Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– Faltan cuatro días para que se realicen comicios electorales en 14 entidades del país y la violencia ha sido una de las constantes durante el proceso para elegir puestos de elección popular. En estados céntricos como Guerrero y Morelos, la inseguridad tiene un común denominador: son entidades gobernadas por perredistas.

En el caso de Guerrero, –bajo el mandato de Ángel Aguirre Rivero– fueron secuestradas 17 personas en diversos puntos del municipio de Cocula.

Por su parte, en Morelos, fue encontrado el cuerpo de Dax Rodríguez Ledesma, uno de los dueños del Bar Heaven, donde desaparecieron 12 jóvenes el pasado 26 de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que junto al cuerpo de Rodríguez Ledesma se encontraron dos cadáveres más que corresponden a la pareja sentimental del occiso y otra mujer más.

De acuerdo con informes de la Procuraduría, el 20 de junio un grupo de hombres armados los siguió hasta el cine, los interceptó cuando se retiraban y se los llevó en varios vehículos.

El 22 de junio se hallaron los cuerpos calcinados en un camino de terracería, en la comunidad de Coajomulco, a 150 metros de oficinas municipales de Huitzilac, en Morelos.

También en la entidad gobernada por Graco Ramírez, por la tarde se había informado que al menos diez niños habrían sido secuestrados de un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi), ubicado en el poblado de Chamilpa de la Colonia Cuauhtémoc en Cuernavaca. Sin embargo, más tarde  Jorge Messeguer Guillén, secretario de Gobierno de Morelos, aclaró que se trató de un engaño.

“No se trató de un secuestro, sino de un engaño telefónico. Los amenazan, que hay gente armada afuera, que van a entrar a la escuela y mediante engaños fabrican la historia”, dijo  Messeguer Guillén.

Apenas el fin de semana, miles de morelenses participaron en una marcha silenciosa para exigir a las autoridades de la entidad mayor seguridad.

El domingo, el poeta Javier Sicilia y otros activistas marcharon para exigir seguridad, paz y justicia.

Los manifestantes de la Marcha Familiar en Silencio por la Paz acusaban el alza en los secuestros y los asesinatos en la entidad y la falta de resultados por parte de las autoridades.

“Basta de secuestros, trabajen por la seguridad de todos y por su sueldo”, “Estamos hasta la madre”, “Estamos hartos de secuestros”, “Alto a la inseguridad”, “Morelos primer lugar en inseguridad ¿hasta cuándo?”, eran algunas de las pancartas de las familias, que vistieron de blanco.

Graco Ramírez, Gobernador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), respondió que “está canijo” cambiar la situación del estado sin “una varita mágica”.

El mandatario morelense reconoció tener vergüenza de que sigan ocurriendo delitos de alto impacto en el estado, y aseguró que está haciendo todo su esfuerzo para que la situación cambie en Morelos.

“Estoy trabajando para eso, no soy negligente, estoy trabajando para eso, todos los días, para que esos casos no vuelvan a ocurrir, pero son cada vez la excepción, no la regla”, dijo el Gobernador perredista.

GUERRERO

César Miguel Peñaloza, Alcalde de Cocula, Guerrero, informó que desde el pasado  domingo arribaron varios vehículos a algunas casas de los habitantes para sacar a algunas personas y llevárselas.

De acuerdo con información periodísitica, un grupo de al menos 50 personas que viajaba en 10 vehículos secuestraron a hombres y mujeres de entre 22 y 25 años.

También, el pasado 6 de junio el Alcalde priista Miguel Peñaloza fue atacado por un grupo de sicarios en una brecha de terracería entre las comunidades de Nuevo Balsas y Las Mesas.

Apenas el 21 de junio pasado, elementos de la Policía Ciudadana en la Costa Grande de Guerrero bloquearon la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo para exigir al gobierno una mayor seguridad en la zona.

Los civiles armados colocaron retenes en los poblados de San Luis la Loma, San Luis San Pedro, la colonia 20 de Noviembre y Nuxco, todos ubicados sobre la carretera federal Acapulco- Zihuatanejo.

Según prensa local, el presidente de la Alianza de Derechos Humanos “Guerrero Unido”, Leopoldo Soberanis Hernández, dijo que se decidió bloquear la vía federal para que los habitantes supieran de la presencia de este grupo de autodefensa, al igual que las autoridades, de las cuales aseguró “nunca quisieron hacer algo para frenar la violencia”.

Soberanis Hernández, denunció que tiene un registro de 45 muertos, en su mayoría trabajadores de las empacadoras de mango, y de 28 desaparecidos, de los cuales los últimos ocurrieron el 19 de mayo.