El despojo de las tierras de los indígenas que habitan la Sierra Tarahumara continúa, sin que ninguna autoridad responda por ello, denunciaron rarámuris de la región.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).– Integrantes de la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara señaló que a cuatro años de emitida la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que obliga al Gobierno mexicano a constituir el Consejo Consultivo para realizar una consulta a los indígenas de la región en torno al Fideicomiso Barranca del Cobre –que detonará obras turísticas en la región–, aún no existe consulta alguna.

La sentencia dictada por la Segunda Sala de la SCJN en marzo de 2012 fue la consecuencia de un amparo que interpuso la comunidad de Huitosache, municipio de Urique, Chihuahua, en contra de la deforestación y el despojo de las tierras por parte del Fideicomiso.

A través de ese Fideicomiso, creado el 13 de febrero de 1997 por el Gobierno del Estado de Chihuahua, se busca detonar un mega proyecto turístico en la región que ya se puso en marcha desde hace años.

“La sentencia no se ha cumplido. El estatus que tenemos ahorita es la ejecución de sentencia, pero han sido tres años de una larga lucha en contra de las dependencia. No se ha constituido el Consejo Consultivo, pero se han construido obras en las comunidades. Se pidió apoyo en la Corte, para ver de qué manera pudiéramos avanzar para que se cumpla la sentencia. El compromiso que la Corte hizo fue analizar el asunto de fondo”, dijo Alma Chacón Márquez, abogada de las comunidad de Huitosache.

La abogada informó que tras una reunión con magistrados de la SCJN, la recomendación que se les dio a las comunidades fue denunciar la ejecución de la sentencia, para poder sancionar a los funcionarios que la han incumplido.

Debido al proyecto turístico el Gobierno estatal a través de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria entregó ya a particulares mil 500 hectáreas y del Fideicomiso Barranca del Cobre, otras 150 de la Sierra Tarahumara.

Ignacio Lagunes Cerda, asesor jurídico de la comunidad de Mogótavo, recordó que desde 2011, ante la amenaza de agresión, reubicación y despojo, los rarámuris interpusieron un juicio de amparo 64/2011 ante el Tribunal Agrario que aún está por resolverse.

A los Tarahumaras se les negó el derecho a constituirse en ejidos y a reconocérseles la propiedad ancestral, debido a que las tierras que siembran y habitan, oficialmente son de otras personas.

“Se inició un juicio agrario, una demanda en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria. Lo que se está demandando es la nulidad de esa declaratoria de bienes nacionales y la adjudicación de esos bienes a favor de los particulares. La nulidad de los contratos millonarios de los particulares, porque son tierras de algo valor turístico”, explicó.

En esas tierras, además de hoteles, se pretende construir campos de golf, miradores y otros atractivos turísticos.

“Este juicio es de gran trascendencia porque la Magistrada estará ante el desafío de reconocer la posesión ancestral de la comunidad o validar todos los procedimientos de tipo administrativo que desarrolló la propia Secretaría de la Reforma Agraria, invisibilizando y negando todo el derecho a la comunidad que es posesionaría”, dijo.

LAS CONDICIONS EN LA SIERRA

En las comunidades de la Sierra Tarahumara habitan alrededor de 250 rarámuris dispersos en la serranía. No tienen agua potable porque no están reconocidos como ejidos y sus tierras no les pertenecen legalmente.

De acuerdo con Ignacio Lagunes, del total del territorio el 85 por ciento lo trabajan los rarámuris, pero los títulos de propiedad los tienen terceros. Mientras que 15 por ciento está en manos de particulares que han adquirido los terrenos a través del Fideicomiso.

El abogado aseguró que los tarahumaras no conocen el nombre de las empresas, ni de los particulares que han comprado sus tierras, debido a que el Fideicomiso no ha transparentado esa información.

“Con el Gobierno están haciendo todos los tratos y los movimientos de mercadotecnia de las tierras. Este proceso es largo, en total tenemos 12 tomos en el expediente, la comunidad es de hechos, porque no tiene reconocimiento en la Ley. Por eso les negaron la acción agraria”, dijo.

