Por: @FundarMexico

Desde 2002 el Estado Mexicano ha diseñado acciones positivas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como los programas de acción específicos, programas presupuestarios, y el anexo para la igualdad entre hombres y mujeres. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos tenido una intervención enérgica, para lograr que haya transparencia y rendición de cuentas respecto a cómo están operando estas políticas públicas.

Por ello, desde Fundar hemos dado seguimiento a Programas Presupuestarios como el P017 Salud Materna, Sexual y Reproductiva (en 2009), el U007 (2010) Reducción de la Mortalidad Materna, y ahora P020 (2016) Salud Materna, Sexual y Reproductiva, así como el Anexo 13 para la igualdad entre hombres y mujeres en el Presupuesto Federal (2013), y el Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública de los Estados (AFASPE 2009)3. Estos instrumentos permiten monitorear el destino de los recursos públicos en materia de salud, presentan información sumamente detallada sobre las estrategias, fuentes de financiamiento, meta de “resultado”, indicadores de proceso y de impacto final. Por su parte, la Plataforma SIAFFASPE (2010), permite ver los recursos etiquetados para cumplir con los indicadores definidos por la Secretaría de Salud federal y las entidades federativas.

A pesar de que estos instrumentos no tienen objetivos ni líneas de acción relacionados con la violencia obstétrica, a partir de su análisis se pueden identificar algunos indicadores que nos dan información sobre las acciones que contribuyen a combatir algunas de las causas que generan la violencia obstétrica:

1) saturación del primer nivel de atención:

Esta causa la analizamos a partir del indicador “capacitación de personal de salud de primer nivel de atención, en la atención pregestacional, prenatal, parto, puerperio y emergencias obstétricas”, es decir el indicador deja ver que la intención del sector salud es capacitar al personal para que el primer nivel atienda a las mujeres en todo el proceso de embarazo, parto y puerperio lo que sin duda descongestionaría el segundo nivel de atención y así el personal médico tiene mejores condiciones para proporcionar la atención en el marco del respeto a los Derechos Humanos de las usuarias. En este mismo sentido está el indicador de posadas de Atención para la Mujeres Embarazadas (AME), casas acondicionadas con muebles y enceres necesarios, que se ubican cerca de los hospitales, donde las mujeres pueden alojarse para esperar su parto, sobre todo si tienen algún signo de alarma, lo que les da la posibilidad de evitar cesáreas innecesarias e incluso la muerte.

Sin embargo, sólo 18 entidades federativas las contemplan como indicador (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán).

2) la falta de capacidad técnica del personal

Esta causa puede analizarse a través del indicador “capacitación de médicos especialistas actualizados en atención de emergencias obstétricas de hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud”, que tiene como finalidad, asegurarse que se emprendan acciones para que el personal tenga la capacidad para identificar y anticipar situaciones de riesgo. En algunas entidades federativas para el cumplimiento de este indicador se reportan actividades como cursos de parto respetuoso y/o humanizado.

3) la atención basada en un modelo biomédico por encima de otros modelos de atención como medicinas tradicionales y/o alternativas.

Para esta casua se dispone de dos indicadores que reflejan las acciones del sector salud para inferir sobre la violencia obstétrica: el de contratación de intérpretes traductores y capacitación de parteras tradicionales. Y aunque no a nivel de indicador también está la contratación de parteras profesionales.

Los servicios de salud reconocen a través del indicador de capacitación de parteras, la existencia de otro modelo de atención de medicina tradicional y/o alternativa; no obstante, no se les reconoce como agentes de salud dentro de los espacios comunitarios o como una estrategia en la política pública nacional para mejorar la Salud Materna y Perinatal. Este indicador debe transformarse de tal manera que las acciones estén encaminadas a que los servicios de salud aprendan de este modelo de atención más cercano y que respeta las decisiones de las mujeres.

Sólo 8 entidades han incorporado la contratación de parteras profesionales; sin embargo, no está incluido como indicador en la política pública, sino, como partida presupuestaria con ello, se invisibiliza un modelo de atención continua en el que se pone al centro a las mujeres como protagonistas de servicios de atención y de toma de decisiones. Es necesario incorporar a las parteras profesionales como indicador que se debe medir sus resultados desde una perspectiva de pertinencia cultural.

La contratación de intérpretes, la capacitación de parteras tradicionales y la contratación de parteras profesionales, con sus diferencias, no se ha logrado consolidar como política pública a nivel nacional porque aún son pocas las entidades que colocan en sus convenios AFASPE y en consecuencia cuentan con presupuesto para operarlos. Únicamente 12 entidades contratan Traductores; en los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, y Tlaxcala, que son entidades con población indígena, la contratación es menos de 10. Por su parte, Michoacán, que también tienen una importante cantidad de población indígena, no aparece en la lista.

En el caso de Contratación de Parteras, sólo 8 entidades han incorporado parteras profesionales. Además, hemos identificado que su incorporación corresponde al capítulo 1200 “Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio”, por lo que son contratadas como personal con carácter eventual y muy por debajo de lo establecido en los códigos de contratación. A pesar de las capacidades técnicas y profesionales con las que cuentan para la atención con enfoque de derechos humanos e intercultural que brindan, así como la vinculación que establecen con las mujeres, su contrato es por 3, 5 o 10 meses, lo que no da certeza jurídica respecto a su permanencia, y propicia que el personal médico no reconozca su experiencia, las discrimine y les obstaculice otorgar los servicios de partería.

A todas luces los indicadores, disponibles a través de la plataforma SIAFFASPE ( por disposición de los convenios AFASPE) son insuficientes. Otra limitación importante de esta información es que estos indicadores sólo se implementan a nivel federal y estatal; por lo tanto, no existen datos sobre la asignación de recursos a las Jurisdicciones Sanitarias (centros de salud, hospitales y/o clínicas), por parte de la Secretaría de Salud. Esto permitiría saber si un Centro de Salud que carece de medicamentos e insumos médicos y que está bajo responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria se está en esas condiciones a causa de un problema en la asignación de los recursos públicos por parte del Gobierno estatal o por las decisiones de la Jurisdicción Sanitaria en la implementación de dichos recursos. En la próxima entrega hablaremos sobre la importancia de analizar el contexto local para combatir la violencia obstétrica.

Fundar

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