los programas presupuestarios participantes no han establecido a la Población Económicamente Activa como su población objetivo, por lo cual su operación puede incidir o no en dicha población.

Por esta razón, la ASF concluyó que la operación de los programas en el marco de la Cruzada ha sido “inercial y tangencial”.

Respecto a la atención de la población objetivo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la ASF halló que en 2017 sólo se atendió de manera integral las carencias y el ingreso de 8 mil 696 personas (0.001 por ciento) de los 7 millones 466 mil 800 registrados en esa condición.

De las 5 millones 383.7 personas que presentaron tres o cuatro carencias, sólo 8.7 mil (0.1%) recibieron una atención de la totalidad de sus carencias.

“ERRADICAR” POR “ATENDER” LA POBREZA

El 3 de diciembre de 2012, la Presidencia de la República emitió el “Pacto por México”, en el cual se dispuso que “Se creará un Sistema de Programas de Combate a la Pobreza para eliminar el sesgo asistencial de los programas sociales y lograr garantizar el derecho universal a la alimentación”. Derivado de ello y en el marco de los compromisos emitidos en la campaña presidencial, el Gobierno de Enrique Peña Nieto estableció el Compromiso Gubernamental 011: “Erradicar la pobreza alimentaria”.

Para cumplir con dicho compromiso, el 22 de enero de 2013, el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, pero el 7 de mayo del 2015, la Comisión Intersecretarial para la Implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, mediante la Secretaría de Desarrollo Social, sustituyó el compromiso de “Erradicar la pobreza alimentaria”, por el de “Atender a la población que se encuentre en pobreza extrema alimentaria”.

Al respecto, la ASF señaló que la Sedesol no acreditó que el cambio de “erradicar” por el de “atender” tuviera un sustento técnico y metodológico que lo justificara. Además, consideró que el término “erradicar” hace referencia al impacto de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en disminuir el problema en el que pretendió incidir, referente a la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria.

En tanto, el concepto “atender” alude a la gestión realizada para alcanzar un efecto, de ahí que, por sí mismo, no es coincidente con el origen de la intervención gubernamental, refirió el órgano fiscalizador.

MÁS DEFICIENCIAS EN SEDESOL

En la auditoría al Programa de Fomento a la Economía Social, implementado por la Sedesol y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). En teoría, el objetivo del programa se enfoca en “contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, mediante la inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Economía”.

En 2017, se otorgaron 6 mil 918 apoyos para el desarrollo de proyectos productivos, 4.7 por ciento más que los 6 mil 606 previstos, porque le se le dio a la Sedesol mayor presupuesto en específico para ese programa. Sin embargo, la ASF encontró que esta política no tiene detectados los grupos de población en los que buscaba intervenir y no señaló de qué forma las personas beneficiadas con los apoyos recibidos tendrían acceso o participarían en el proceso productivo del país.

El programa careció de especificaciones para la evaluación de las solicitudes de los aspirantes a ser beneficiarios, no se sabe cómo se realiza la autorización de los apoyos, cómo se comprueban los apoyos otorgados, de qué forma se valora la contribución del programa en la igualdad entre mujeres y hombres, y tampoco se precisa qué es lo que se evaluará en cada uno de estos objetivos.

La ASF también encontró que las inconsistencias del programa parten desde que no están definidos con claridad las características de la población a la que va dirigido el apoyo; no hay criterios de territorialidad, ni grado de marginación.

En consecuencia, tampoco hubo modo de medir los resultados porque no hay indicadores y metas para dar cuenta de los resultados sobre el seguimiento a la aplicación de los apoyos económicos otorgados.

La Sedesol argumentó a la ASF que no hubo mecanismos de medición de resultados porque no dispuso de los recursos presupuestales para realizar el estudio sobre la permanencia en operación de los grupos sociales apoyados por el programa.