El ingeniero Jesús Javier Ramos Arreola –opositor de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México– vivió durante 30 años en el municipio de Tlalmanalco; llegó desde el estado de Chihuahua para cumplir con su servicio social y decidió quedarse en el Estado de México para iniciar un proyecto de reforestación. Más tarde se involucraría en la defensa del territorio a partir de la protección del cerro del Tenayo, uno de los cien devastados por la construcción del NAIM.

Antes de morir, presuntamente interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México por un posible desvío de recursos de 500 millones de pesos en el municipio de Tlalmanalco. El recurso imputaba la posible participación de quién fuera presidente ejidal, José María Alfaro Reyes, en la venta de materiales pétreos –provenientes de la explotación del cerro del Tenayo- a la empresa Coconal para su uso en las obras del NAIM.

De enero a julio de 2018 el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” tenía registradas dos acciones urgentes para la protección de opositores al nuevo aeropuerto. Pasadas las elecciones presidenciales el número aumentó al triple.

Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).- La noche del 28 de septiembre un desconocido tocó a la puerta de Jesús Javier Ramos Arreola –activista y opositor de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)– y, sin más, le dio un disparo en la cabeza que más tarde le quitó la vida.

El tiro fue escuchado por los familiares del defensor de la tierra y el bosque. Corrieron para asistirlo. No pudieron ver la identidad del agresor. Javier Ramos no murió al instante, pero no logró sobrevivir al trayecto hacia el Hospital de Amecameca, en el Estado de México.

Un meses atrás, el ingeniero forestal se había unido a la Plataforma Organizativa contra el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Su experiencia le había advertido que la obra de infraestructura representaba un riesgo real para los territorios de la Cuenca, por lo que a sus 59 años no dudó en unirse a los opositores.

El ingeniero Ramos vivió durante 30 años en el municipio de Tlalmanalco; llegó desde el estado de Chihuahua para cumplir con su servicio social y decidió quedarse en el Estado de México para iniciar un proyecto de reforestación. Más tarde se involucraría en la defensa del territorio a partir de la protección del cerro del Tenayo, uno de los cien devastados por la construcción del NAIM.

“Jesús siempre defendió el bosque, ahí estaba su corazón. Y mire donde vino a dejar su corazón”, aseveró su hermano Ramiro Ramos, en entrevista para SinEmbargo.

Antes de morir, presuntamente interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Justicia del Estado de México por un posible desvío de recursos de 500 millones de pesos en Tlalmanalco; requerimiento que se encuentra en resguardo por la importancia del tema. Los familiares que coadyuven como víctimas podrían obtener una copia.

El recurso imputaba la posible participación de quien fuera Presidente ejidal, José María Alfaro Reyes, en la venta de materiales pétreos –provenientes de la explotación del cerro del Tenayo- a la empresa Coconal para su uso en las obras del NAIM.

Su amigo y compañero de protesta, Jesús Cervantes, aseguró que el ingeniero contaba con las pruebas suficientes para comprobar el fraude hecho por el presidente de los ejidatarios, por lo que, insistió en que una de las líneas de investigación del asesinato debe contemplar su actividad jurídica.

Para Cervantes la muerte de Jesús Ramos representa la pérdida de “un testimonio fundamental por la lucha del Tenayo” y la protección del Santuario del Agua que comprende la porción Norte, Noreste y Noroeste del Estado de México.

Su asesinato se encuentra inscrito en una serie de agresiones efectuadas contra los comuneros del Lago de Texcoco que iniciaron en el año 2002, cuando el Presidente en turno, Vicente Fox Quesada, anunció la realización del megaproyecto aeroportuario.

En opinión de José Antonio Lara Duque, presidente del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, el asesinato es parte de la “historia de 17 años de agresiones físicas, sexuales y de privaciones de la vida, que tuvieron como punta del iceberg los acontecimientos de Atenco en el año 2016”.

La organización de derechos humanos ha hecho un llamado urgente a las autoridades para que investiguen y consideren las amenazas recibidas por Ramos desde la denuncia realizada en agosto; para que no persistan los casos de violencia contra defensores de derechos humanos de la región en aumento desde julio del 2018.

NAIM: PROYECTO DE MUERTE PARA DEFENSORES

De enero a julio del 2018 el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” tenía registradas dos acciones urgentes para la protección de opositores al nuevo aeropuerto. Pasadas las elecciones presidenciales el número aumentó al triple.

Lara Duque explicó que los ataques responden a una coyuntura en la que la cancelación del aeropuerto, planteada por el nuevo gobierno, se ha convertido en una posibilidad real que presiona y acrecienta los conflictos de interés y los riesgos por su oposición.

Los ataques contra los pobladores del oriente del Estado de México han ido creciendo de manera escalonada: desde agresiones físicas que continúan con detenciones arbitrarias hasta privaciones de la vida, como es el caso de Jesús Javier Ramos Arreola que a penas un mes atrás se había unido al frente opositor.

“Pensaron que el asesinato de Jesús era el de menor costo político”, explicó Lara, mientras insistía en recordar el caso dentro de un contexto de “muerte y represión”.

El presidente de la organización sostiene que continuar con el proyecto tiene fuertes implicaciones sociales que se encuentran “invisibilizadas” pero que deben ser consideradas para la cancelación.

“Si no suspende la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ese aeropuerto será construido sobre la vida y sangre de los defensores de derechos humanos y del territorio”. José Antonio Lara Duque.

El pasado 1 de octubre, el “Zeferino Carpinterio” anunció la solicitud formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la vida de los mexiquenses frente a la defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente.