Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).–Diputados y senadores de oposición reprobaron el mensaje político que envió el Presidente Enrique Peña Nieto al revivir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y darle nuevas facultades, en momentos en que todavía se discute en el Congreso la reforma que dará paso al Sistema Nacional Anticorrupción.

Al inicio de su sexenio, el propio Peña Nieto solicitó la desaparición de la Función Pública a fin de sustituirla por la Comisión Nacional Anticorrupción. La oposición logró negociar para que la dependencia no desapareciera inmediatamente, por lo que se nombró a Juan Alfonso Olivas Ugalde como encargado de despacho de la SPF.

No obstante, la Comisión Nacional Anticorrupción no ha podido cristalizarse en poco más de dos años de gobierno, principalmente porque la propuesta presidencial centraliza las funciones del nuevo órgano y pretende concentrar en un solo “Zar anticorrupción” toda la carga de investigación y combate a este flagelo, lo cual dista mucho de las mejores prácticas a nivel internacional.

El coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Miguel Alonso Raya, consideró que es una mala señal del parte de Presidencia el que haya nombrado a Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública, cuando todavía está trabada en el Congreso la discusión sobre las facultades que deberá tener el Sistema Nacional Anticorrupción en México.

“No puede oler bien el que el Presidente [Enrique Peña Nieto] en este momento, en el marco de la discusión de la polémica y de un proceso que se da en el legislativo, pues nombre a alguien que sustituye al encargado del despacho de la Función Pública”, afirmó.

Por su parte, el líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Ricardo Anaya Cortés, consideró insuficiente el mensaje de transparencia del Presidente Peña, en tanto que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Secretaría de Gobernación (Segob) se resistan a avalar la propuesta para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, avalado por la sociedad organizada.

“La postura del PAN es muy clara. Es absolutamente insuficiente el anuncio, mientras no se apruebe a nivel constitucional y legal, un Sistema Nacional Anticorrupción”, indicó el Diputado Ricardo Anaya.

La iniciativa presentada por la sociedad civil, que recogen panistas y perredistas cada quien por su lado, plantea cuatro elementos indispensables para mejorar el combate a la corrupción: mayor participación de la sociedad, control interno, externo y sanción a los servidores públicos corruptos.

El PAN recoge la propuesta para fortalecer a la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación, para efectos de control interno. Así como ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para el control externo.

En su propuesta se plantea también la necesidad de que el Secretario de la Función Pública sea ratificado por el Senado, para evitar que el nombramiento de este funcionario provoque en sí mismo un conflicto de intereses.

PEÑA CORREGIRÁ ERRORES: MERINO

Ante el anuncio presidencial de combate a la corrupción, el doctor Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, reconoció que Peña hizo una muy vaga referencia al Sistema Nacional Anticorrupción sólo al final de su discurso.

“De hecho el Presidente dice ‘hago votos porque se apruebe un Sistema Nacional Anticorrupción’, pero no dice una sola palabra sobre sus contenidos sustantivos, no dice en qué consistiría, sus instituciones”, sostuvo.

El también profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) recalcó que México requiere un “sistema” contra la corrupción que incluya tres premisas: ir más allá de lo punitivo y atender las causas de la corrupción; construir un sistema de inteligencia institucional; y debe haber pesos y contrapesos, “no es razonable que un solo individuo se haga cargo de todo el combate a al corrupción”.

Por lo cual consideró que las medidas de Peña Nieto serán insuficientes para atacar de fondo el problema porque simplemente no mencionó nada de estos mecanismos básicos de control.

“Nada, simplemente hace una frase muy vaga, elusiva incluso de hacer votos por que se apruebe, pero el Jefe del Estado no hace votos, no es el jefe de una iglesia, es Jefe del Estado, entonces me parece que es muy vaga la referencia”, sostuvo.

En la Cámara Alta, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez consideró que el mensaje del Presidente Peña para revivir a la Función Pública orillará al PRI a regresar a la iniciativa original en la materia, lo cual implica que se olvide de impulsar sus propuestas para fortalecer a la figura presidencial y centralizar en ésta el combate a la corrupción.

