Un primer cambio se ha visto en la narrativa. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Un año de gobierno pasó rápidamente. Muchas discusiones se han detonado y también se han percibido cambios importantes desde la sociedad y, algunos, del gobierno.

Un primer cambio se ha visto en la narrativa. El lenguaje que estábamos acostumbrados a escuchar de los gobernantes cambió radicalmente.

Para bien, por el reconocimiento de algunas de las verdades que siempre nos fueron negadas; por la posibilidad que hoy tenemos de ver y reparar en el terrorismo de Estado que se vivió en las décadas de los 60s y 80s y de la violencia política de la que nunca nos quisieron hablar. En este primer año, y después de casi cincuenta años, las víctimas de estas violencias empezaron a recibir justicia, aunque simbólica, y la sociedad empezó a conocer la verdad. Así, el Estado se disculpó con Martha Camacho, torturada por militares durante la llamada “guerra sucia”; abrió las puertas a una memorial ubicado en la antigua Dirección Federal de Seguridad donde muchos fueron presos y desaparecidos, en Circular de Morelia; y se reivindicó la lucha social de algunos líderes sindicales, como lo fue Valentín Campa. Los cambios narrativos también han provocado que más personas abonen a la discusión y tengan o tomen una postura política y eso podría derivar en algo positivo. Si más personas debaten, más participan y, entonces, el cambio vendría de la gente y no del gobierno.

Para mal, por el reforzamiento de los estigmas que dividen a la sociedad sin más argumentos que los que califican y encuadran a las personas por sus privilegios. El ruido -no el debate- ha acaparado el espacio público. Esto ha provocado la profundización de la polarización. Particularmente, en el caso de la narrativa que estigmatiza a las y los periodistas, el discurso ha buscado separarlos de sus audiencias generando así un estado de mayor vulnerabilidad y riesgo del que de por sí ya existe. No olvidemos que México hoy es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América.

No obstante, a pesar de la narrativa, todavía es difícil percibir la naturaleza de los cambios. Por lo que hace a la libertad de expresión, puede verse como algo positivo la reducción significativa del gasto en publicidad oficial y que las campañas, lejos de justificar o ensalzar la labor gubernamental, se enfoquen en generar un impacto en la vida de la gente (me refiero particularmente a las campaña en contra de las adicciones). Sin embargo, es cierto que las mañaneras hoy podrían verse como una forma de propaganda política de la figura presidencial. Además, aún cuando el dinero que se asigna a los medios de comunicación sea significativamente menor a lo que en su momento gastaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hasta hoy, la asignación sigue siendo discrecional pues no existen criterios claros, objetivos y transparentes para identificar la racionalidad detrás del uso de la pauta gubernamental.

Por otro lado, el miedo que viven las y los periodistas en nuestro país, sigue ahí, incluso se ha intensificado con la propagación del discurso estigmatizante del que ya he hablado. Las y los periodistas, siguen sufriendo agresiones de todo tipo ante la labor de informar. En este año, 11 periodistas fueron asesinados por hacer su trabajo y, desgraciadamente, en los primeros 7 meses de gobierno más de 280 fueron víctimas de la violencia que en su mayoría es perpetrada por agentes del Estado. Asimismo, la impunidad de los crímenes contra la prensa se mantiene en el 99 por ciento de los casos, situación que promueve la repetición.

En este sentido, si bien es cierto que durante este tiempo el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos ha reconocido sus falencias y, principalmente, identificado la falta de una política preventiva para abordar los crímenes a periodistas, también lo es que hasta hoy no existe una ruta clara que permita identificar las acciones que se llevarán a cabo para atender las más de 140 recomendaciones realizadas por la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas que darían pauta a una política integral de protección.

Asimismo, los avances en materia de acceso a la justicia se quedan cortos y no demuestran una sistematicidad y orden en el actuar de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Por ejemplo, en el caso de la periodista Lydia Cacho, tras una recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se logró identificar y perseguir a los autores intelectuales; sin embargo, la Fiscalía no ha sido capaz de ejecutar las ordenes de aprehensión en su contra y, por el contrario, la periodista ha tenido que desplazarse por seguridad. En otros casos, tampoco ha logrado avanzar e identificar las autorías intelectuales para ordenar su aprehensión.

Faltan cinco años y, como dijimos al inicio de este 2019, los cambios no se cuentan hasta que suceden. Hasta el momento, el balance permanece negativo pues no podremos hablar de libertad de expresión mientras quienes escriben las notas, quienes nos cuentan lo que pasa allá afuera, se enfrenten a las balas que provocan el silencio.