Miguel Manuel Parra, poblador de la Sierra Tarahumara explicó a SinEmbargo que mientras los indígenas viven en la pobreza, sin agua y sin alimentos suficientes, los dueños de complejos turísticos obtienen riquezas de sus territorios.

“Ellos explotan toda la belleza que hay en la barranca, los grandes hoteles, los miradores, a nosotros no nos llega nada, sólo lo que podemos vender de artesanía”, dijo.

Manuel Parra recordó que al no ser reconocidos como los dueños de las tierras, el Gobierno del estado les niega el derecho a la educación, a la salud y al agua.

“Se acaba de cancelar un proyecto, ya el avance de la obra estaba en 60 por ciento: ya estaba la línea de conducción y el bombero, y la pararon”, narró.

No es la primera vez que los indígenas se revelan en contra de las autoridades locales: en agosto de 2014 denunciaron que el Gobierno de Chihuahua que encabeza el priista César Duarte Jáquez los acosaba con el fin de entregar a inversionistas privados los recursos que están en las tierras que ocuparon sus ancestros.

LOS RARÁMURIS EN POBREZA EXTREMA

Los rarámuris, conocido también como pueblo Tarahumara, habitan el suroeste del estado de Chihuahua.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los municipios de Batopilas tiene un 55.4 por ciento de su población en pobreza extrema y además el 91.4 por ciento de su población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar; Morelos tiene el 60.5 por ciento de la población en pobreza extrema y el 90.7 por ciento de su población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Guachochi tiene el 52.4 por ciento de la población en pobreza extrema y además el 84.2 por ciento de su población con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

El 47.1 por ciento de la población de Guadalupe y Calvo vive en pobreza extrema y el 90.6 por ciento tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar; el 47 por ciento de la población de Maguarichi vive en pobreza extrema y el 91.5 por ciento con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Uruachi tiene el 45.8 por ciento de su población en pobreza extrema y el 90.2 por ciento de la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Urique cuenta con el 43.1 por ciento de la población en pobreza extrema y el 88 por ciento de la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Guazapares tiene el 40.5 por ciento de la población en pobreza extrema mientras que el 85.5 por ciento de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar.

El municipio de Balleza tiene al 40.2 por ciento de su población en pobreza extrema y además el 86.6 por ciento de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar; Chínipas cuenta con el 36.3 por ciento de su población en pobreza extrema, así como el 88.4 por ciento de la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Carichí tiene el 33.5 por ciento de la población en pobreza extrema y el 85.5 por ciento de la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar; Ocampo tiene al 28.4 por ciento de su población en pobreza extrema, mientras que el 79.8 por ciento cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

La Sierra Tarahumara está integrada por los municipios de Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Cusihuirichi, El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guerrero, Madera, Matachi, Nonoava, Rosario, San Francisco de Borja, Temósachi y la Baja Tarahumara que comprende los municipios de Batopilas, Chínipas, Guazapares, Maguarichi, Morelos, Moris, Ocampo, Urique y Uruachi.

SENADORES SE COMPROMETEN A DAR SEGUIMIENTO AL CASO

La Caravana informó que el pasado 2 de marzo se reunieron con varios senadores de la república y se comprometieron a varios puntos:

El Senador Alejandro Encinas, la Senadora Silvia Martínez y Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas se comprometieron a dar seguimiento al proceso jurídico de la SCJN y a realizar una investigación sobre las fuentes financieras del Fideicomiso Barranca del Cobre.

El Senado de la República solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno del Estado información sobre el cumplimiento de residuos sólidos y aguas residuales originados por el parque Aventura y demás prestadores turísticos.

Otro de los acuerdos es que la Secretaría de Salud hará un diagnóstico de la atención y control sanitario de las comunidades indígenas y equipamiento médico.

Los senadores también se comprometieron a empujar proyectos de distribución de agua potable y acelerar el proceso para que se les reconozca el territorio ancestral.