La activista denunció que a pesar de que está en el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, los ataques mediáticos en su contra y amenazas son constantes.
Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– Martha Esthela Solórzano Martínez, defensora de derechos humanos en San Luis Río Colorado, Sonora, vive bajo amenaza por denunciar abusos y arbitrariedades de la policía municipal y estatal.
La activista denunció en entrevista con SinEmbargo que a pesar de que está en el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas los ataques mediáticos en su contra y amenazas son constantes.
Solórzano es originaria de Jalisco, pero la mitad de su vida ha radicado en Sonora, donde ejerce su activismo. Desde su llegada a San Luis Río Colorado, en el año 2000, la mujer comenzó a denunciar que los policías locales extorsionan a los pobladores, realizan detenciones arbitrarias y ha acusado que en las celdas han muerto personas detenidas, presumiblemente por actos de tortura.
“En el año 2010, los policías provocaron la muerte de una joven de 19 años en las celdas municipales, dijeron que ella se había muerto, y entonces organizamos marchas, el 10 de agosto de ese año”, platicó la activista.
Martha Solózano señaló que su labor en la defensa de derechos humanos provocó que su hijo fuera detenido injustamente. El 9 de octubre de 2012, Jorge Zavala Solórzano fue detenido, consignado y procesado mediante la fabricación de diversos delitos por parte de tres policías que pertenecen a la Jefatura de Policía y Tránsito Municipal de San Luis Río Colorado en el estado de Sonora. Jorge fue sentenciado a 11 años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego sin licencia, delito de homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad por parte del Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal.
Martha luchó por demostrar la inocencia de su hijo y liberarlo de los cargos que se le imputaban con base a testimonios plagados de contradicciones, además de no ser suficientes para acreditar la plena responsabilidad penal de Jorge Luis.
El 10 de octubre de 2014, el Juez Cuarto de Distrito en el estado de Baja California, Mario Alejandro Moreno Hernández, determinó que Jorge no era penalmente responsable de los delitos que se le acusaban y le otorgó la libertad.
“Mi hijo fue preso político. Batallé mucho para sacarlo con apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Propuesta Cívica. Duró más de dos años en prisión donde su vida estuvo en peligro”, platicó.
A pesar de las amenazas y que su hijo ya había sido víctima de las represalias contra la defensora, Martha siguió con su trabajo en la denuncia de homicidios o desapariciones en los que estarían involucrados policías estatales o municipales en San Luis Río Colorado, Sonora.
“Mi trabajo es por justicia. Yo no puedo quedarme callada al ver tantas cosas que hacen los policías”, dijo.
El activismo de Martha logró que en el año 2018 tres policías fueran sentenciados por el asesinato de Genaro Ruiz Arce, un hombre detenido por la policía de Navojoa el 2 de mayo de 2018 y que fue encontrado sin vida en los separos. Aunque las autoridades inicialmente alegaron que su muerte fue por suicidio, se logró comprobar que Genaro murió a consecuencia de golpes y tortura.
Martha Solórzano platicó que el año anterior estuvo en Dublín con diversos defensores. Duró algunos meses en el extranjero, sin embargo, al regresar a México, en noviembre de 2019, las amenazas y agresiones por redes sociales, así como en medios locales, se acentuaron.
El 18 de diciembre de 2019 desaparecieron a su sobrino Enrique Beltrán Solórzano. Tres vehículos llegaron a su domicilio, sometieron al joven, lo golpearon y se lo llevaron. “Desde entonces no sabemos de él”, platicó la activista.
Martha está convencida que la desaparición de su hijo está relacionada con su labor de defensa. “Mi sobrino es una persona humilde, es mecánico. Yo tengo mucha rabia y mucho dolor, por la desaparición de mi sobrino”, añadió.
De acuerdo con Martha, testimonios apuntan que las personas que se llevaron a su hijo eran policías vestido s civil.
