Cuando en febrero de 2019 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó, por cinco años, la información sobre los audios y la investigación del accidente en el que falleció el 24 de diciembre de 2018 la Gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo el Senador Rafael Moreno Valle, y otras personas, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no estuvo de acuerdo. Textualmente, en una de sus conferencias matutinas, dijo: “Mi recomendación es que haya transparencia completa. Yo voy a pedirle al Secretario de Comunicaciones que revise este asunto. A lo mejor es una norma, pero es más importante la transparencia. El que nada debe nada teme”.

Por supuesto, de la investigación y los audios de aquel fatídico día, nada se conoce, a saber, la información continúa reservada. Si acaso el mandatario nacional habló con el Secretario y le pidió “transparencia completa” como dijo públicamente, la orden no se siguió al píe de la letra de la instrucción presidencial.

Cuatro años después, y en términos generales, el Presidente López Obrador ya no está comprometido con la “transparencia completa”. Si nada, debe, a qué le teme… Con su veto, ha inhabilitado al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, para continuar proveyendo la transparencia completa en su Gobierno y otras entidades.

De hecho, en evidentemente rechazo a la transparencia de la información pública, el Presidente ha solicitado a los legisladores, desaparecer el INAI, ha sugerido que la importante labor de transparentar las acciones de Gobierno y otras entidades que son sujetos obligados al utilizar recursos públicos la realicen otras dependencias. Y dijo al respecto: “que se quede (el acceso a la información) en la cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación y cuánto nos ahorramos por dejar de simular y estar manteniendo a gente que gana salarios elevadísimos. Nos ahorramos mil millones de pesos al año, pero están molestos porque en el Gobierno corrupto de antes se tragaban todo el presupuesto”.

Como suele ser su estrategia para restar méritos a los organismos autónomos, López Obrador acusa abuso presupuestario, sin aportar evidencia. Así lo hizo con el INE y así acciona ahora con el INAI, el organismo que legalmente es el ente “público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del Gobierno a la sociedad”.

Pero al Presidente, ahora que es Presidente, ya le incomoda la transparencia. Lo que como oposición defendió, ahora quiere extinguir: el acceso a la información, de la cual él se valió para criticar a los gobiernos entonces en el poder, y celebró cuando medios de comunicación, que también ahora repudia, hicieron uso del INAI para exponer, con documentos y pruebas, las corruptelas en gobiernos pasados, particularmente en el de Enrique Peña Nieto.

No es una novedad el cambio de actitud del Presidente. Así inició su administración, reculando por ejemplo en el caso del Ejército al que prometió, hasta el cansancio, regresar a los cuarteles y hoy día les ha dado más responsabilidades administrativas que a cualquier otra secretaría de su Gabinete.

La aversión a la transparencia por parte del Presidente López Obrador comenzó a verse cuando su Gobierno, a partir del primer año, en 2019, inició con una serie de reservas de información. 

Efectivamente, decidieron varias secretarías y él mismo reservar información de suyo pública, por cinco años, es decir, una vez que concluya su periodo. Como ejemplos, siete casos: La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud reservaron por cinco años la información sobre los contratos con tres laboratorios internacionales, AstraZeneca, Pfizer, y CanSino, para la adquisición de vacunas contra la COVID-19.

La Secretaría de la Defensa Nacional reservó por cinco años el plan maestro de desarrollo del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, así como también reservó los anexos técnicos del AIFA. De igual manera, en 2019 se reservó por cinco años toda información relacionada con la venta del avión presidencial TP-01 José María Morelos que recientemente su Gobierno vendió.

La misma Sedeba reservó por cinco años la información sobre los contratos para la adquisición del programa espía Pegasus, con el cual se han intervenido los teléfonos de periodistas, analistas, activistas y defensores de los derechos humanos. Esta Secretaría reservó por cinco años, también, la información sobre el operativo en el cual en octubre de 2019 capturó a Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, y la posterior e inmediata liberación del mismo, por orden, se sabría después, del Presidente López Obrador. Y el caso de la SCT con la reserva de información del accidente donde perdió la vida la Gobernadora de Puebla y su esposo.

