La prisión preventiva es una medida cautelar que se usa mientras se juzga a un ciudadano acusado de algún delito. Se le detiene temporalmente para evitar que se fugue mientras dura su proceso, que destruya pruebas que demuestren su culpa, que cometa más delitos durante ese lapso, o cuando su libertad representa un peligro para la víctima.
Dado que es al final del juicio –no antes– cuando se le declara culpable o inocente, mientras permanece en detención preventiva sigue siendo jurídicamente inocente porque su proceso no ha terminado y por eso mismo no se le ha declarado culpable. En este caso está casi la mitad de la población penitenciaria de México: con un proceso pendiente que impide su libertad, pese a su inocencia jurídica.
Sea por errores judiciales, diferencia de idioma, de cultura, como represión, por ignorancia, ineficiencia, indiferencia y/o indolencia, las cárceles del país tienen una gran mayoría de presos inocentes. Pasan meses, años, a veces décadas, y el proceso no concluye por cualquier razón.
Lo anterior atenta contra los más elementales derechos humanos de la población, y contra una premisa aceptada por la gran mayoría de sistemas judiciales del mundo: Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario (presunción de inocencia). Pero en muchos casos las autoridades imparten injusticia, afectando por esto gravemente a los perjudicados.
Luego de 13 años de prisión injusta, el profesor tzotzil Alberto Patishtán, con una sonrisa que contrastaba fuertemente con su tragedia, afirmaba que el Poder Judicial está para aplicar la ley, pero no la justicia. “Buscan quien pague el delito, no al que lo cometió”. Hace poco más de dos años Peña Nieto modificó el Código Penal en materia de indulto y al día siguiente se lo otorgó a Patishtán. Héctor Patishtán, hijo de Alberto, expresó: “Estoy muy feliz y al mismo tiempo muy triste, de ver cómo el sistema judicial es ineficaz.” Además de miles de casos como este, que fue ampliamente difundido, tal esquema de justicia provoca otra carga a la sociedad.
En 2013, al menos el 42% de los presos de México eran inocentes (diariocritico.com); este año aumentó la proporción: al menos la mitad de los reos del país son inocentes (lajornada.unam.mx). Esta población significa un gasto total de 851.6 millones de pesos al año (738.2 millones de pesos de alimento, 95.38 de uniformes y vestimenta, 14.72 de medicinas y 3.3 de agua potable). Esto representa 2.3 millones de pesos al día que no deberían estar gastándose.
Otros problemas que causa la sobrepoblación del 100% –y que afectan también a los reos ya procesados y sentenciados– son una vigilancia ineficiente, hacinamiento en las instalaciones al ser rebasadas en su capacidad, un ambiente insalubre, el surgimiento de sub-grupos de control y la corrupción del personal carcelario. Como lo han apuntado varias organizaciones ya (UNAM, Universidad Latina de América, ONU, SCJN), una proporción dominante de reos inocentes están presos por represalia política, indiferencia, desatención o como medio de opresión. Las cárceles mexicanas, llenas de inocentes, deben ser el punto de quiebre para que el sistema judicial aplique la justicia sin otro distingo que no sean los actos del inculpado, no sus ideas.
Fuentes:
Prisión preventiva, “Wikipedia”:
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisi%C3%B3n_preventiva_(M%C3%A9xico)
Presunción de inocencia, organización “Presunción de Inocencia”:
http://www.presunciondeinocencia.org.mx/el-sistema-de-justicia-penal/presuncion-de-inocencia
Indulto Presidencial al maestro Alberto Patishtán, Aristegui Noticias:
http://aristeguinoticias.com/0111/mexico/documento-el-indulto-presidencial-a-patishtan/
Alberto Patishtán Gómez, Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Patisht%C3%A1n_G%C3%B3mez
