El Gobierno de Bolivia aseguró el pasado jueves, cuando llegó al país la delegación de la OEA, que se sumarían en apoyo de la auditoría países como España, México y también Paraguay.

La Paz, Bolivia, 3 de noviembre (EFE).- El Gobierno boliviano anunció este domingo los diplomáticos de México y de España que tienen previsto acompañar la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las recientes elecciones bolivianas, ante las denuncias de fraude.

La Embajadora mexicana en Bolivia, María Teresa Mercado, y el ex Embajador español Carmelo Angulo serán los representantes de estos países, informó la Cancillería boliviana a través de Twitter.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia difundió en la red social mensajes acompañados de fotografías con reuniones de ambos diplomáticos, por separado, con el canciller boliviano, Diego Pary.

María Teresa Mercado cuenta con titulaciones en relaciones internacionales, negocios, promoción turística y diplomacia comercial con América Latina, y desde 1977 ha desarrollado su carrera diplomática en países europeos y americanos, entre ellos Bolivia desde el presente año.

Carmelo Angulo inició ese mismo año su carrera diplomática, que le llevó a países de África y América, entre ellos Bolivia, además de haber dirigido el Instituto de Cooperación Iberoamericana, antes de su transformación en la ahora Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El Gobierno de Bolivia aseguró el pasado jueves, cuando llegó al país la delegación de la OEA, que se sumarían en apoyo de la auditoría países como España, México y también Paraguay.

La misión acordada con el Ejecutivo de Evo Morales es rechazada por la oposición, al no haber contado previamente con ella para determinar las condiciones de la auditoría sobre un supuesto fraude a favor del presidente boliviano en los comicios del 20 de octubre.

El coordinador de la delegación de la OEA, Arturo Espinosa, renunció al día siguiente “para no comprometer su imparcialidad”.

La auditoría está prevista durante unos doce días por parte de alrededor de treinta especialistas, para determinar si existe el fraude que oposición y movimientos sociales denuncian que hubo en la reelección de Morales para un cuarto mandato