México

Se agudiza crisis forense

En México 12 de cada 100 cuerpos que llegan a los Semefos no logran ser identificados

03/06/2023 - 10:08 pm

Coahuila, Zacatecas y Nuevo León fueron las tres entidades con mayor porcentaje de cuerpos no identificados en unidades de servicios periciales y médicos forenses (Semefos); en tanto que a nivel nacional el 12.1 por ciento de los cuerpos y/o restos que ingresaron a estos sitios tampoco fueron identificados.

Ciudad de México, 3 de junio (SinEmbargo).– “¿Cómo encuentras a tu hija en un cráneo?”. La señora Rocío Uribe lleva 11 años buscando a su hija, María Fernanda, quien desapareció a sus 14 años el 19 de abril de 2012 en el municipio de Naucalpan, Estado de México. En más de una década, ha aprendido a investigar en calles y hasta en unidades de Semefos. Es ahí que se percató de la cantidad de personas que esperan ser encontradas por sus familiares. De acuerdo con activistas y la ONU, suman más de 52 mil.

Doce de cada 100 cadáveres o restos humanos que llegaron a las unidades de servicios periciales y médicos forenses (Semefos) del país en el 2021 no fueron identificados, lo que ha resultado en un total de 11 mil 193 restos de personas cuya identidad se desconoce, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto sucede en el marco de una crisis forense y de personas desaparecidas en el país, donde se desconoce el paradero de más de 110 mil mexicanos y mexicanas.

Es el primer análisis oficial que se hace para conocer el estado de los servicios periciales en el país, y permite obtener mayor claridad y certidumbre sobre algo que familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han documentado y externado a las autoridades desde hace años: la atención para la identificación de cuerpos en el país está rebasada. Incluso, la ONU ya había advertido en el 2022 que en México habían 52 mil restos humanos sin identificar.

La señora Rocío recuerda que en el 2012 era raro que tomaran muestras de ADN a los restos que llegaban a los Semefos, por lo que “era muy poca la información que había en un Semefo, y comúnmente los restos se iban a la fosa común porque nadie los reclamaba”. “Me sigue dando miedo ir a los Semefos, de ver cómo están, y de ver las calamidades que se encuentran en ellos”, admite.

Familiares de desaparecidos protestan en Jalisco. Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro.

“Yo siento dolor, angustia y coraje con el sistema, y me da miedo saber cuántos años más voy a tener que estar esperando [para encontrar a María Fernanda”, expresó. “Son miles de cuerpos sin identificar, y yo siento que cuando empiecen a identificarse, muchos de nosotros vamos a tener paz”.

FALTAN RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS

El análisis hecho por el Inegi y titulado “Servicios periciales, 2022” es el primero de su tipo en el país, lo cual aporta al panorama de servicios forenses desde las cifras oficiales para la creación de políticas públicas que permitan atender la crisis en este aspecto, y podrían sumar esfuerzos para que las personas que llegan a estos sitios sean identificados y puedan regresar a sus familias.

Son los mismos datos del instituto que dieron a conocer la relación que existe entre el presupuesto ejercido para los servicios periciales y médicos forenses por cada estado, que no siempre es suficiente para la recepción que tienen de cuerpos y/o restos humanos. Uno de los datos más destacables en este sentido es que Zacatecas tiene un porcentaje de no identificación de cuerpos de 32.09 por ciento –es decir, casi uno de cada tres cuerpos que llegan no son identificados–; y ocupa el decimocuarto lugar de presupuesto ejercido con 85.1 millones de pesos.

“En México no hay una política pública [de servicios periciales] basada en evidencia para poder dar los recursos a donde de verdad se requieren”, expuso el doctor Mirsha Quinto Sanchez, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “[Los datos que dio a conocer el Inegi nos permitirá cambiar] la perspectiva para que justamente se dote a las fiscalías o servicios médicos forenses estatales de mayor cantidad de recursos, porque eso es fundamental para poder resolver esta parte de la no identificación”.

