Según las investigaciones, los ataques dejaron “la pérdida de la vida de una víctima por disparo de arma de fuego, lesiones a otros más, el corte de energía eléctrica en ese municipio, la irrupción de elementos de la Policía Federal en el domicilio de una de las víctimas, y en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, donde fueron detenidas arbitrariamente diversas personas, entre ellos una persona menor de edad, y uno de los detenidos fue objeto de actos de tortura”.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión, policías estatales, federales, granaderos y militares, en diferentes momentos y lugares lesionaron y detuvieron ilegalmente a un grupo de personas, hechos que derivaron en la muerte de una de las víctimas.
Por ello, particulares y Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG) presentaron, entre el 6 y 8 de junio de 2015, diversas quejas, por correo electrónico y vía telefónica, para denunciar los hechos.
Según las denuncias, los ataques dejaron “la pérdida de la vida de una víctima por disparo de arma de fuego, lesiones a otros más, el corte de energía eléctrica en ese municipio, la irrupción de elementos de la Policía Federal en el domicilio de una de las víctimas, y en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, donde fueron detenidas arbitrariamente diversas personas, entre ellos una persona menor de edad, y uno de los detenidos fue objeto de actos de tortura”.
Ante los acontecimientos, pobladores de Tlapa retuvieron a 35 Policías Federales dentro de la Capilla de la Colonia Tepeyac, con el objetivo de llegar a un acuerdo para que liberaran a sus compañeros.
Los habitantes de esta entidad denunciaron que la Policía Federal incumplió con los acuerdos: el operativo ingresó a la colonia, desalojó a los pobladores, y liberó, con ayuda de gas lacrimógeno y armas de fuego, a los uniformados.
De este operativo, 17 personas resultaron lesionadas, una de las cuales lamentablemente perdió la vida.
“La CNDH acreditó que con su actuación, esos servidores públicos transgredieron los derechos humanos ya mencionados, por lo que, en su Recomendación pide al titular de la SEDENA colaborar con la integración de la denuncia de hechos que este Organismo Nacional formule ante la PGR, y con la queja que interponga en la Visitaduría General de esa Procuraduría y en el Órgano Interno en la Secretaría de la Defensa Nacional, en contra del personal de la Policía Federal y elementos militares por la retención de las víctimas”.
Asimismo, piden que se “fortalezca la cultura de respeto de los derechos humanos mediante la impartición, en un plazo de tres meses, de cursos de capacitación en materia de derechos humanos, enfocados a erradicar la retención ilegal de personas en las instalaciones de esa dependencia”.
Además, la Averiguación Previa 5 deberá continuar, con la debida integración y perfeccionamiento, e iniciar la carpeta de investigación por la denuncia de una de las víctimas que refirió haber sido objeto de tortura.
En el caso de la pérdida de dinero y pertenencias de cuatro de las víctimas, se recomendó diseñar e impartir en el término de tres meses un curso integral dirigido al personal ministerial adscrito a la Delegación en Guerrero relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos.
“Al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se le pide, entre otras cosas que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brinde la reparación integral a los 14 agraviados y a los familiares de la víctima que lamentablemente falleció”.
En relación con las lesiones que presentaron elementos de la Policía Federal, la CNDH señaló que se deben ser investigadas por la autoridad competente para deslindar la responsabilidad correspondiente.
El Gobernador de Guerrero deberá “brindar la reparación integral del daño a una de las víctimas lesionadas, colaborar en la queja que se inicie ante la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, a fin de que inicie procedimiento administrativo contra 10 servidores públicos estatales involucrados”.
“A la Fiscalía General del Estado se le pide colaborar con la queja que se inicie ante su Contraloría Interna, a fin de que inicie el procedimiento administrativo en contra de personal ministerial involucrado en los hechos. Diseñar e impartir en el término de tres meses a partir de la aceptación de la Recomendación un curso integral dirigido al personal policial, relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos”.
