Convertida en un verdadero cártel debido a la corrupción que la carcomió, la Policía Federal (FP) finalmente fue disuelta tras varios años de operación en los que fueron detenidos varios capos de la droga pero sus altos mandos también terminaron protegiendo al crimen organizado y a sus capos.

Con la PF termina una larga etapa de corrupción y descomposición al más alto nivel que alcanzó a importantes funcionarios federales. Esta corporación fue tan corrupta y siniestra como en su tiempo lo fue la temible Dirección Federal de Seguridad, de donde salieron varios capos de la droga, entre otros, Rafael Aguilar Guajardo y Amado Carrillo Fuentes, ambos encabezaron el poderoso Cártel de Juárez.

Se asegura que Aguilar Guajardo era una pieza importante de Fernando Gutiérrez Barrios en el narcotráfico. Esto lo afirma José Alfredo Andrade Bojorges en su libro Desde Navolato Vengo, una semblanza sobre Amado Carrillo Fuentes y el Cártel de Juárez. Gutiérrez Barrios, de infausta memoria, fue primer director de la Dirección Federal de Seguridad, en los años cincuenta, cuando el entonces Presidente Miguel Alemán Valdés la creó para que estuviera al servicio del poder político, en particular, del Presidente.

Pero la Dirección Federal de Seguridad era una organización criminal –o al menos en eso terminó –que manejaba el narcotráfico y los intereses del Presidente de la República en turno con el crimen organizado: esa corporación, también dirigida por Miguel Nassar Haro –otro personaje de la negra historia de torturas y desapariciones –se encargaba de operar el tráfico de drogas, asesinar a rivales y asignaba las plazas que los capos de la época podían explotar. Eran los tiempos en que la policía imponía las reglas del juego. El narco se manejaba en la Presidencia de la República.

Tras la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, en el Gobierno de Miguel de la Madrid, ya no se creó otro proyecto tan ambicioso sino que vino una etapa de ensayos policiacos: tiempo después surgió la Agencia Federal de Investigaciones, un proyecto de Genero García Luna, ahora enjuiciado por brindar protección a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, entonces jefe del Cártel de Sinaloa. Luego surgió la Policía Federal Preventiva, producto de una fusión de varias corporaciones contaminadas por el crimen, que también desapareció porque terminó corrompida.

En el Gobierno de Ernesto Zedillo –periodo en el que el Cártel de Juárez vivió su etapa de mayor esplendor debido a la protección oficial que recibía – se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública: por primera vez se urgía la integración de las llamadas bases de datos digitalizadas con los nombres y antecedentes de los criminales que operaban en el país, el intercambio de información a nivel continental se impuso como necesario, no obstante las desconfianzas que imperaban entre las autoridades de los países de la región.

En ese entonces se dijo que las auditorías y revisiones a las policías se harían periódicamente, a fin de no relajar los controles, pero todo aquello resultó un verdadero fiasco. Jesús Murillo Karam, entonces Subsecretario de Seguridad Pública, hablaba de depurar a los cuerpos de seguridad, pero todas las estructuras policiacas terminaron al servicio del crimen porque sus jefes inmediatos y superiores protegían los intereses de la mafia: ante todo les importaba mantener intacto el negocio del tráfico de drogas. Por eso todos los proyectos fracasaron.

Actualmente el escenario del país es muy grave, sobre todo a nivel de los municipios: el 80 por ciento de los cuerpos de seguridad son pequeños cárteles: el comandante, por ejemplo, forma parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación o de otro grupo criminal; los alcaldes han cedido el control de las policías, por así convenir a sus intereses, y reciben beneficios económicos cuantiosos por cerrar los ojos ante la ola de criminalidad. Son parte del negocio mafioso.

De esto se desprende que el 80 por ciento de los alcaldes están considerados, desde el 2010, como piezas activas del crimen organizado, pues muchos de ellos llegaron al poder financiados por algún cártel. Esto lo sabe el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no acepta públicamente este flagelo como un problema que le perturba la gobernabilidad y trastoca la convivencia social en más de la mitad del territorio. En estricto sentido, el Estado no puede garantizar ni la vida ni el patrimonio de la gente.

Esto es tan grave como lo es el hecho de que el Presidente no gobierna en la totalidad del territorio, ya que en cientos de municipios el control político y económico lo tienen las redes criminales: existen amplias redes que son amos y señores de la vida pública de municipios completos, donde la única ley es la del crimen.

La atrofia del Estado explica el alto nivel de violencia vivido en 2019, año que se cerró con casi 40 mil crímenes, y el 2020 inició con una oleada de violencia terrible en varios estados, Tamaulipas, es uno de los más críticos, pues siguen los enfrentamientos entre los cárteles del Golfo y del Noreste (antes Zetas), cuyo impacto alcanza los estados de Nuevo León y Coahuila, sus bastiones.

Desde los tiempos de la Dirección Federal de Seguridad a la fecha, nada ha cambiado. Y si nada ha cambiado, quiere decir que nada se ha hecho. Y si han habido cambios, éstos han sido para seguir igual: con un Estado fallido que sólo conviene a los criminales y a los políticos que se benefician del negocio criminal.

Llama la atención lo que afirma Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública ciudadana, en el sentido de que no permitirá que prolifere “el crimen uniformado”, en referencia a la corrupción de la policía. Nadie puede garantizar que no haya corrupción en una policía tan numerosa, ´por ello, es importante que se mantengan los controles y se castigue ejemplarmente a quien incurra en un ilícito.

Los recursos de la PF –humanos y financieros –pasarán a formar parte de la Guardia Nacional, y aquí cabe preguntarse si todo el personal de esa corporación –considerada un cártel por sus elevados niveles de desaseo –le servirán a la nueva estructura creada por la Cuarta Transformación para garantizar la seguridad en el país.

Uno de los puntos más criticados del nuevo modelo policiaco del régimen es que debido a la celeridad con que fue creada la Guardia Nacional –producto de una fusión de varias policías –no hubo tiempo de llevar a cabo un proyecto de depuración profunda que garantizara que el cáncer que padece la PF contaminara el nuevo proyecto.

Hasta ahora no se ha conocido ningún caso de corrupción en la Guardia Nacional, pero su ángulo más débil es que no ha podido garantizar la seguridad en el país, pues como es evidente el territorio sigue incendiado por la violencia del crimen.

De nada sirve un proyecto de esa envergadura si el punto central –la seguridad del país –no se combate está garantizada. El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió un año más para consolidar lo que falta de su proyecto. Hasta ahora no hay resultados en la economía, tampoco han arrancado los proyectos que forman parte de la columna vertebral del desarrollo prometido, la seguridad sigue igual que con el régimen neoliberal, entre la corrupción y las matanzas.

El proyecto de la Cuarta Transformación corre muchos riesgos. El país podrá marchar en otros rubros, pero si no se resuelve el flagelo de la violencia la aprobación del Presidente podría empezar a bajar estrepitosamente.

Eso lo sabe muy bien López Obrador, de ahí que el eje central de su política sean los programas sociales, pues si no mantiene aceitada la maquinaria electoral no será posible ganar las elecciones intermedias en el 2021, básicas para mantener la aplanadora en el Congreso, de donde dependen las reformas.

Aún con todo el poder en sus manos, el Gobierno le ha quedado a deber a la sociedad. Llegará un momento en que el tiempo de las promesas se termine –los plazos tienen un límite –, se impongan como necesarios los resultados y se  desechen las explicaciones, hasta ahora reiteradas, respecto de los temas centrales del país.

No más venta de futuro.

Urgen los resultados.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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