Durante su comparecencia en la Cámara Alta, los legisladores cuestionaron al aspirante a Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Tlatlaya, Atenco, el fuero militar, los feminicidios en el Estado de México, el sistema penal acusatorio y las medidas para garantizar la autonomía de este órgano constitucional, además del conflicto entre la periodista Carmen Aristegui y la empresa MVS.
Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).– Senadores cuestionaron hoy la imparcialidad con la que podría conducirse Alejandro Jaime Gómez Sánchez como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su cercanía con el Gobierno federal.
La Senadora independiente Martha Angélica Tagle Martínez manifestó su preocupación por “los fuertes vínculos” del aspirante con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes.
“¿Se considera usted realmente libre de un conflicto de interés para ejercer la función de ministro de la Corte con estos antecedentes?, cuestionó la Senadora al actual Procurador de Justicia del Estado de México (PGJEM).
“Sí, me consideró libre de conflicto de interés”, respondió Gómez Sánchez y recordó que en su carrera ha trabajado además con administraciones panistas.
“Nunca he recibido, afortunadamente, ninguna instrucción de algún superior jerárquico, ni del Gobernador ni del Presidente de la República, para actuar contrario al derecho”, agregó Gómez Sánchez.
Por su parte, el legislador perredista Luis Humberto Fernández Fuentes criticó que el curriculum del candidato “muestra un abogado eficiente y talentoso, pero siempre al servicio del Poder”
Durante su comparecencia en la Cámara Alta, los legisladores cuestionaron al aspirante a integrante de la Corte sobre el caso Tlatlaya y Atenco, el fuero militar, los feminicidios en el Estado de México, el sistema penal acusatorio y las medidas para garantizar la autonomía de este órgano constitucional, además del conflicto entre la periodista Carmen Aristegui y la empresa MVS.
Respecto al caso Tlatlaya, Gómez Sánchez afirmó que la “actuación que tuvieron los elementos militares en todo caso es materia de la investigación federal por tratarse de servidores públicos del orden federal, en ejercicio de facultades federales”, y que la PGJEM actuó en auxilio del Ministerio Público de la Federación.
Recordó, además, que por este caso se ejerció acción penal en contra de siete elementos de la Policía Ministerial por el delito de tortura y en contra de un agente del Ministerio Público por abuso de autoridad.
Sobre los casos de feminicidios en la entidad aseguró que hasta el momento se tienen reportados 235, de los cuales, aseveró, más del 62 por ciento ya han sido judicializados.
“El Estado de México es la entidad que tiene las sentencia de mayor vitalidad” por este tipo de delito, dijo.
La Senadora Angélica de la Peña le pidió su opinión sobre el conflicto de Carmen Aristegui y MVS y su posición en caso de que el caso fuera retomado llevado a la Corte
“Sí veo con claridad que MVS es una empresa que puede resultar como autoridad responsable en términos de la nueva Ley de Amparo, porque el servicio de telecomunicaciones y el servicio de radiocomunicación son servicios públicos de interés general”, dijo Gómez, aunque no abundó en el tema porque, aseguró, desconoce los detalles del pleito.
Del caso Atenco, dijo que como subprocurador de justicia le tocó a mi reactivar la investigación y logró el ejercicio de acción penal en contra de 55 agentes de laAgencia de Seguridad Estatal, de médicos legistas que encubrieron la tortura en contra de los manifestantes y agentes del Ministerio Público, procesos que actualmente se llevan a cabo, acotó.
