En enero de 2020 en México no había pandemia. Los casos de contagio del SARS-CoV-2 empezaban a salir de China pero muchos gobiernos –incluido el mexicano- minimizaban la COVID-19 hasta que fue tarde. Lo que sí había entonces y permanece tan enraizado como siempre, es el narcotráfico y el crimen organizado.

Algunos suponían, erráticamente, que durante la cuarentena decretada en marzo de 2020, también los criminales disminuirían sus ilícitas actividades. No fue así. El fatídico año cerró con 34 mil 523 homicidios dolosos, apenas 125 menos que las 34 mil 648 muertes violentas registradas el año 2019.

La realidad es que los cárteles de la droga no han detenido su actividad criminal. La droga continúa produciendo en México o importándose de otros países, lo mismo que precursores químicos, para ser vendida en este país y trasegada a otros, particularmente a los Estados Unidos.

En total impunidad, los cárteles están nuevamente en guerras por la conquista criminal de territorios. El crecimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, registrado mayormente en el sexenio pasado, está siendo acotado, no precisamente por las políticas públicas del Gobierno Federal o la Fiscalía General de la República, sino por sus enemigos naturales, los integrantes del Cártel de Sinaloa.

Efectivamente, envalentonados después de la extradición y el juicio que sumió en una cadena perpetua a su padre en los Estados Unidos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, una importante ala criminal del Cártel de Sinaloa, pelean por ejemplo, Baja California completa al Cártel de Sinaloa, lo que ha llevado al Estado y particularmente a Tijuana, a las principales posiciones de los listados de zonas violentas de México.

En una reorganización criminal de los cárteles mexicanos, la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), estableció que son nueve las organizaciones criminales que imperan en México: el cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, los Arellano, el cártel de Juárez, el de los Beltrán, la Familia Michoacana, y los Caballeros Templarios. Pero ubicados ya en el mapa geográfico del país, son los tres primeros los que controlan mayormente el territorio para la producción, distribución y venta de drogas, en general de todas, haciendo énfasis que el Cártel de Sinaloa se ha especializado en la fatal fentanilo.

No hay por parte de las autoridades mexicanas, sea la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Fiscalía General de la República, un mapa de la criminalidad en México. No existen objetivos prioritarios como tampoco análisis sobre el accionar de los cárteles. Al menos no existen públicamente. La última ocasión que oficialmente se proveyó información al respecto, la concedió Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública. Indicó que en el país había detectado 19 bandas delincuenciales, y llegó a esa conclusión después de investigar y estudiar los sistemas para el lavado de dinero que utilizan los criminales, lo cual le llevó a asegurar cuentas bancarias y negocios de criminales como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros.

La Guardia Nacional, de acuerdo a lo dicho por uno de sus generales en una entrevista concedida a ZETA en el 2019, no cuenta con un área de inteligencia para el análisis de la información que, a partir de la coordinación con otras corporaciones civiles estatales y municipales, pueden llegar a obtener para elaborar el mapa de la criminalidad en México. Lo suyo, declaró entonces, era ser una policía de proximidad, para apoyar a la sociedad a vivir segura. No perseguir narcotraficantes. Esas labores han recaído en dos instancias, la Marina, y el Ejército. No más.

Ante la impunidad de saberse no perseguidos, las cabezas de los cárteles han entrado en la guerra por la expansión de sus territorios criminales, lo cual se refleja en el número de asesinatos violentos que ocurren en el País. Los narcotraficantes matan a sus adversarios, a quienes les traicionan, o a quienes no ceden ante la extorsión, la amenaza, el secuestro. Matan sin recibir castigo. Cuando la Fiscalía era Procuraduría General de la República, se contaba por arriba del 90 por ciento la impunidad en la investigación de homicidios dolosos relacionados con el narcotráfico. Lo mismo sucede en los Estados de la República.

El principal parámetro para medir la inseguridad, es el número de homicidios dolosos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, lleva un conteo diario de los asesinatos en el país.

Enero de 2021, empezó violento. En los 31 días del primer mes del año se registraron, oficialmente, 2 mil 397 homicidios dolosos, 21 muertes violentas más que las 2 mil 376 reportadas por el mismo Secretariado en enero de 2020.

Aun en la pandemia, con medidas de seguridad personal dictadas por los gobiernos estatales, con la recomendación de aislamiento por parte del Gobierno Federal, las ejecuciones del narcotráfico no se detuvieron. Al contrario, incrementaron. Es lógico, en México hay impunidad, no hay orden. No hay una estrategia definida para el combate a la inseguridad, como no se conoce de plan o política pública alguna, para desarticular a los cárteles de las drogas, perseguir, procesar y encarcelar a sus integrantes, y proceder contra las bandas de asesinos, secuestradores, extorsionadores.

Aquella promesa de en seis meses reducir el índice de homicidios que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó rebasada por miles de ejecuciones. A la entrada del que será su tercer año de gobierno, el Mandatario Nacional le sigue debiendo al país, seguridad.

Adela Navarro Bello

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