Hay historias que se escriben con dolor, angustia y desesperanza. Y que nunca se pueden borrar porque quedan tatuadas en el alma de miles de personas. Pero también son historias que se escriben con amor, con la profunda esperanza de quienes reclaman su derecho a saber cómo, cuándo, dónde quedaron las últimas huellas y los maltrechos restos de las personas que aman y a las cuales desean rendirles el último tributo, con la dignidad que merecen.

Y en torno a estas desgarradoras historias se construyen miles de dramas más, de los perseguidos, los amenazados, los agredidos, los acosados, los desplazados que se despidieron tristemente de sus hogares, agobiados por la violencia y la zozobra, para buscar alguna senda luminosa que les conduzca a un ilusorio remanso de paz.

Ningún servidor público tiene la varita mágica para resolver los grandes y profundos problemas de inseguridad que padece nuestro país y que se fueron enraizando durante décadas de corrupción, complicidad e impunidad, pero lo que si resulta imperdonable es la falta de sensibilidad, de empatía, de generosidad para atender y hacer un esfuerzo sincero de comprender el dolor de quienes han padecido en sus familias un homicidio, un feminicidio, una desaparición forzada.

O padecer la incertidumbre de vivir meses, y en ocasiones años, esperando la clasificación y la identificación de algunos restos humanos encontrados por ahí en una fosa clandestina perdida en medio de la nada, para que alguien les diga que ya es tiempo de descansar, porque la persona que buscaban y que aman con todo su corazón, ya descansa en paz.

El torbellino de la violencia arrasa cotidianamente a Jalisco, que padece ese flagelo y también la liviandad de un gobernador frívolo, superficial, distante, irascible, violento, ajeno al dolor humano, que privilegia los placeres mundanos sobre los problemas que extravían la tranquilidad, las vidas y los bienes de quienes sólo reclaman, con legítimo derecho, que las autoridades cumplan con su deber y atiendan las tares a las que les comprometen las responsabilidades de los cargos públicos que buscaron con tanto afán.

Desde 2018 hasta marzo del 2023, durante la actual administración de Enrique Alfaro, en Jalisco, han sido exhumadas mil 559 personas encontradas en 135 de fosas clandestinas en diversos puntos de la entidad. Tan solo en Tlajomulco de Zúñiga, municipio emblemático para Movimiento Ciudadano, que lo gobierna desde el 2010 en forma ininterrumpida, se han encontrado 60 fosas clandestinas de las que se recuperaron los cuerpos de 556 personas asesinadas. La historia de Movimiento Ciudadano en Jalisco se empezó a escriturar en los comicios del 2009, cuando Enrique Alfaro Ramírez ganó la Presidencia Municipal de Tlajomulco. Todos estos datos los publicó el periódico Mural el 11 de abril del 2023.

La crisis de las desapariciones en Jalisco también recae en los menores de edad, cuyos casos aumentaron un 77 por ciento durante el Gobierno de Enrique Alfaro, en comparación con los últimos años del priista Aristóteles Sandoval. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) da cuenta, entre 2015 y 2018, de 308 víctimas menores de 17 años; durante la Administración de Alfaro, suman 545 menores desaparecidos entre 2019 y 2022, publicó Mural el pasado 27 de abril.

Entre diciembre de 2018 y abril de 2023, durante la actual administración de Enrique Alfaro, se han cometido en Jalisco 10 mil 643 homicidios dolosos, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta cifra ya rebasó los casos contabilizados en toda la Administración del anterior Gobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval, pues de enero de 2013 a noviembre de 2018, en Jalisco se registraron ocho mil 575 víctimas de homicidio. Se trata de 2 mil 68 asesinatos más en la gestión de Alfaro. Los datos que reflejan esta cruda realidad fueron publicados por Mural el pasado 23 de mayo del 2023.

La administración estatal encabezada por Enrique Alfaro suma 7 mil 584 personas desaparecidas, sin localizar, y 4 mil 10 cuerpos y secciones anatómicas en el Servicio Médico Forense (Semefo), de personas preidentificadas o no identificadas. Esta información, que dimensiona la profunda crisis forense en Jalisco, está publicada en la plataforma del Registro de Personas Fallecidas sin Identificar, entre el 6 de diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2023, documentó en su edición del pasado viernes 26 de mayo del 2023 el periódico tapatio El Diario-NTR.

En Jalisco no hay certeza sobre la cantidad de personas desaparecidas y no localizadas, porque el gobierno del estado aún no publica el Registro Estatal de Desaparecidos, y se dejó de alimentar el Registro Nacional desde marzo de 2022. En esa plataforma Jalisco sumaba, hasta el reciente 10 de mayo del 2023, un total de 15 mil 18 víctimas y, aún con el subregistro, la entidad continuaba en el primer lugar nacional, señaló el periódico Mural el pasada sábado 27 de mayo del 2023.

Desde los pasado días 21 y 22 de mayo están desaparecidas ocho personas que trabajaban en un call center en Zapopan, asunto en el que los gobiernos estatal y federal presumen que podría estar involcrado el crimen organizado. El pasado jueves 1 de junio del 2023 la Fiscalía de Jalisco informó que fueron encontradas 45 bolsas con restos humanos en una barranca junto a la Colonia Mirador Escondido, en Zapopan, y que sus características coincidían con las de algunos de los trabajadores de call center desaparecidos. Mucho antes de concluir las investigaciones las autoridades ya estaban criminalizando a las víctimas, con el deliberado propósito de estigmatizarlas, desacreditarlas y atemperar las protestas de familiares, amigos, y de la sociedad en general.