En el 2021, la institución gubernamental detectó que las unidades encargadas de los servicios periciales y/ o servicio médico forense recibieron 92 mil 590 cadáveres y/ o restos humanos, de los cuales el 87.5 por ciento fue identificado, 12.1 por ciento no identificado y 0.4 por ciento estaba pendiente de identificación. Los estados con mayor porcentaje de no identificación fueron Coahuila, con 90.3 por ciento; Zacatecas con el 32.09 por ciento; Nuevo León con 28.9; Ciudad de México con 19.96 y Colima con 19.81.

La no identificación, remarcó Quinto Sanchez, está relacionada con diversos factores. Por un lado, el presupuesto que es asignado para los servicios periciales; lo cual a su vez tiene repercusiones en el número de personal adscrito a los centros, la especialización con la que cuentan, el equipo técnico, los anfiteatros y planchas, laboratorios, entre otras herramientas y recursos.

“Muchas fiscalías a nivel local tienen pocos recursos, poco personal, y una gran cantidad de casos pendientes. Eso es un problema, porque el día a día no para, la crisis [de violencia e inseguridad] no para y no hay manera de solucionar esto”, señaló. “Pones a los peritos a trabajar con muy pocos recursos, y ahí está uno de los puntos fundamentales”.

El mismo Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ya había advertido a inicios de 2022 que los servicios forenses eran insuficientes, así como que “varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas”. Uno de esas herramientas es el Banco Nacional de Datos Forenses, que apenas esta semana entró en operaciones.

Los Servicios Médicos Forenses (Semefo) del país están rebasados. Foto: José I. Hernández, Cuartoscuro.

HAY MÁS PRESUPUESTO DONDE LLEGAN MENOS RESTOS

Por ejemplo, la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo en el 2021 un presupuesto de mil 370.3 millones de pesos, pero únicamente recibió un total de 368 cadáveres y/o restos. En cambio, el Estado de México –que ocupa el segundo lugar de presupuesto pero queda muy por detrás de lo federal– ejerció 339.5 millones de pesos, y a sus unidades ingresaron 10 mil 026 cuerpos y/o restos. En la FGR, el porcentaje de cuerpos no identificados fue del 0.0 por ciento, en tanto que en las unidades mexiquenses hubo un registro de 6.96 por ciento de personas no identificadas.

“La cantidad de recursos que se dan a la Fiscalía General de la República es brutal, y el número de cuerpos e identificaciones que hace a nivel general es poco. Y vice versa: a las fiscalías locales, que son quienes más reciben cuerpos y más pendientes de identificación tienen, reciben la menor cantidad de recursos”, remarcó el especialista en Ciencia Forense.

“Este primer ejercicio de integración de datos que hicimos en el Inegi adquiere su relevancia por las recomendaciones y observaciones hechas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, entre las cuales hablaba de las capacidades institucionales de los servicios forenses en el país”, explicó José Guillermo Castillo Koschnick, director general adjunto de Políticas y Censos Nacionales de Gobierno del Inegi.

El mismo funcionario reconoció lo que los datos del Inegi arrojan: hay una sobrecarga de trabajo en las unidades, y una “insuficiencia presupuestal que existe para que el personal absorba y desempeñe su labor”.

Otro dato es que la FGR es quien concentra el mayor número de unidades de servicios periciales y/o servicio médico forense, con un total de 34; seguido por Michoacán con 31 unidades, Guanajuato con 27, Estado de México, Tabasco y Veracruz cada uno con 25 unidades.

Al 31 de mayo de 2023, las entidades con mayor registro de personas que permanecen desaparecidas o sin ser localizadas son Jalisco con 14 mil 979 personas, Tamaulipas con 12 mil 676, Estado de México con 11 mil 828, Veracruz con siete mil 346 y Nuevo León con seis mil 350.

Tamaulipas, siendo el segundo estado con mayor número de personas desaparecidas, tiene el cuarto presupuesto más bajo registrado por el Inegi, con 9.5 millones de pesos ejercidos en el 2021; y cuenta con 12 unidades de servicios periciales y/o Semefos.

