Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– Amnistía Internacional dijo hoy que recibe “con preocupación el informe Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)”.

De acuerdo con este informe, presentado el pasado 3 de abril, casi la mitad (46%) de las 52 millones de personas que de acuerdo al CONEVAL viven en situación de pobreza en el país, son niñas, niños y adolescentes.

Además, estos 21.4 millones de menores en la pobreza representan más de la mitad del total de menores de edad en México (el 53.8% de un total de 39.2).

“Para Amnistía Internacional estas confirman una realidad escandalosa e inaceptable, que resulta aún más alarmante en las comunidades indígenas, dónde 7 de cada diez niñas y niños viven en condiciones de pobreza y dónde sólo 1 de cada diez niños vive sin ninguna de las carencias medidas por el informe”, dijo la organización en un comunicado.

La pobreza tiende a formar un círculo vicioso, agregó, “quienes viven a la pobreza tienen un acceso limitado –o inexistente- a derechos como a una adecuada educación, salud, seguridad y acceso a la justicia. Esto supone una barrera casi infranqueable para escapar a la pobreza en tanto el acceso a estos derechos no sea garantizado”.

Especialmente preocupante es que la mayoría de jóvenes del país se encuentre en esta situación, señaló Amnistía Internacional, pues de no tomarse medidas urgentes se estará prácticamente condenando una generación entera de mexicanos y mexicanas a vivir mayormente en la pobreza.

La organización saludó la Cruzada contra el Hambre, “pero señala su preocupación por que estos anuncios no han establecido objetivos claros y medibles, plazos, acciones específicas ni han indicado cual será el presupuesto que se dispondrá  para hacer realidad estos compromisos”.

“La pobreza no es inevitable, es resultado de decisiones que personas toman sobre la vida de otras personas. Es el resultado de políticas públicas que durante décadas han condenado cada vez a más millones de personas en México a vivir bajo los devastadores efectos de la pobreza” Afirmó Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.

“Sin embargo, si existe una verdadera voluntad de la actual administración de poner fin a esta tragedia, políticas públicas efectivas podrán hacer una verdadera diferencia y contribuir a poner fin a esta inaceptable tragedia”  agregó Zapico.

Amnistía Internacional llamó a las autoridades mexicanas a hacer públicas cuáles serán las acciones específicas que conformarán su estrategia de combate a la pobreza, y que estás acciones sean participativas e inclusivos.

“Se debe  especificar de qué forma la sociedad civil y las personas afectadas por la pobreza participarán en la conformación e implementación de esta estrategia”, dijo.

“Además la estrategia de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en su centro, garantizando que los derechos económicos, sociales y culturales sean protegidos legalmente y plenamente exigibles. Por ello, la organización recuerda a las autoridades mexicanas su compromiso pendiente para firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas (PFPIDESC). Este protocolo es un instrumento internacional que permite a las personas que viven en la pobreza y cuyos derechos no son respetados por las autoridades, ser escuchados por un comité internacional de las Naciones Unidas”, concluyó.