“Hace como tres meses me volvieron a marcar para decirme que una joven de 18 años, de nombre Cielo, fue hallada muerta en lo que lo llamo ‘Las celdas de la muerte’. Dijeron que ella se ahorcó con su blusa y yo de nuevo salí a denunciar”, relató.
Martha exigió una aclaración e investigación en la muerte de la joven detenida, quien estaba en condición de calle. Ello le valió que regresaran las amenazas.
El domingo 30 de agosto, un amigo muy allegado a Martha fue detenido de manera arbitraria y golpeado, aseguró la defensora. “Le pusieron una golpiza y por poco pierde la vida”, relató.
Martha se movilizó para acudir en apoyo a su amigo Carlos y levantar una denuncia formal contra el policía que lo detuvo y golpeó. La mujer exige una investigación a fondo en la policía de San Luis Río Colorado y una depuración de los policías.
Las amenazas se agudizan conforme pasan los días y Martha dijo que, aunque cuenta con seis escoltas, teme por su vida.
La preocupación y miedo de Martha se incrementa luego que se dio a conocer que el Fondo de Protección a Defensoras y Periodistas es uno de los 109 fideicomisos que el Gobierno federal quiere eliminar.
RETIRAR EL FONDO DE PROTECCIÓN
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, dijo a SinEmbargo que eliminar el fondo de protección afectará la operatividad del Mecanismo de Protección de Defensores.
“Con el retiro de estos recursos el mensaje de Gobierno federal es muy claro: no le interesan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en un país que se cataloga como el más peligroso para ser defensor y periodista. Hay un desdén. Ahora el Presidente [Andrés Manuel López Obrador] abiertamente muestra su animadversión por periodistas y defensores. No le importa proteger la vida e integridad de periodistas, ni de defensores. Y esto también manda un mensaje muy claro de donde están las prioridades del Gobierno”, expresó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó un llamado urgente a los legisladores del Congreso de la Unión para que aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, pues coincidió en que la extinción del fideicomiso limitaría la operatividad y capacidad de respuesta para implementar medidas de protección y auxilio para las víctimas.
“Autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de éste, sin las previsiones debidas, generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones”, señaló el organismo en un comunicado de prensa.
El director de Artículo 19 explicó que el funcionamiento de los fideicomisos es garantizar la disposición de recursos de manera multianual, es decir, que la asignación de presupuesto no está sujeta a discrecionalidad del Poder Ejecutivo ni a los vaivenes políticos.
“El fideicomiso garantiza, más allá de los tiempos políticos, que haya recursos para aspectos fundamentales de la vida social y pública del país”, dijo.
En el caso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, detalló, el recurso se destina únicamente para medidas de protección y apoyo a las personas inscritas en el Mecanismo de Protección.
“Con eso se pagan chalecos antibalas, cámaras de seguridad para los domicilios de personas en riesgo, escoltas, etc. Se pagan las medidas duras de protección y no se paga otra cosa. Es un fideicomiso muy auditado por la Auditoría Superior de la Federación”.
El Mecanismo de Protección cuenta con al menos 1 mil 304 personas incorporadas al corte del 29de septiembre de 2020. Al menos 418 son periodistas (307 hombres y 111 mujeres) y 877 son personas defensoras de derechos humanos (415 hombres y 471 mujeres).
La mayoría de los activistas en el Mecanismo son defensores comunitarios que enfrentan altos riesgos por defender sus derechos como pueblos originarios.
La CNDH subrayó que México se caracteriza por sus altos índices de violencia en contra de las personas defensoras, periodistas y comunicadores, quienes arriesgan su vida al realizar labores de defensa y denuncia pública, sobre múltiples situaciones como la inseguridad y corrupción, cuyas agresiones ocurren en contextos de especial o extrema vulnerabilidad, al relacionarse, en gran medida, con la presencia del crimen organizad
Para Leopoldo Maldonado, el Gobierno federal y la llamada Cuarta Transformación buscan controlar las agendas con las que se financian los fideicomisos que quieren eliminar: educación, cultura, medioambiente, ciencia, salud, la protección a periodistas y el apoyo a víctimas.
