#Anuario2016 | Aunque en México hay cuatro Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y otras más con solicitud y en proceso, los feminicidios, las violaciones, el acoso sexual y la violencia en contra de la mujer no han cesado. Al contrario, durante 2016 los crímenes repuntaron y se volvieron cada vez más violentos sin que las autoridades envíen un mensaje claro a los agresores a través de políticas públicas.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).– Las cuatro Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres emitidas en el país fueron insuficientes: los feminicidios repuntaron durante 2016, sin que las autoridades federales y estatales pongan en marcha programas exitosos para frenar las muertes y ataques cada vez más violentos.

Sólo en la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno, lanzó la utilización de un cuestionado silbato para combatir el acoso sexual y las violaciones en el transporte público, principalmente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, sin mucho éxito.

Sin embargo, en entidades como el Estado de México, Morelos, Michoacán y Jalisco, en donde hay alerta de género declarada en varios de sus municipios, los gobiernos locales no pudieron revertir la tendencia de feminicidios, violaciones sexuales y acoso sexual que han cobrado miles de víctimas.

Las instituciones fallaron: en México se siguen asesinando siete mujeres al día, mientras que delitos como la desaparición suman a otros estados como Sonora, en el norte del país.

“Las instituciones que deben prevenir y sancionar a los agresores no lo hacen. Es un país discriminador, en donde las autoridades siguen reproduciéndolo, por acción u omisión, hay casos donde la autoridad tiene la mentalidad discriminatoria”, dijo María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF).

En 2016 se cometieron cerca de 2 mil feminicidios concentrados en 15 entidades, entre las que destacan el Estado de México, Guerrero y Jalisco; pero sólo 25 por ciento de los crímenes son investigados bajo ese tipo penal.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima (CEAV) documentó que durante 2015 se cometieron 600,000 delitos sexuales en México; de cuales, 16 mil fueron por violación. De enero de 2015 a septiembre de 2016 se registraron 21,902 denuncias por delitos sexuales.

Las cifras del OCNF indican que sólo de enero a julio de 2016 fueron asesinadas 550 mujeres en el Estado de México, pero sólo 18 por ciento de los casos son investigados como feminicidio.

María de la Luz Estrada destacó un dato más: la cifras de las desaparecidas es alarmante en estados como Jalisco, con 200 jóvenes menores de edad sin localizar; más de mil en el Estado de México, y 700 en Sonora.

“Sonora es un estado grave con 700 desaparecidas, porque es un estado de tránsito. Se las llevan para allá del interior del país”, explicó.

ALERTAS Y AUTORIDADES INCOMPETENTES

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó Estrada, indica que las autoridades mexicanas examinan los casos de violencia sexual “centrándose en el historial y vida sexual de las mujeres, en la supuesta provocación de los hechos por parte de la víctima y en su no virginidad, dando cabida a estereotipos de género que legitiman el acto”.

María de la Luz explicó que en México los feminicidios y las violaciones sexuales son invisibilizados a través de códigos penales que consideran la violencia sexual como delitos contra el honor.

Uno de los casos más emblemáticos es el Estado de México, entidad que se sitúa como la más peligrosa para ser mujer, aún sobre lugares como Ciudad Juárez.

A pesar de que desde el 28 de julio de 2015 existe una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para 11 municipios del Edomex, los resultados son poco alentadores.

En octubre pasado, las organizaciones peticionarias sostuvieron una reunión con los alcaldes de los 11 municipios, y con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).

“Nosotras reconocemos que se ha avanzando en términos de generar las bases necesarias para hacer los cambios estructurales, que haya acuerdos para la creación de grupos de investigación de los expedientes. Pero tenemos retos y deficiencias en las investigaciones de los casos de feminicidio. ¿De qué sirve tener el protocolo de búsqueda de mujeres, si las autoridades siguen esperando las 72 horas? Es contrario a lo que se ha estado trabajando”, explicó María de la Luz.

David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias, aseguró que en los municipios en donde se declaró la Alerta de Violencia de Género se han gastado recursos en “folletos y plumas”, pero no en capacitación de los ministerios públicos y las policías.

“La Alerta no ha funcionado porque los protocolos de actuación que decreta la Alerta de Género no se han implementado del todo; es decir, requerimos de policía preparada, capacitada, de ministerios públicos que tengan la percepción de ayuda a las comunidades. Aún hay lugares en donde esperan 72 horas para iniciar la búsqueda”, dijo.

Pero como el Estado de México, en Morelos, Michoacán y Jalisco, la situación es preocupante a pesar de las alertas.

“Las alertas generan medidas generales de seguridad prevención y justicia, son medidas que la autoridad debía hacerlas de su responsabilidad para la prevención y sanción de la violencia en contra de la mujer; pero lo que revela es que las autoridades no lo están haciendo: no revisan, no hay evaluaciones en la atención, menos una política criminal para poder prevenir los delitos. Las alertas son recomendaciones muy generales que no están profundizando en la problemática”, dijo María de la Luz.

EL CASO PUEBLA: FEMINICIDIOS Y VIOLENCIA SEXUAL

Puebla, como el Estado de México, fue uno de los estados en donde la violencia de género impactó en decenas de feminicidios. Desde enero a diciembre se contabilizaron 81 feminicidios, de los cuales las autoridades locales sólo reconocen 50, pues afirman que no cumplen con el tipo penal, explicó en entrevista Vianeth Rojas Arenas, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).