Además de ser un estado flagelado por la violencia de los homicidios dolosos, las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas y una severísima crisis forense, los jaliscienses de la zona metropolitana de Guadalajara padecen también los estragos de la depredación salvaje de los desarrolladores inmobiliarios, que al amparo del poder público destruyen el entorno amable y tradicional de Guadalajara y Zapopan. De ninguna manera es gratuito que en algunos ámbitos de la sociedad y la opinión pública se reclame que Jalisco está gobernado por “Movimiento Inmobiliario”.

Desde sus tiempos como alcalde de Guadalajara, electo para el periodo de octubre del 2015 a septiembre del 2018, la administración emecista de Enrique Alfaro Ramírez mostró una particular predilección por legalizar lo irregular, al olvidar su compromiso de que el cumplimiento de la ley sería el imperativo ético de su gobierno, al darle una generosa salida a los empresarios inmobiliarios que, sin mayor recato y mucha voracidad, violan las normas urbanas.

El 8 de abril del 2017 el periódico Mural publicó que la regulación de edificios “chuecos” a cambio de una compensación iba en aumento en Guadalajara. Desde abril del 2016, al amparo del Reglamento de Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas, habían sido legalizadas 38 construcciones ilícitas, que generaron al Ayuntamiento tapatío -encabezado por Alfaro- un ingreso de 62 millones 890 mil pesos por concepto de indemnización, aunque estos proyectos inmobiliarios hayan redundado en perjuicio de sus vecinos.

En contraste, en la Ciudad de México, la secretaria de Gobierno de la Administración capitalina, Patricia Mercado Castro, anunció el 30 de junio del 2017 la demolición de pisos irregulares en 11 delegaciones: 32 obras con un total de 66 pisos excedentes. Meyer Klip, titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) del gobierno de la Ciudad de México señaló que, además de pagar la demolición a través de un crédito fiscal que sería cobrado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, cada uno de los infractores pagaría una multa de 110 mil pesos.

El 10 de julio del 2017 se publicó en Mural que un edificio de oficinas en Colomos Providencia, que se construyó con una altura de 5 pisos en una zona en la que sólo se permitían 2 pisos, tenía como socio a José Mauro Garza Marín, entonces presidente del Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex).

Pero no hubo ningún problema, porque la coordinadora de Gestión Integral de Guadalajara, Martha Patricia Martínez Barba, dijo que podría entrar al esquema de Compensación, Indemnización y Mitigación. Es decir, pagaría una multita y todo quedaría arreglado. Garza Marín es actualmente diputado federal por el partido Movimiento Ciudadano, el mismo donde manda el ahora gobernador Enrique Alfaro.

Las administraciones de Movimiento Ciudadano en la zona metropolitana de Guadalajara y el Gobierno estatal que encabeza Alfaro Ramírez han privilegiado, desde su arribo al poder en la capital tapatía, en los comicios del 2015, el impulso a los negocios inmobiliarios, autorizando cambios de uso de suelo y licencias de construcción, en perjuicio de los vecinos.

Uno de los casos emblemáticos fue la cesión irregular de un predio municipal en el que se construye un desarrollo inmobiliario denominado Iconia, que despertó protestas de vecinos y estudiantes en Huentitán, que exigen que en lugar de urbanizar esos terrenos debería construirse un parque de uso público.

“Enrique Alfaro Ramírez regaló el predio de Iconia a particulares sin que cumplieran con las obras de contraprestación. La privatización se registró en 2017, apenas unos meses después de que el Ayuntamiento de Guadalajara validara la transferencia de los derechos y obligaciones de Puerta Guadalajara a la empresa Operadora Hotelera Salamanca (OHS), desarrolladora del proyecto inmobiliario”, publicó el 13 de enero del 2023 el periódico El Diario-NTR.

En el más reciente caso, el Gobierno de Guadalajara que encabeza Pablo Lemus Navarro, con el respaldo de la administración estatal de Alfaro Ramírez, usaron fuerza policiaca y construyeron un cerco de malla metálica para evitar las protestas de los vecinos y la interrupción de las construcción de un colector en el Parque San Rafael, al oriente de la capital tapatía, porque los habitantes de la zona presumen que se les despoja de un área verde para favorecer un proyecto inmobiliario de Grupo San Carlos.  El proyecto Gran San Rafael contempla la construcción de 13 torres, con un total de mil 200 departamentos, que se calcula serán habitados por aproximadamente cuatro mil 200 personas.

Jalisco es un paraíso para los negocios inmobiliarios, aún cuando sean en detrimento de la calidad de vida de los pobladores originarios de las colonias afectadas. Jalisco padece una crisis de inseguridad, de desaparecidos, forense y de violaciones de derechos humanos.

Autoritario, irascible, represor, insensible, frívolo, superficial, son adjetivos que describen la conducta pública del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien en su desmesura y megalomanía, advierte que no se le debe descartar como potencial candidato a la Presidencia de la República en el 2024.

Pedro Mellado Rodríguez

https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado

Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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