Por: Marcia Itzel Checa Gutiérrez*

Si tuviéramos que narrar las designaciones realizadas a partir de los méritos, la trayectoria o las capacidades de los perfiles propuestos a altas responsabilidades públicas, seguramente serían contadas con los dedos de las manos. Desafortunadamente, en estas decisiones sobre quién o quiénes son designadas o designados al frente de instituciones centrales para nuestro fortalecimiento democrático, prevalecen –por lo general– consideraciones como la lealtad, la cercanía política, la afinidad y/o militancia partidista o el reparto de posiciones, motivaciones diametralmente distantes a las características de idoneidad necesarias para quienes tomarán decisiones que afectarán el rumbo de las instituciones del país, que incidirán en la protección –o no– de los derechos de las personas y nuestras condiciones de vida, que además, manejarán presupuestos públicos^[1], entre otras obligaciones.

Una de estas designaciones es la de dos personas comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que el Senado de la República definirá próximamente, ante la conclusión del periodo de los excomisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en medio de un proceso que ha intentado mejorar e incorporar distintas recomendaciones ciudadanas, pero que aún es prematuro alzar las campanas al vuelo.

El pasado viernes 1 de abril, las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia del Senado de la República aprobaron el “Dictamen por el que proponen a la Junta de Coordinación Política [JUCOPO] el listado de las y los candidatos que, con base en los principios de especialización e idoneidad, reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de comisionada o comisionado del INAI”^[2], del cual sobresalen dos elementos:

El primero, es el listado de siete mujeres y seis hombres con las evaluaciones más destacadas a juicio de los grupos parlamentarios representados en dicha cámara legislativa^[3]. Por primera vez, un dictamen relativo a una designación apunta el promedio de las evaluaciones otorgadas a cada una de las 48 personas registradas y entrevistadas para este proceso; pues, aunque las evaluaciones constituyen información pública de la mayor relevancia, éstas no habían sido expuestas anteriormente. El segundo, es la conformación de un Consejo (ciudadano) de Evaluación^[4].

Sin embargo, llama sobremanera la atención el contraste de los resultados de las evaluaciones realizadas por el Consejo (ciudadano) de Evaluación -mismas que se dan a conocer el día de hoy- con las de los grupos parlamentarios^[5]. Si bien se estableció de manera enfática que no serían vinculantes los resultados del Consejo, sí es válida la pregunta de por qué hay una diferencia tan pronunciada en ambas listas, pues solo coinciden en siete de los trece nombres que se incluyen en el dictamen referido; a lo que se suma la sospecha por información –que trasciende en los medios– que alude precisamente a los vínculos y/o apoyos políticos de algunas de las personas aspirantes^[6]. Lo anterior, sin obviar el contexto en el que se dieron los dos procesos anteriores que realizó esta legislatura (2019 y 2020), donde el lugar en el INAI fue una moneda de cambio^[7] en medio de la designación de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ).

En este sentido, si las evaluaciones no sustentan la decisión final –sobre todo las del Consejo de Evaluación– quedará manifiesto que las motivaciones obedecen a otros criterios distintos a los méritos, vaciando de contenido esta buena práctica de las comisiones dictaminadoras y prestándose a una mera simulación. Por lo que la Jucopo tiene una gran oportunidad de transformar esta última fase del proceso a partir de incorporar altos estándares internacionales de transparencia, participación y rendición de cuentas en esta decisión y analizar las evaluaciones realizadas por el Consejo (ciudadano) de Evaluación, entrevistar –por primera vez– a las personas aspirantes con los mejores puntajes y sobre esa base tomar y transparentar esta relevante decisión. Se trata de poner en el centro la idoneidad de los perfiles y contenerse en su intención de dominar instituciones clave para los controles y contrapesos democráticos.

#SinCuotasNiCuates

#PerfilesIdóneosYa

*Itzel es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, síguenos en @designaciones.

^[1] El INAI tiene contemplado un presupuesto de 982,905,153.00 pesos para este año fiscal.

^[2] Este documento aún no ha sido publicado en los medios oficiales del Senado de la República.

^[3] Integrado por: Ana Yadira Alarcón Márquez, Josefina Buxadé Castelán, Zulema Martínez Sánchez, Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña, María de los Ángeles Guzmán García, Marina Alicia San Martín Rebolloso, María Solagne Maqueo Ramírez, Hertino Avilés Alvabera, Miguel Castillo Martínez, Luis Felipe Nava Gomar, Luis Gustavo Parra Noriega, Ricardo Salgado Perrilliat y Julio César Bonilla Gutiérrez.

^[4] El cual está compuesto por la Universidad Iberoamericana; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; la Universidad de Guadalajara; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, conformado por: Artículo 19; Causa Natura; Contraloría Ciudadana; Equis Justicia para las mujeres; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; GESOC;  Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano para la Competitividad; México Evalúa; Observatorio Nacional Ciudadano; Social TIC y Transparencia Mexicana. Esta es la tercera ocasión que se instala un mecanismo de esta naturaleza para un proceso de designación de comisionadas o comisionados del INAI. El primero fue en 2014 y el segundo en 2017, destacando que para el caso de 2014 tuvo un carácter vinculante.

^[5] Éstas comprenden a: Marina Alicia San Martín Rebolloso, Rosa María Bárcena Canuas, María Solange Maqueo Ramírez, Ana Yadira Alarcón Márquez, María de los Ángeles Ducoing Valdepeña, María de los Ángeles Guzmán García, Edgardo Martínez Rojas, Diego García Ricci, Benjamín Guillermo Hill Mayoral, Ricardo Salgado Perrilliat, Luis Gustavo Parra Noriega y Carlos de Jesús Ponce Beltrán.

^[6] Por ejemplo, Leticia Robles de la Rosa dio a conocer -mediante una columna- los apoyos políticos que han recibido algunas personas aspirantes a comisionadas. Ver:  https://twitter.com/letroblesrosa/status/1507372182334283785?s=20&t=X6e7jSVICun88KdzRtqvMQ

^[7] Ver: https://www.proceso.com.mx/nacional/2019/3/12/de-la-incertidumbre-al-triunfo-intensa-negociacion-de-monreal-abrio-paso-yasmin-221582.html

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