José Antonio Meade no será investigado por la Fiscalía General de la República, esto porque el juez que lleva el caso contra Rosario Robles se abstuvo de solicitar que ella entregue copia certificada del acta de entrega-recepción de la extinta Secretaría de Desarrollo Social, documento que la ex funcionaria dio a Meade cuando él la relevó en la titularidad de dicha Secretaría.

Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- El juez que lleva el caso contra Rosario Robles Berlanga, ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), resolvió no solicitar la copia certificada del acta de entrega-recepción que la ex Secretaria de Estado dio a José Antonio Meade Kuribreña cuando él la relevó en la titularidad de dicha dependencia. Con lo que se abstuvo de sugerir a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación contra Meade.

“Se deja sin efectos el requerimiento de 13 de agosto de 2019 realizado a Rosario Robles Berlanga. Es claro que la causa penal no involucra a José Antonio Meade Kuribreña como sujeto activo, o bien, sea objeto de la investigación complementaria; así tampoco, se refiere a la temporalidad en que él ocupó la Sedesol. De ahí que, se concluye que el documento refiere a hechos ajenos a la litis de este asunto y a terceras personas ajenas a ellos”, se lee en la resolución del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

El pasado 14 de agosto, este diario informó que el juez Delgadillo Padierna, quien lleva la causa contra Rosario Robles, ordenó formalmente a la FGR que determinara si el ex Secretario de Estado, y ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sería investigado por presuntas omisiones que permitieron desvíos millonarios en la Sedesol.

“Por lo expuesto en audiencia, se requirió a la Fiscalía Federal, con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, por las mismas omisiones imputadas”, señala el documento en el que se establece el auto de vinculación a proceso contra Robles Berlanga.

La declaración surgió después de que los abogados de Rosario Robles dijeran que contaban con pruebas de que su clienta le avisó a Meade Kuribreña que había pendientes por solventar en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que de ello quedó constancia en las actas de entrega/recepción de la Sedesol.

El Juez, sin embargo, consideró que era evidente que “José Antonio Meade sabía de los hechos” pero que no informó a Peña Nieto. “Se le puede imputar esa omisión”, dijo el juzgador. Agregó que solicitaría el acta de entrega/recepción de la Sedesol donde se encuentra el dato de que avisó a Meade. “Ese dato de prueba es una joya y no lo trajeron aquí por casualidad”.

ROSARIO OBTIENE SUSPENSIÓN 

El pasado 30 de agosto, un Juez de control otorgó a Rosario Robles una suspensión por tiempo indefinido que la obligaba a entregar elacta de entrega-recepción de la titularidad de la Sedesol a su sucesor, José Antonio Meade.

El documento había sido calificado por el Juez Delgadillo Padierna como una “joya”. Consideró que era evidente que “José Antonio Meade sabía de los hechos” –refiriéndose a los desvíos por los que Robles Berlanga es investigada– pero que no informó a Peña Nieto.

“Se le puede imputar esa omisión”, dijo el juzgador. Agregó que por ello solicitó el acta de entrega/recepción de la Sedesol donde se encuentra el dato de que avisó a Meade. “Ese dato de prueba es una joya y no lo trajeron aquí por casualidad”, externó y dio de plazo para que ese documento se entregara el viernes 16 de agosto.

MEADE NO ES INVESTIGADO: NIETO  

El pasado 16 de agosto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que hasta ese momento no existía una investigación abierta que involucrara al ex candidato presidencial.

En declaraciones hechas a medios de comunicación, Nieto Castillo negó tambien que el ex titular de la Sedesol esté involucrado en el caso de uso indebido de funciones por el que es investigada Rosario Robles.

 “Quiero ser enfático en esto: José Antonio Meade no se encuentra investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera. No tenemos nosotros en nuestra información nada que lo vincule al caso Robles. Se trata de responsabilidades de la señora Robles durante su ejercicio como secretaria”, dijo Nieto.

Agregó que próximamente la dependencia a su cargo presentará una  denuncia ante la FGR en contra de Robles Berlanga.

Finalmente, Santiago Nieto explicó que la unidad a su cargo recibió información sobre 150 convenios firmados entre la Sedesol y universidades públicas que subcontrataron empresas fantasma en procesos de adjudicaciones directas.

LOS CONVENIOS CON MEADE

Dos convenios implicados en el desvío multimillonario detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el cual, Rosario Robles Berlanga fue vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, se efectuaron durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña al frente de la Sedesol, consta en los registros que dejaron ambos funcionarios de sus administraciones en el Portal de Obligaciones y Transparencia, así como Compranet.

Si bien fueron autorizados cuando Robles Berlanga era la titular de la Sedesol, parte de los servicios contratados a través de ambos convenios se efectuó entre agosto y diciembre de 2015, cuando en la silla principal de la dependencia se encontraba Meade Kuribreña, quien después fuera candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la campaña electoral por la Presidencia de la República en 2018.

Se trata de los convenios 102293 y 102294 con la Universidad Intercultural del Estado de México y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, respectivamente. Ambos, fueron signados para “coordinar proyectos con otras instituciones académicas” en regiones vulnerables por carencia alimentaria justificados en la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar para disminuir la miseria del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Los dos convenios, que suman 57 millones 298 mil 440 pesos, están mencionados en las carpetas de investigación que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) abrió el año pasado, derivadas de 14 auditorías a la gestión de Rosario Robles en la Sedesol por el presunto desvío de 831 millones 141 mil 905 pesos.