Por Alina Navarrete Fernández, especial para SinEmbargo

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo/El Sur).–El integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Salvador Rosas Zúñiga, precisó que fueron cinco las maestras que sufrieron abuso sexual por parte de elementos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, además de que dos miembros del magisterio disidente siguen hospitalizados.

Los integrantes de la comisión negociadora del magisterio disidente se reunieron por la tarde, para definir la ruta política que seguirán luego de la represión que vivieron en el bulevar de Las Naciones, hace 7 días.

En dicha reunión, se acordó realizar actividades regionales este miércoles y aunque no se especificaron, Rosas Zúñiga dijo que el objetivo de las acciones es “paralizar la actividad económica en Guerrero”.

También se anunció una megamarcha que se llevará a cabo el miércoles 11, de la próxima semana, en la capital, cuyo punto de concentración es la estatua de Nicolás Bravo, mejor conocida como El Caballito, a las 10 de la mañana.

En conferencia de prensa por la noche en el auditorio José Inocente Lugo, del Palacio Municipal, Rosas Zúñiga hizo un llamado “urgente” a todos los trabajadores del sector educativo, estatales y federales, “para que declaremos ya, el paro indefinido de labores a partir del día de hoy (ayer), le hacemos un llamado a nuestros compañeros para que sin temor y con la frente en alto, podamos estallar en paro indefinido de labores”.

El paro laboral indefinido del magisterio guerrerense, está sustentado en seis puntos de acuerdo que establecieron los integrantes de la Comisión Negociadora que conforman la CETEG, la Coordinación Estatal de Maestros Movilizados (CEMM) del SUSPEG y el Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG).

El primero punto, “que no se pone en duda”, es la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos los días 26 y 27 de septiembre del año pasado; el segundo, es la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, así como el rechazo total a la criminalización de la lucha social.

En el tercer punto, se exige castigo al Presidente Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al Gobernador Rogelio Ortega Martínez, como “autores intelectuales, y a la Policía Federal y Gendarmería Nacional”, como “autores materiales”, del asesinato del maestro jubilado, Claudio Castillo Peña, de las agresiones sexuales, físicas y psicológicas a miembros del magisterio, así como de los robos y destrozos a vehículos particulares, y de transporte público, durante “la brutal represión” en Acapulco.

En el cuarto, quinto y sexto punto, se especificó que la lucha es “por el reconocimiento de todas las claves presupuestales, federales y estatales que se encuentran asignadas en el estado de Guerrero, por la estabilidad laboral de todos los trabajadores de la educación, federales y estatales; y por la solución inmediata a las demandas de todas las organizaciones sociales y estudiantiles aglutinadas en este movimiento”.

MAESTROS HOSPITALIZADOS

Con respecto a la desaparición de los 11 maestros tras el desalojo violento en Acapulco, dijo que “afortunadamente, el día de ayer (el domingo) se encontró al último compañero que se encontraba en calidad de desaparecido, tuvimos que enviar comisiones a las diferentes regiones para constatar que cada quien se encontraba ya con su familia, hasta ahorita la CETEG, SUSPEG y las organizaciones sociales, podemos decir que no tenemos ningún compañero ya, en calidad de desaparecido”.

Manifestó que el número de maestras que fueron víctimas de abuso sexual, “aumenta, tenemos el registro de cinco compañeras que recibieron agresión sexual por parte de la Policía Federal y de la propia Gendarmería, que estuvo participando en la agresión brutal”.

Informó que tras la represión, siguen hospitalizados dos miembros del magisterio disidente, una maestra víctima de abuso sexual, en una clínica en Cuernavaca, Morelos, y el maestro Mario Santiago Moreno, quien fue operado el sábado, debido a que recibió un golpe severo en la mandíbula.

Declaró que “estamos construyendo una ruta jurídica en desconocimiento total de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos (Codehum), porque en lugar de proteger los derechos humanos de la población, ha avalado este golpe que nos dio el gobierno federal al movimiento social en Guerrero”.

Los miembros del magisterio disidente reprobaron la labor del presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, “condenamos que esté ocupando un cargo que desafortunadamente usa para reprimir al pueblo”; añadió que la Codehum es “un aparato de simulación, donde las quejas que se interponen ahí se quedan”.

Ortega Martínez, consultado el domingo después de una reunión con integrantes de la asociación ganadera Ganaderos Unidos de Zihuatanejo, sobre la represión de la que fueron víctimas los maestros, dijo que no se han presentado denuncias y que deben de hacerlo, porque lo primero es la cultura de la denuncia.

Al respecto, Rosas Zúñiga dijo que “si los gobiernos estatal y federal cumplieran su obligación, no habría necesidad de interponer una demanda, sin embargo, lo vamos a hacer, nos ha costado trabajado resolver entre nosotros ante qué instancia, pero hoy dimos ese salto cualitativo, de decir que no será en el estado, no con instituciones del gobierno, sino con organismos internacionales independientes”.

“No hay una institución formal en todo el país a la que podamos acudir, donde digamos que una denuncia va a proceder de acuerdo con las garantías individuales del ciudadano, antes de creer en formar una cultura de la denuncia tendríamos que reconstruir las instituciones en el país”, expresó.

Dijo que “es bien sabido cuántos ciudadanos han ido a interponer una denuncia en el Ministerio Público, por cualquier violación de cualquier autoridad, de cualquier civil, y es claro que saliendo de ahí, la información ya la tienen los grupos o las personas a las que uno va a denunciar”.

Por la tarde, a través de redes sociales, se difundió una esquela con la fotografía de una mujer, que presuntamente se llamaba Nancy Carolina Ayala Cortéz, el anuncio se compartió con la leyenda: “La maestra que falleció por el desalojo”, quien según trascendió era originaria de Zihuatanejo.

Sobre la esquela referida, Rosas Zúñiga aseguró que “es falso, esta información es parte de una campaña que tiene como objetivo atemorizar la lucha social, principalmente en las compañeras trabajadoras de la educación, si hubiera pasado, nosotros tendríamos la información en tiempo y forma, sin embargo, no descartamos que pudiera haber un caso de este tipo, pero en cuanto sepamos de uno se dará a conocer a los medios y la opinión pública”.