Rojas Arenas aseguró que el Observatorio mantuvo acercamiento con las familias de los casos que son considerados como homicidios dolosos, y la conclusión fue que están mal clasificados.

En Puebla hay una solicitud de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres;  pero en caso de emitirse, si no hay voluntad política, puede ocurrir lo que sucedió en las cuatro entidades en donde ya se declaró, dijo.

“El problema es que no hay políticas públicas reales de prevención y atención. Tenemos buenas leyes, se han tipificado temas como el acoso sexual en la Ciudad de México, se ponen más en macha los protocolos de protección para las mujeres,  para que el agresor no se acerque; pero no hay una postura política clara de que sea importante para los servidores públicos”, dijo.

No hay presupuestos, los institutos de la mujer son “los patitos feos”  y sobre todo, no hay sensibilidad en los funcionarios públicos que ocupan los cargos, afirmó.

La violencia de género, añadió, se ha tomado como bandera electoral en varias ocasiones; sin embargo, los candidatos al llegar al poder se olvidan por completo del tema.

“Los políticos nada más ven cuántos votos les retribuirán las mujeres, pero en cuanto llegan se olvidan. Es un tema difícil, no vamos a ver cambios inmediatamente. Por muchas leyes que cambien no habrá cambio; la violencia se ha recrudecido, es feroz, hay un ambiente de impunidad, y el mensaje que se está mandando es que las mujeres no importan”, expuso.

El pasado mes de octubre María de la Luz Estrada, afirmó en entrevista con SinEmbargo que en Puebla hay un patrón en el modus operandi de los feminicidas: están matando a mujeres embarazadas.

De los casos que se conocen, siete estaban en estado de gestación. Todas fueron asesinadas por sus parejas. Pero pueden ser más.

“Nosotras hemos identificado el patrón en Puebla, que son mujeres embarazadas que están siendo asesinadas por sus parejas. Lo que pasa es que van y las arrojan a otro lugar, otro municipio, pero son de Puebla”, explicó.

María del Rocío del Carmen Limón Maldonado, madre de Paulina Camargo, desaparecida y asesinada presuntamente el 25 de agosto de 2015, con cuatro meses de embarazo, lamentó que en su caso el feminicida, aunque está confeso y en la cárcel, aún no es sentenciado.

“Cada que encuentran a una niña muerta, para mí es una devastadora la noticia. Cada una de ellas representa a mi hija. Como madre mi dolor sigue. Esta situación tiene que tener un freno, tenemos que hacer algo”, reveló la madre de Paulina a este medio digital.

José María Sosa Álvarez, el padre del hijo que esperaba Paulina, confesó que llevó a la joven con engaños a su departamento, la asesinó, la colocó en bolsas negras y la tiró en un contenedor de basura.

Pero el cuerpo de Paulina no ha sido localizado por lo que, de acuerdo con María del Rocío, se sospecha que el feminicida confeso puede estar mintiendo.

“Yo he buscado en muchos lugares. Hemos bajado al río, seguimos haciéndolo frecuentemente, cualquier persona nos informa y vamos. Nos han dicho que en algún área boscosa y vamos con la esperanza de tener un poco de paz. El homicida confesó que la asesina, la pone en una bolsa de basura y la coloca en el contenedor; pero la búsqueda fue exhaustiva y no la encontramos. Él está mintiendo”, consideró.

EL “PITO DE MANCERA”

Las cifras oficiales revelan que sólo en la Ciudad de México entre enero de 2015 y julio de 2016 se abrieron 3 mil 960 averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos sexuales, de los cuales mil 51 fueron violaciones. Datos que no incluyen la temida cifra negra de la que hablan los estudiosos de estos delitos.

Los datos apuntan –según el informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y los espacios públicos, que puso en marcha el Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa en coordinación con el Instituto de las Mujeres de la capital del país– que de esas casi 4 mil averiguaciones, 420 fueron abiertas por víctimas agredidas en el transporte público, 62 de ellas violadas. El informe señala que entre enero y julio del año pasado las carpetas se incrementaron en un 56.7 por ciento respecto a 2015.

Datos alarmantes si se considera que, de acuerdo con el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014–2015, nueve de cada 10 mujeres en la Ciudad de México han sufrido algún tipo de violencia sexual en el transporte público a lo largo de su vida.

Según el informe de los primeros 100 días de la Estrategia 30-100, el aumento de 56.7 por ciento de las carpetas de investigación sobre casos de abuso sexual entre enero y julio de 2016 respecto al año pasado, es muestra de la eficacia de los operativos de separación y el incremento de la vigilancia que comprenden las medidas de la estrategia.

Teresa Incháustegui Romero, directora General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, dijo a SinEmbargo que todas las encuestas colocan a la capital del país como la ciudad en donde la violencia contra la mujer en el ámbito público es más alta con casi “30 puntos por arriba del resto de las ciudades”.

Para combatir el acoso sexual en las calles, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó el polémico silbato en mayo pasado con un costo unitario de 80 pesos para el erario, pero cinco meses después, en octubre únicamente dos mujeres lo habían utilizado y ninguna de ellas llegó a interponer una denuncia ente el Ministerio Público, reveló Teresa Incháustegui.

“Yo creo porque no han tenido necesidad, y le comentaba: creo que no llegamos a la masa crítica que queremos para la distribución. Vamos a comenzar la distribución en delegaciones y en los entornos de las escuelas, de las secundarias; en noviembre a lo mejor comenzamos con esta segunda etapa”, dijo la funcionaria.