“Esto va a replantear la actitud del PRI hasta la semana pasada donde en las propuestas que se presentaron había cerca de 87 modificaciones; unas de forma, la mayoría de fondo, porque cambiaban la naturaleza de todo el sistema de transparencia y acceso a la información, eliminando la facultad de sanciones a los órganos garantes, poniendo mayores restricciones respecto a información reservada, eliminando la prueba del daño, en fin”.

PAN RETA AL PRI A APROBAR SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, celebró las medidas anunciadas por Peña Nieto como un primer reconocimiento del Ejecutivo ante los escándalos de presunto conflicto de interés en los que se han visto involucrados integrantes del Gobierno federal con el Grupo Higa, una empresa beneficiada por el peñismo desde su época como Gobernador del Estado de México.

“Parece que el Gobierno federal empieza a darse cuenta que es necesario tomar medidas de fondo y desde adentro para combatir la corrupción, porque los mexicanos ya están cansados de las mismas excusas para justificar enriquecimientos inexplicables o contratos en favor de unos cuantos amigos cercanos a la administración en turno”.

En la Cámara de Diputados, el coordinador Ricardo Anaya apuntó que las acciones anticorrupción y para prevenir el conflicto de intereses anunciadas por Peña son sólo medidas administrativas que serán insuficientes mientras estén sujetas a la voluntad del Gobierno en turno.

Por lo que retó al PRI a pasar del dicho al hecho y los emplazó a aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel constitucional y legal.

“Queremos verlos votando a favor en el Pleno de esta Cámara de Diputados, el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en lugar de que se anuncien medidas administrativas, se reforme la Constitución y las leyes, y estas disposiciones apliquen siempre y a todos”, afirmó Anaya.

Optimista, Ricardo Anaya consideró que el mensaje presidencial es, de hecho, un llamado a aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción.

Lo que el líder parlamentario panista no tomó en cuenta es que en reiteradas ocasiones el PRI ha sostenido que su visión es totalmente opuesta la iniciativa ciudadana de combate a la corrupción que se encuentra en discusión de las comisiones legislativas.

Por ejemplo, los priistas no se han apartado de la idea de crear el Consejo Nacional de Integridad Pública donde estarían los gobernadores de los estados, los tres poderes y todos presididos por el mismo Presidente de la República, situación que parece incongruente según los altos estpandares internacionales.

SERÁ TAPADERA DE CORRUPTELAS: OPOSICIÓN

El PRD criticó el hecho de que el Presidente Enrique Peña Nieto haya ordenado a Virgilio Andrade, recién nombrado Secretario de la Función Pública a investigar los contratos del Gobierno federal con Grupo Higa, empresa propietaria de la mansión de su esposa, la actriz Angélica Rivera.

“Aquí, al darle instrucción para la investigación, es casi una instrucción [a Andrade] para limpiar las huellas que indiscutiblemente ha dejado esta relación de conflicto de interés del Grupo Higa con prácticamente casi todos los funcionarios del Estado de México”, explicó.

“El mensaje que está dando el Presidente es un mensaje en mi opinión similar a aquel de Zedillo cuando nombran como contralor B de la Contraloría a una gente para que limpiara todo lo que había hecho Raúl Salinas de Gortari”, apuntó.

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD invitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que apruebe la creación de una comisión investigadora de los contratos de organismos gubernamentales y empresas de participación mayoritaria del Estado con el Grupo Higa.

“Debe hacerse una investigación exhaustiva e independiente, no como la que propone Peña Nieto, encabezada por un subalterno como lo es el Secretario de la Función Pública, al que por cierto tardó años en designar. Si el presidente en verdad desea contribuir a esclarecer el caso debe aceptar que el Congreso de la Unión participe en la investigación”.

El líder de los diputados perredistas explicó a Sin Embargo que está perfectamente justificada y acreditada la necesidad de crear esta comisión especial investigadora.