Por supuesto, no se puede dejar de lado la vez que propuso que todos los grandes proyectos de su administración fuesen clasificados como de seguridad nacional para así evitar la transparencia en las obras, construcciones y destino de los recursos.

La transparencia en el acceso a la información, elemento fundamental de la libertad y la democracia, y reflejo de un buen Gobierno, no es un distintivo en la administración del Presidente López Obrador, que, con sus reservas de información y la solicitud de desaparecer el INAI, abierta y públicamente le apuesta a la opacidad.

El Presidente pretende que los mexicanos confiemos en que su discurso de que en este Gobierno se erradicó la corrupción, sea suficiente y ello evite la solicitud de contratos, programas, convenios y demás para confirmar que se está actuando de manera correcta. Si él dice que ya no hay corrupción, el INAI sale sobrando. No es tan simple el entramado gubernamental en el ejercicio del recurso público. Ahí está el caso, en su Gobierno, de Segalmex donde, con documentos obtenidos vía transparencia, quedaron al descubierto irregularidades que superan los 15 mil millones de pesos, caso que actualmente se procesa en el ámbito judicial. 

Desaparecer al INAI es negar el derecho a saber de los mexicanos, es afectar directamente la democracia, pues le quita la responsabilidad al Gobierno para rendir cuentas, y le niega a la ciudadanía la oportunidad de conocer, con certeza, las circunstancias y las condiciones en las cuáles se está desarrollando el Gobierno, y demás sujetos obligados, partidos políticos, universidades, órganos autónomos, los otros poderes, legislativo, judicial, los sindicatos, entre muchos otros.

Desde el 1 de abril, el INAI está inoperante, dado que un día antes concluyó con su encomienda en el Consejo del mismo, Francisco Acuña, y habiendo vetado en marzo el Presidente el nombramiento (justificó que fueron productos de negociaciones entre partidos, incluyendo el suyo, Morena), el Consejo del INAI se quedó con cuatro miembros, lo cual le impide sesionar legalmente. Y desde Presidencia, Gobernación y Morena han impedido que el Poder Legislativo designe nuevos comisionados (se supone ya sin enjuagues políticos) para que el INAI pueda funcionar.

En este mes, del 1 de abril al 1 de mayo, dicen los consejeros del INAI que se han dejado de atender tres mil solicitudes de transparencia. Además, que, explicó la Consejera Julieta del Río, se ha vertido una orden extraoficial desde la Secretaría de Gobernación a todo el aparato gubernamental para que ya no provean de información ante las solicitudes, dando por hecho que el INAI desapareció. Cuando no es así.

El martes 2 de mayo, la titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó al Senado nombrar de inmediato a los tres comisionados que faltan para integrar en su totalidad el Consejo del INAI, al conceder una suspensión provisional para que la Junta de Coordinación Política elija al sustituto de Francisco Acuña. De esta forma, el consejo tendría cinco miembros, los suficientes para sesionar legalmente.

Concluidas las sesiones legislativas, es la junta de coordinación política la que debe convocar a un periodo extraordinario para cumplir con la suspensión y designar Consejero del INAI. De no hacerlo, en el lapso de 48 horas que otorgó el juzgado, podría caer en desacato. Una ilegalidad más. En lo que otros recursos y controversias constitucionales son resueltas para el debido funcionamiento del INAI.

Es grave lo que sucede en México cuando el órgano garante del acceso a la información y protección de datos personales ya tiene un mes paralizado por un Gobierno que, a costa de lo que sea, el desacato, le ilegalidad, el abuso desde el Ejecutivo y el Legislativo, se aferra a transformar la transparencia en opacidad. A qué le teme, vaya, este Presidente.

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