El presente proceso electoral ha registrado más agresiones que el de 2018, pero no ha sido más letal en cuanto a homicidios de aspirantes, éste fue el proceso presidencial de hace tres años. En el actual, las autoridades federales y estatales se han coordinado para dotar de protección a los candidatos que competirán en la contienda de este domingo.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– Una de las constantes a lo largo del actual proceso electoral ha sido calificarlo como el más violento del que se tenga registro. Incluso voces como la del Diputado Porfirio Muñoz Ledo —quien quedó fuera de la reelección de su curul— señaló que las de este año son “las jornadas electorales que han sido las más letales desde 1952”.

Lo que las cifras muestran es que las agresiones en el marco de los procesos electorales se han vuelto una constante, en la cual los ataques y homicidios perpetrados contra aspirantes a cargos públicos se han mantenido, al menos así lo muestran las cifras de estos comicios comparadas con las del proceso federal de 2018, el cual ha sido el más letal desde 2000, seguido por el actual.

Los datos aportados por la consultora Etellekt —con corte al 30 de mayo pasado— señalan que en este proceso electoral se tienen registradas 782 agresiones contra políticos y aspirantes, ocho más que las contabilizadas en el ciclo electoral 2017-2018.  No obstante, en los comicios presidenciales de hace tres años se reportaron más homicidios que en la actual contienda: 152 políticos perdieron la vida en atentados, 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección, en el proceso de 2018, mientras que en el actual fueron asesinados 89 políticos, de los cuales 35 eran aspirantes a algún puesto de elección; 13 de ellos contaban con registro de candidatos.

Los homicidios de aspirantes perpetrados en los últimos meses se enmarcan en el mayor proceso electoral del que se tenga registro, con más de 20 mil cargos de elecciones popular en juego, entre ellos 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados que en septiembre próximo inaugurará la LXV Legislatura.

Los datos disponibles muestran que de los 35 homicidios de aspirantes reportados en el actual proceso, 30 buscaban un cargo municipal, cuatro iban por diputaciones locales y uno por una diputación federal; de ellos siete eran mujeres. No obstante, las cifras oficiales dan cuenta de 16 asesinatos de candidatos ya registrados. 

El martes, al ser cuestionado sobre si habrá algún operativo con la Guardia Nacional para la jornada del domingo 6 de junio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “el país está en paz, hay gobernabilidad y no hay riesgos de inestabilidad”.

PROTECCIÓN A CANDIDATOS

El Gobierno federal ha apostado a una estrategia —la cual echó andar desde marzo— para dar atención a las denuncias o quejas de agresiones contra candidatos. Cifras aportadas por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) indican que a la fecha, 148 candidatos tienen protección, es decir algún tipo de custodia por parte de elementos estatales, municipales o federales. De ellos, 80 son resguardados por las autoridades de los estados, 52 por la Guardia Nacional, 14 por gobiernos municipales y dos más por diversas autoridades, ya sea ministeriales o fuerzas federales.

Entre los funcionarios que cuentan con protección, se encuentran candidatos a Gobernador, según pudo conocer este medio.

Arturo Medina, titular de la unidad de políticas y estrategias para la construcción de paz en estados y regiones de la SSPC, indicó que 21 candidatos a Gobernador denunciaron algún tipo de amenaza, no obstante no a todos se les dio protección. La cifra oficial, indicó el funcionario, será presentada junto a un informe pasadas las elecciones, no obstante refirió que hay candidatos con protección en el estado de San Luis Potosí, en Colima y en algunas otras entidades.

“Nosotros llamamos de manera constante a quienes han pedido protección para saber cómo están, si están nuestros elementos o los estatales, si recibieron el apoyo, si les dieron la información que requieren. Diario llamamos a un número importante de estos candidatos sin importar el partido, sin importar el color o el tipo de candidatura. Tenemos a candidatos a Gobernador, tenemos candidatos a diputados federales; principalmente a presidentes municipales, eso nos ocupa más del 80 por ciento candidatos locales”, compartió Medina en entrevista con SinEmbargo.

Con respecto al origen de estas amenazas, señaló que los aspirantes han referido a las autoridades que quienes profieren estas agresiones son integrantes de la delincuencia organizada, sus contrincantes o a personas desconocidas. Aunque aclaró que no en todos los casos se han presentado denuncias, una situación que ve como un obstáculo para la impartición de justicia.

“Recibimos todo tipo de señalamientos, hasta nos han dicho que son sus contrincantes del partido de enfrente los que los han amenazado sin que medie una carpeta de investigación, y así hay muchos casos, entonces eso tampoco permite combatir la impunidad y sancionar a los responsables, por eso hemos sido enfáticos en que hay que contar con una carpeta”,  mencionó.

Arturo Medina también aclaró que no todos los hechos denunciados tienen que ver con violencia en el contexto electoral, ya que se han presentado algunos casos, en los cuales se han dado a conocer los avances por parte de las fiscalías, que han tenido que ver con otros móviles y las líneas de investigación así lo señalan. “Serán las fiscalías, quienes den a conocer en su momento la judicialización de los casos y los jueces darán a conocer las responsabilidades de quienes han intervenido en ellos”, refirió al respecto.

¿PERCEPCIÓN O VIOLENCIA?

En los últimos días, los medios de comunicación difundieron ampliamente las imágenes del asesinato de la candidata a Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán, cuya vida le fue arrebatada durante un evento de campaña. El crimen fue capturado en video y difundido ampliamente. Un presunto responsable ha sido detenido por este homicidio. Según los primeros reportes, se trata de un integrante del Cartel Santa Rosa de Lima, una de las principales organizaciones criminales que tiene presencia en esta entidad.

Este crimen ha dado muestra de una alerta que ha hecho la Observatoria Ciudadana Todas MX, que a inicios de esta semana dio cuenta de cómo el proceso electoral de 2021 fue el más violento contra las mujeres, debido a que 21 de los 35 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular fueron cometidos contra mujeres. 

Cuestionado sobre si se trata de una cuestión generalizada los ataques, homicidios y demás agresiones contra los aspirantes, Arturo Medina indicó que con los números con los cuales cuentan las autoridades no se puede hablar de un tema generalizado.

“Se le ha dado una difusión amplia, hoy tenemos redes sociales, tenemos otros medios de información que permiten a la autoridad ver los hechos, que permiten a la ciudadanía también conocer los hechos, no sólo por boletines o comunicados oficiales, sino por videos que la gente sube a sus redes sociales y así se llegan a muchas personas”, refirió.

No obstante, indicó que tampoco se trata de minimizar las agresiones que se han cometido durante el proceso electoral. “Todos los casos son relevantes, amenazar a un candidato atenta contra el proceso democrático, el homicidio de un candidato atenta en grado máximo el derecho de los ciudadanos a votar, el derecho de elegir a ese candidato y evidentemente contra la propia víctima. No minimizo los casos, pero no es un tema generalizado”, señaló.

Medina aclaró que el Gobierno de México y las autoridades locales han buscado dirigir su atención a atender este tipo de violencia con tres objetivos principalmente: el primero, garantizar que haya un proceso pacífico para que la ciudadanía se sienta tranquila a salir a votar; dos, que no sea el crimen organizado, ni la delincuencia organizada, ni el crimen de cuello blanco los que decidan quienes van a gobernar, y finalmente, que la ciudadanía que sepa que el poder de decisión está en sus manos y que no haya intimidación ni en contra de los candidatos ni de los ciudadanos y que salgan a votar.