La “Ley Atenco”, aprobada el pasado 17 de marzo, permite el uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable”, así como de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol.
Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició la revisión y estudio integral de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, conocida como la “Ley Atenco”, e informó que los resultados serán dados a conocer en su oportunidad.
La “Ley Atenco”, bautizada así por sus detractores, permite el uso de armas letales “cuando sea estrictamente inevitable”, así como de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos; de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol.
La CNDH dijo que con motivo de la reciente aprobación de esta Ley por parte del Congreso del Estado de México el pasado 17 de marzo y que fue publicada al día siguiente en la Gaceta del Gobierno estatal, recibió diferentes solicitudes para realizar el estudio y análisis de la citada normatividad a la luz de nuestra Constitución y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, a fin de emitir una opinión.
El organismo autónomo precisó mediante un comunicado de prensa que “desde el momento mismo en que se aprobó la citada Ley, y que le fueron presentadas esas peticiones, la CNDH inició la revisión y estudio integral de la legislación en comento, y los resultados serán dados a conocer en su oportunidad”.
La legislación busca definir los casos en los que las policías mexiquenses podrán intervenir para restablecer el orden en desalojos, embargos, además en los centros de readaptación social. La Ley detalla también que el uso de la fuerza pública podrá aplicarse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y que se vuelvan violentas.
El artículo 8 de la Ley aprobada por el Congreso del Estado de México, faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.
José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), consideró que “la Ley no es ningún instrumento apegado a derechos humanos, pues lo único que podría dejar es que haya ejecuciones extrajudiciales. En especial, asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos, y lo peor de todo, serán homicidios legalizados”.
“Nuestra valoración [de varios frentes en defensa del territorio] es que esta Ley no es más que un experimento, el cual están intentado imponer en esta entidad [el Estado de México], y si resulta lo van a intentar imponer en otras entidades del país, o incluso a nivel federal. Y eso es bastante preocupante”, expuso Lara.
Ignacio del Valle Medina del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) informó que esta nueva ley de uso de la fuerza pública es una medida para liberar los territorios donde existen proyectos o intereses empresariales.
“Lo que quieren hacer es justificar la fuerza en actos de resistencia, reprimir los actos de denuncia”, refirió Del Valle, quien estuvo preso en un penal de alta seguridad, por defender, durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada [200-2006], los terrenos de Atenco.
