Organizaciones, medios de comunicación, periodistas y sociedad civil pidieron al Presidente Enrique Peña Nieto hoy, Día Internacional de la Libertad de Prensa, no promulgar la Ley de Publicidad Oficial porque fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil.

Aprovecharon para recordarle que cuando estaba en campaña en 2012 prometió en su compromiso 95 del “Pacto por México” la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervisara la contratación de los medios con fines publicitarios.

Sin embargo, seis años después, ya en recta final de su sexenio, esta promesa se desvanece.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– En el marco del Día Mundial de Libertad de Prensa, el colectivo #MediosLibres – conformado por organizaciones, medios de comunicación, periodistas y sociedad civil– envió una carta abierta al Presidente Enrique Peña Nieto donde lo urge a no avalar la llamada #LeyChayote, una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial.

“Este 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de prensa, nos recuerda más que nunca que México sigue teniendo el triste y doloroso título del país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo. En este día, quienes suscribimos esta carta le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil”.

En la misiva recuerdan al Presidente que desde un inicio su elección fue marcada por un movimiento estudiantil, #YoSoy132, el que llamaba a la necesidad de México por contar con medios libres que ofrecieran información veraz y oportuna en tiempo electorales.

En ese entonces, cuando era abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) prometió en su compromiso número 95 del “Pacto por México” la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervisara la contratación de los medios con fines publicitarios. Sin embargo, seis años después, ya en recta final de su sexenio, esta promesa se desvanece.

Peor aún, el proyecto de la Ley General de Comunicación Social se encuentra ya aprobada por el Poder Legislativo y ahora está a un paso de ser promulgada. No obstante, como está escrito en la Constitución, el Presidente tiene la última palabra para no promulgar esta ley y poder regresarla a su Cámara de origen.

Este iniciativa pide integrar ala proyecto de ley de Publicidad Oficial  criterios claros y objetivos para la asignación de la publicidad oficial, establecer controles presupuestarios, prohibir la promoción personalizada en el marco de los informes anuales, desaparecer la existencia de los mensajes que promueven la discrecionalidad y crear mecanismos externos de control para la evaluación y fiscalización.

“Señor Presidente, en sus manos está la ultima oportunidad de escribir una historia a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información. Por esto, le solicitamos atenta y sentidamente que haga las observaciones necesarias a la ley y que estas vayan de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las múltiples recomendaciones que los diversos especialistas hemos hecho a lo largo de estos cinco meses desde que se dictó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Esta ley fue pasada ala fuerza por legisladoras sin escuchar las propuestas, críticas y comentarios de la sociedad civil, academia, medios de comunicación y periodistas.

El escrito explica que en el proceso tampoco se integraron las sugerencias realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), o Organismos internacionales de Derechos Humanos como el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y de los Relatores Especiales para la libertad de expresión de la ONU y del Sistema Interamericano de derechos humanos.

En noviembre del año pasado, con cuatro votos a favor y uno en contra, la SCJN otorgó el amparo interpuesto por la organización Artículo 19 sobre la omisión legislativa, y puso como límite al Congreso este 30 de abril.

En lo primeros minutos del pasado 26 de abril, los senadores del el PRI, PVEM y algunos del PRD, PAN y sin partido aprobaron la Ley de Comunicación Social. Así cumplían con el plazo que le dio la SCJN al Congreso de la Unión para legislar en la materia.

Periodistas de medios estatales e integrantes de organizaciones aseguraron que esta modificación al artículo 134 constitucional sigue sin evitar “las malas prácticas” de la publicidad oficial por lo que aún “debilita” a la opinión pública y “vulnera” el derecho a la información crítica al gobierno y sus políticas públicas, sobre todo a nivel estatal.

Lo aprobado también ignoró las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU).

Las organizaciones civiles han documentado que el actual Gobierno ha gastado ya 40 mil millones de pesos en medios, y cerrará en cerca de 60 mil millones. Argumentan que ese dinero se utiliza para comprar la línea editorial de la prensa mexicana.

De acuerdo con la organización Fundar, los diez medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa, con 6 mil 680 millones de pesos; Estudios Azteca, que ha obtenido 3 mil 939 millones; Starcom Worldwide (EU), con mil 298 millones de pesos; Estudios Churrusco Azteca, que recibió mil 270 millones; Grupo Fórmula, con mil 045 millones; El Universal, con mil 007 millones; Excélsior, al que le dieron 989 millones 969 mil pesos; Starcom Worldwide (México), que ha recibido 815 millones 811 mil pesos; OEM 802 millones, con 351 millones, y SPR del Estado Mexicano, con 693 millones 344 mil.