Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– Vecinos de la Delegación Benito Juárez que se oponen a la construcción del Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac denunciaron este día que durante la madrugada fue desalojado violentamente el campamento que mantenían en las inmediaciones de la obra desde el pasado 26 de agosto. El Gobierno del Distrito Federal (GDF) desplegó entre 300 y 500 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
Dijeron que las autoridades, encabezadas por Miguel Ángel Mancera y Patricia Mercado, Jefe de Gobierno y Secretaria de Gobierno respectivamente, intentan imponer, con policías y de noche, un proyecto que beneficia a empresas y no a la comunidad.
En imágenes difundidas por los vecinos, tomadas durante la madrugada, se aprecia a agentes de Tránsito en la zona de la obra. Sin embargo, los vecinos acusaron que se trataría de granaderos disfrazados, como expresó Francisco Rodríguez, vecino de la Delegación.
Rodríguez acusó también que el gobierno ha actuado de manera impositiva y simulada porque no les han entregado toda la información requerida ni se hizo una consulta como ellos han solicitado. Consideró como un acto de “represión” el desalojo de esta madrugada.
Además de los vecinos, fue agredida la Diputada local electa Citlali Hernández Mora, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político que respalda a los vecinos opositores al proyecto, así como a tres integrantes de su equipo de trabajo.
Hernández Mora relató que fue pateada por los agentes policiales y agredida verbalmente. La legisladora electa subrayó que lo preocupante es que el desalojo es parte de un clima de agresiones que ha caracterizado a este gobierno capitalino.
También denunció que vecinos han sido hostigados, además de que no se ha atendido su petición de ser consultados adecuadamente.
El coordinador parlamentario de Morena, César Cravioto, pidió la renuncia del Secretario de Seguridad Pública capitalino y exigió una explicación de lo ocurrido, así como que la Secteraria de Gobierno, Patricia Mercado, se acerque a dialogar con los vecinos.
Cravioto dijo que el gobierno del Distrito Federal tiene que recapacitar la manera en que se conduce con los ciudadanos.
“Lo que ocurrió esta madrugada va en contra de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación que cualquier persona tiene”, dijo.
Agregó que esperan una respuesta y una disculpa del Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y de la Secretaria de Gobernación, así como que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inicie una investigación sobre este hecho.
Francisco Rodríguez refirió que a las 2:24 horas de la madrugada los vecinos que estaban en el campamento avisaron a otros vecinos de la presencia de los policías. A esa hora ocurrió el desalojo, tras lo cual las maquinarias que se encontraban en el área de la obra fueron encendidas.
Los vecinos fueron agredidos verbalmente por los policías y golpeados, de acuerdo con Rodríguez. También fue destruída la carpa que mantenían en el lugar para resguardarse. Los policías acordonaron el área de la obra, así como las calles aledañas, a fin de impedir que se acercara más gente, detalló el vecino de la Delegación.
Por la mañana, los colonos se comunicaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para solicitar su intervención, pero una empleada identificada como Itzel Valle rechazó atender su petición.
“PARA RESGUARDAR LA ZONA”
El GDF informó esta tarde en un comunicado –mientras se desarrollaba la conferencia de vecinos– que “hasta la fecha se han realizado 16 modificaciones al proyecto original a partir de las observaciones que fueron aportadas durante las más de 80 reuniones y 35 recorridos con vecinos y vecinas interesados en el proyecto”.
“Además, el día de ayer como parte del compromiso de diálogo con la ciudadanía, se entregó respuesta a vecinos y vecinas, quienes plantearon una serie de dudas a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, durante la reunión que sostuvieron con ella la semana pasada”, agregó.
Finaliza diciendo que “para continuar con los trabajos de construcción, el área ha sido resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de garantizar el tránsito seguro de vecinos y trabajadores”.
EL RECHAZO A LA OBRA
La obra, que consiste en un doble túnel vehicular en la intersección de las avenidas Insurgentes y Mixcoac, ha sido rechazada por vecinos de la zona, quienes consideran que la obra no resolverá el problema de tránsito vehicular y, por el contrario, sí afectará negativamente el medio ambiente por la tala de árboles de implica.
A partir de estas inquietudes de los vecinos, el Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la UCCS, encabezado por el biólogo Fernando Tapia Córdova, revisó la Resolución Administrativa SEDEMA/DGRA/DEIA/014804/2014, con la que la Sedema avaló el proyecto llamado “Fase 2 Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac”.
En su revisión llamada “Consideraciones sobre el arbolado que se pretende derribar para la construcción del proyecto ‘Fase 2 Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac’”, el grupo encontró que, según lo estipulado en ese documento, para compensar la tala de 855 árboles la empresa promovente del proyecto debe pagar 4 millones 684 mil 56.9 pesos al Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, un fideicomiso público a cuya cabeza está el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, cuya suplente es la Secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller García.
Es decir que por cada uno de los árboles que serán derribados, la empresa tendría que pagar 5 mil 478.42 pesos, cifra que es entre 6.4 y 25.5 veces menor que la multa prevista en el Código Penal para el Distrito Federal por derribar un árbol de forma ilegal.
El artículo 345 bis del Código Penal local estipula que a quien derribe, tale u ocasiones la muerte de uno o más árboles ilícitamente se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa.
Tomando como base la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México prevista para 2015, esa sanción equivaldría a entre 34 mil 975 y 139 mil 900 pesos, es decir una cantidad superior a la que cuesta derribar un árbol de forma legal.
Pero de acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012, la tala de árboles para la construcción de obra, ya sea pública o privada, está permitida. Es decir, que conforme a esta norma, se pueden derribar árboles sanos si es para el desarrollo de obras públicas o privadas, como es el caso del Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac, promovido por la Secretaría de Obras y Servicios.
La diferencia entre talar un árbol de forma legal o ilegalmente no fue lo único que analizó el UCCS, sino también la diferencia entre lo que el promovente del proyecto pagará para compensar las perdidas asociadas a su tala y lo que ganará. Si se considera que se usará apenas el 1 por ciento para compensar las perdidas asociadas a la tala de árboles, la cantidad de dinero y de acciones de compensación son insuficientes, de acuerdo con el análisis de la UCCS.
El tema del dinero no es lo único respecto a lo cual el Grupo de Análisis hizo observaciones.
También detectó que la obra afectará un total de 14 mil 943.77 metros cuadrados de área verde, principalmente en la delegación Benito Juárez. Se trata de la demarcación con el peor déficit de área verde por habitante en el Distrito Federal: 2.9 metros cuadrados de área verde por persona, de acuerdo con datos de la Sedema de 2012 citadas por la UCCS.
Se trata de una cifra de entre 3.1 y 4.1 veces menor a la que recomiendan los estándares internacionales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que debe ser de entre 9 y 12 metros cuadrados por habitante.
