Hilda Legideno, madre de uno de los 43 normalistas,sostiene una pancarta con la foto de su hijo antes de la reunión del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas. Foto: EFE.

Hilda Legideno, madre de uno de los 43 normalistas, sostiene una pancarta con la foto de su hijo antes de la reunión del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas. Foto: EFE.

Por Isabel Saco

Ginebra, 3 feb (EFE).- México concluyó hoy una presentación de dos días ante el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, con la promesa de que para junio, a más tardar, contará con una ley general sobre esta grave problemática y que trabajará para corregir una serie de deficiencias puestas en evidencia.

“La Ley General de Desaparición Forzada es un reto inmediato. El Congreso inició sesiones ayer y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio”, dijo el jefe de la delegación oficial de México, Juan Manuel Gómez Robledo, al término del escrutinio.

A lo largo de siete horas de diálogo, repartidas entre ayer y hoy, las preguntas sobre el número global de desaparecidos en el país no contaron con una respuesta satisfactoria para los miembros del Comité, en particular para los relatores Luciano Hazan y Rainer Huhle.

Ambos fueron asignados para profundizar en la información presentada por México.

Gómez Robledo, subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, reconoció ante la prensa que, “en el estado actual de nuestros registros, no podemos decir que hay un registro exclusivo de desapariciones forzadas”.

Precisó que los registros existentes “mezclan personas no localizadas y eventualmente desaparecidos forzosos”.

“Es algo que hay que corregir sin duda alguna”, declaró en relación a un fenómeno que, según organizaciones de defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), ha afectado a más de 22.000 personas entre diciembre de 2006 y el pasado octubre.

La organización basa esa cifra en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas.

Para responder a esta evaluación, el Gobierno mexicano envió a Ginebra una delegación compuesta por 27 personas de distintas dependencias públicas, incluido el gobernador de Coahuila, Rúben Moreira Váldez.

Aunque los expertos del Comité evitaron en todo momento politizar el diálogo, el drama de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, el pasado 26 de septiembre, estuvo en todo momento presente, a través de representantes de sus familias en la sala.

Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de esos jóvenes desaparecidos en Iguala, mostraron gran escepticismo al término de la sesión sobre la posibilidad de que el escrutinio al que se sometió México contribuya a resolver el caso de sus hijos.

Más optimistas fueron otras dos madres de desaparecidos en hechos anteriores, que opinaron que la evaluación de su país en el Comité puede constituir una presión adicional para que se aceleren las investigaciones de sus casos.

“Para nosotros (los familiares), el hecho de que haya unos ojos extras mirando lo que pasa en México es un alivio”, dijo a Efe Guadalupe Fernández Martínez, madre del ingeniero José Robledo Fernández, desaparecido en 2009, y representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.

Esa asociación representa 320 casos documentados de desaparecidos únicamente en ese estado.

En reacción a la promesa de que en los próximos meses habrá una Ley General de Desapariciones Forzadas, Fernández comentó que esa norma “es muy necesaria” para quienes buscan a personas desaparecidas “porque la mayoría de casos están como secuestro o privación ilegal de la libertad, pero no como desaparición forzada”.

Por su parte, María Olaya Dozal, cuya hija Alejandra desapareció en 2009 a la edad de 16 años, confesó que la presencia del Estado de México ante el Comité “me da esperanza de que el Gobierno sienta un mayor compromiso con los desaparecidos y sus familias”.

Los familiares que llegaron a Ginebra para participar en estas deliberaciones esperaban ver si el Gobierno se comprometía a reconocer la competencia del Comité para aceptar denuncias individuales -presentadas directamente por los ciudadanos- por desapariciones forzadas.

Esto no ocurrió, pero el subsecretario Gómez Robledo aseguró que es una posibilidad que se considera y que “no hemos dicho no”.

Según dijo, un paso así no involucra “a dos o tres secretarías de Estado”, sino que “es una decisión en la que intervienen numerosas instituciones”.

EXCLUYEN ARRAIGO

La figura del arraigo, utilizada en México como medida cautelar para permitir la prisión preventiva prolongada, no desaparecerá con la entrada en vigor en 2016 del nuevo sistema de justicia penal, dijo hoy en Naciones Unidas un alto representante de la Secretaría (ministerio)de Relaciones Exteriores de este país.

“El arraigo no desaparecerá con el nuevo sistema de justicia penal”, declaró el subsecretario general para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de esa Secretaría, Juan Manuel Gómez Robledo, en el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.

México concluyó hoy una presentación de dos días ante ese Comité, donde se cuestionó la utilización del arraigo, por considerar que crea una situación en la que existe el riesgo de desaparición forzada.

Al respecto, Gómez Robledo admitió que se trata de una figura legal controvertida: “es un debate de hace años y que nos ha servido para tomar conciencia de los abusos a los que puede dar lugar”.

El arraigo está reservado para casos de crimen organizado y su duración es de cuarenta días, renovables por un periodo similar.

Sin embargo, el subsecretario recordó que ya se han introducido cambios en su aplicación, como la decisión de la Corte Suprema, que retiró a las autoridades locales la potestad de emitir tal orden.

Gómez Robledo indicó que ahora sólo procede cuando es decretado por la autoridad federal y que su duración es menor, como también lo es el número de personas a las que se le aplica.

Como prueba de ello, mencionó que si ante existían varios centros de arraigo, ahora hay uno sólo de carácter nacional.

Gómez Robledo agregó que el año pasado 259 personas se les aplicó la medida de arraigo, frente a 2.402 en 2011.

“El debate de si se elimina esta figura no está agotado”, recalcó.

Otro miembro de la delegación oficial, Guillermo Fonseca, funcionario de la Procuraduría General de la República, explicó que el propósito del arraigo es garantizar la presencia del presunto responsable del delito, la integridad de la investigación y la protección de las víctimas.

De esa manera se evita el riesgo de evasión mientras se formaliza el proceso, agregó. EFE