Al cumplirse dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y un año con seis meses en la Presidencia de la República, el mandatario festina lo que para él son los grandes resultados en beneficio del país. Sin embargo, en su discurso –un recuento de todo lo que ha dicho en este tramo de tiempo– incurre en mentiras, sobre todo, cuando afirma que él ha garantizado la gobernabilidad y la paz social.

Ni bien terminaba de exponer lo que según él son las bondades de su Gobierno cuando en Guanajuato –un territorio gobernado por el crimen organizado– un grupo armado irrumpía en un centro de rehabilitación de adictos a las drogas y daba muerte a 24 personas, una verdadera masacre, la más numerosa del sexenio que se ha ejecutado en un solo evento.

Por si fuera poco, la economía está en picada, en abierta caída libre, sin inversiones, con aguda desconfianza en el territorio nacional y en el Gobierno por sus desatinos y las constantes arremetidas al sector empresarial, considerados enemigos del régimen.

Tanto la Coparmex como otras organizaciones empresariales han manifestado su desconfianza en el Gobierno. “El capital se invierte donde hay oportunidades y confianza”, han dicho.

Con independencia del desastre económico que enfrenta el país, causado por la pandemia del coronavirus pero también por las erróneas políticas públicas, el grave problema que puede sepultar a la llamada Cuarta Transformación es la inseguridad pública con su violencia atroz que ya perturba a todo el territorio. No existe un solo rincón del país que esté libre de narcotráfico, drogas, extorsiones, secuestros, asesinatos múltiples y miedo.

López Obrador no ha podido garantizar la paz social que presumió en su informe del 1 de julio porque simplemente no ha hecho nada para lograrlo. Dentro y fuera de México está fuertemente cuestionada su política de combate al crimen organizado. Ningún Gobierno del mundo ha bajado los brazos ante la criminalidad como lo ha hecho López Obrador. Por eso se asegura reiteradamente que el Presidente pactó con el narcotráfico para llegar al poder. No se entiende de otra manera su ineficacia y la despreocupación por este flagelo.

Así se derrumbe el país, López Obrador no cambia su posición de seguir tolerando al crimen. No se entiende por qué no utiliza los recursos del Estado, menos, aún, por qué no pone en marcha una política integral contra la mafia que implique el combate al lavado de dinero, atención social, empleo, desmantelamiento patrimonial del crimen organizado –y de su cerco protector conformado por políticos y empresarios– y de una vez por todas pone fin a esta pesadilla.

El viernes de la semana pasada el narcotráfico dio muestras de su gran poder en la Ciudad de México. El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) contrató a 30 sicarios para asesinar a Omar García Harfush, Secretario de Seguridad Pública Ciudadana de la capital del país.

Lo esperaban en la ruta habitual que todas las mañana tomaba para asistir a las reuniones de seguridad con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbum. Lo atacaron a balazos, en una acción nunca antes vista en la Ciudad de México, algo muy parecido a lo que ocurría en Colombia durante los aciagos tiempos de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes de los cárteles de Medellín y Cali, respectivamente.

Del equipo de García Harfush murieron su jefe de escoltas y un chófer; el funcionario resultó herido. De inmediato, el hijo de Javier García Paniagua –un político priista de negro historial, ya fallecido– responsabilizó del ataque al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización criminal que enfrenta divisiones y luchas internas por el liderazgo, ya que se afirma que su jefe –Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”– estaría postrado por una enfermedad renal.

Respecto del ataque a García Harfush existen dos versiones: que el ataque que sufrió lo orquestó el CJNG –que opera en la Ciudad de México en sociedad con el Cártel Unión Tepito– y que el funcionario, que tiene una historia plagada de claroscuros debido al caso Ayotzinapa y a una investigación de Estados Unidos por presuntas irregularidades en su desempeño– estaría vinculado a un cártel rival del que encabeza Oseguera Cervantes.

Ambas hipótesis son lógicas. García Harfush ha golpeado al Cártel Unión Tepito desde que llegó al cargo, en octubre de 2019. Este grupo criminal, uno de los más peligrosos que operan en la Ciudad de México, tiene una sociedad con el CJNG. Ambos controlan el trasiego de droga, las extorsiones, secuestros y otros delitos en el Estado de México y la capital del país.

Es lógico que si los intereses del CJNG han sido golpeados, el grupo criminal se ve obligado a reaccionar con lo que mejor sabe hacer: con violencia. De ahí el ataque armado.

Por otra parte, en lo que va de la actual administración, el CJNG es el único grupo criminal que ha sido combatido. Le han asegurado cientos de cuentas a empresas presuntamente ligadas a la organización de “El Mencho”, algo que, por ejemplo, no vemos en el caso de Sinaloa, el cártel que encabezan los amigos del Presidente.

Además, aunque pareciera insignificante, el saludo de López Obrador a la madre de “El Chapo”, doña Consuelo Loera, tuvo diferentes lecturas. Para el mandatario, este hecho fue una suerte de cortesía, un gesto de amabilidad. Sin embargo, para el crimen organizado –donde el lenguaje es totalmente subjetivo a grado tal que dan como un hecho sus propias suposiciones– el mensaje indica que entre Sinaloa y el poder presidencial existen líneas de entendimiento, versión que se robustece, por ejemplo, con el trato preferencial que ha tenido ese cártel.

A pesar del espectacular ataque contra García Harfush y las amenazas de muerte que pesan contra varios funcionarios del Gabinete, el Presidente López Obrador no efectuó ningún cambio en su política antidrogas. El Gobierno seguirá actuando igual y está claro que ningún cártel será perseguido ni molestado. En resumen, el Gobierno les garantiza total impunidad frente a sus acciones, parece ser el mensaje oficial. Pueden matar, violar, descuartizar y asesinar a funcionarios y no pasa nada: existe la garantía de que el Gobierno no actuará en consecuencia. La palabra del Presidente está empeñada y él sabe cumplir.

Dice el Presidente López Obrador que en un siglo él ha sido el Presidente más insultado de la historia y que, ante ello, ha sido tolerante y no se ha censurado a nadie. Pero olvida que también es el único Presidente de la historia que ve cómo el crimen organizado asesina a la gente de su pueblo y no mete ni las manos. A veces se extraña y lamenta lo sucedido, pero hasta ahí.

En estricto sentido, el informe presidencial del 1 de julio estuvo inflado en varias de sus partes medulares. En economía todo va bien, reconoce pérdidas de empleo pero asegura que se recuperará el país en este mes de julio. Otro éxito es el combate a la corrupción –no obstante los escándalos de Manuel Bartlet e Irma Eréndira Sandoval– y en materia criminal se atrevió a decir que él ha garantizado la paz social.

¿Es consciente el Presidente de lo que ha dicho? ¿Pensará antes de hablar o miente en forma mecánica?

La realidad es muy clara: el país está en manos del crimen, por ello, no puede haber gobernabilidad. Tampoco combate a las mafias porque, pese a que dispone de todo el poder, ante los narcos López Obrador baja la cabeza.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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