“Si el Presidente [Peña] instruyó al nuevo Secretario de la Función Pública investigar [los contratos] no tendrían por qué molestarse de que la Cámara cree una comisión investigadora para que cumpla la misma función que debe de hacer la SFP. Se puede acompañar y hasta a la mejor se le puede ayudar en algo”, sostuvo Miguel Alonso Raya.

El Grupo Higa, agregó, está totalmente ligado con el Aeropuerto de la Ciudad de México que es un órgano descentralizado, con Banobras que es una institución descentralizada y con otras dos o tres instituciones más que son organismos descentralizados del Estado mexicano.

Recordó que la oposición cubrió el requisito de las firmas de legisladores para crear el órgano legislativo, pues se requerían 125 y lograron recabar 220 firmas de diputados de derecha e izquierda.

MEDIDAS INSUFICIENTES: EXPERTOS

Respecto a la instrucción de Enrique Peña Nieto para que la Secretaría de la Función Pública investigue los nexos del Gobierno federal con Grupo Higa, representantes de la sociedad civil organizada consideraron que la medida es “a todas luces insuficiente”.

“Es insuficiente en mi opinión, obviamente no plantea una solución de conjunto al gravísimo problema de corrupción que tiene el país. Más bien es un discurso político para salir del paso de las acusaciones de conflicto de interés que él personalmente ha enfrentado”, dijo el doctor Mauricio Merino.

Indicó que es insuficiente porque no mejora en absoluto el marco institucional que permite la corrupción en México.

Recalcó que en el sistema legal de México es imposible juzgar al Presidente de la República por conflicto de interés, ya que sólo puede ser juzgado por traición a la patria, mientras que el conflicto de interés atañe solo a servidores públicos y Angélica Rivera no es servidora pública.

Asimismo señaló que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien compró a Grupo Higa una casa en Malinalco no otorga contratos, ya que eso es función de otras instancias gubernamentales, por lo que la ley no permite vincular al mexiquense con e delito de conflicto de interés.

“Conclusión: dado el marco jurídico en vigor se puede anticipar que no habrá ninguna secuela jurídica” por lo que es previsible, agregó, que la SFP exonerará tanto al Presidente como a su esposa y a Videgaray de los cargos imputados.

Por otra parte, Daniel Giménez Cacho, actor y miembro de Colectivo “El Grito Más Fuerte” dijo que si bien, hay una postura positiva ante la apertura del Presidente sobre una investigación, la experiencia con los gobiernos priistas provoca duda.

Explicó, por ejemplo, que Angélica Rivera sí salió a dar una explicación respecto de la “casa blanca” pero lo hizo desde una postura incómoda y enfadada, diciendo que no tenía por qué hacerlo.

“No hay mecanismo para que haya un control patrimonial necesario, las declaraciones patrimoniales tienen un margen donde no se sabe cómo se hicieron los contratos, no se sabe cómo los políticos se hacen de ese dinero; o sea, sí dicen que tienen una casa, pero no dicen el costo ni cuánto mide”, dijo.

Por su parte, Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, explicó que la apertura a que el Presidente sea investigado ha estado presente en el discurso pero en la práctica siempre entra en una contradicción.

“No sólo en casos de corrupción, sino en casos de derechos humanos y en otros donde tienen que ver con las vidas de las personas. Qué bueno, pero hemos visto muchas veces que lo que dice el Presidente dista mucho de la práctica”, explicó.

El viernes pasado, el doctor Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, denunció que en México existe una la “simulación” en la rendición de cuentas por parte de candidatos y funcionarios públicos, incluyendo al Presidente Enrique Peña Nieto.

Explicó que mientras no haya auditorías autónomas, donde intervenga la sociedad y entes externos, habrá vacíos de control que impiden que México viva en democracia.

“Yo invitaría al Presidente a poner el ejemplo y que establezca una auditoría social autónoma no solamente a su patrimonio sino todos los políticos”, dijo.

Agregó que la experiencia internacional, como en Colombia, Brasil o Italia, indica que mientras no existan estas medidas de revisión habrá más casos de corrupción y políticos relacionados con el crimen organizado.

-Con información de Sergio Rendón