“También una de las observaciones es sobre la insuficiencia de equipamiento que hay, por ejemplo para la realización de necropsias. En este caso, tenemos que al cierre del 2021 los anfiteatros o laboratorios donde se realizan estas prácticas cuentan con un total de mil 065 planchas para la realización de esta práctica forense; estaríamos hablando de que por cada plancha se pasan por ahí al menos 84 cuerpos, aunque esta situación pues evidentemente varía según la institución y entidad federativa donde se esté realizando”, sumó el funcionario.

ENTRA EN OPERACIÓN EL BANCO NACIONAL DE DATOS FORENSES

Gran parte de la identificación de un cuerpo o resto que llega a estas unidades depende de los datos con los que cuenten. Es decir, la posibilidad de hacer un cruce de datos genéticos identificatorios, mismos que deben de ser tomados a familiares de personas desaparecidas al momento de levantar un reporte por desaparición para que las probabilidades de hallazgo incrementen. Esta práctica no siempre se realiza efectivamente por parte de las fiscalías, e incluso cuando se hace la falta de cooperación interinstitucional obstaculiza que otras fiscalías locales puedan buscar a la persona desaparecida.

La Ley General en materia de desaparición fue aprobada en el 2017, y ya desde entonces contemplaba la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, considerado en la legislación como una “herramienta del Sistema Nacional que concentra las bases de datos de las Entidades Federativas y de la Federación; así como, otras bases de datos que tengan información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas” y estaría a cargo de la FGR.

“Las fiscalías van a compartir datos para generar, por fin, lo que se necesita, que es una comparación a nivel nacional”, expuso el especialista. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro.

La importancia de la construcción de esta base de datos, explicó el doctor Mirsha Quinto Sanchez de la UNAM, radica en que el cruce de datos masivo es una de las soluciones para la identificación de personas. “Las fiscalías van a compartir datos para generar, por fin, lo que se necesita, que es una comparación a nivel nacional”.

Cierto es que el Banco Nacional de Datos Forenses ya tendría que haber entrado en operación; pero fue hasta que el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) interpuso un amparo en representación de una hermana buscadora que se le ordenó a la Fiscalía General de la República cumplir con su creación. Para ello, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dio un plazo de 40 días hábiles, mismo que se cumplió esta semana.

“El gran problema de la crisis forense en nuestro país es la falta de coordinación entre las autoridades, y que la información se encuentra fragmentada en múltiples bases de datos en todo el país. Es decir, cada estado de la República tiene su propia base de datos genética, y eso ha implicado que la información, al encontrarse dispersa, no permita que se puedan generar identificaciones”, dijo al respecto César Contreras, abogado del área de Defensa de la asociación civil.

“Lo que se pretende es unificar toda la información, pero también unificar la manera en la que se toma esta información, porque cada estado tiene su propia metodología y criterio de cómo tomar y procesar la información genética y forense”.

Contreras remarcó que la sentencia confirma que la ciencia debería de estar al servicio de la búsqueda de las personas desaparecidas en el país y del derecho de todas las personas de ser buscadas. Foto: Andrea Murcia Monsivais, Cuartoscuro.

Contreras remarcó que la sentencia confirma que la ciencia debería de estar al servicio de la búsqueda de las personas desaparecidas en el país y del derecho de todas las personas de ser buscadas. Igual de relevante, enfatizó, es que “el hecho de que las autoridades tengan que trabajar en conjunto no significa que puedan ‘pelotear’ sus responsabilidades, sino que todas ellas tienen que contribuir a lograr el objetivo común de la identificación, de la búsqueda de las personas desaparecidas, de devolverles el nombre y regresarles a casa”.

La señora Rocío cuestiona que el Banco Nacional de Datos Forenses sea exitosa a la brevedad por la falta de un plan de acción.

“¿Hasta cuándo va a jalar esto? ¿Cuántos años más tengo que esperar a que esto empiece a funcionar? Los egos de los funcionarios públicos que no comparten información, a los únicos que les estorba es a nosotros. A mí siguen sin darme una respuesta, yo sigo sin encontrar a Fer aunque yo sigo peleando por traerla a casa… y no sabemos en cuánto tiempo esto va a funcionar, y si va a funcionar al cien”.

Tamara Mares Rivera
Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.
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