El otro día platicaba con un amigo, sobre la transformación que las instituciones culturales han sufrido estos años. Platicábamos sobre las diversas problemáticas que las han afectado a varios niveles y cómo la antigua mafia cultural ha sido desplazada por este Gobierno y reemplazada por otra. Recordábamos un pasado realmente muy cercano, cosa de cuatro o cinco años, que parece ya muy lejos. Rememorábamos cómo un grupo tenía tomadas las instituciones y cómo solían despachase a sí mismos publicaciones, becas, invitaciones, hasta viajes por el mundo, a costa del erario, sin el menor asomo de vergüenza. Actos de corrupción escandalosa sucedían frente a los ojos de todos de manera impune y las decisiones discrecionales y facciosas, eran asumidas con naturalidad priista por los afortunados que veían pagados sus viajes y viáticos o sus libritos, mediocres y malitos, publicados por la casa editorial más importante del país.

La falsificación y adulteración de los cánones artísticos, generalmente machistas pero no eminentemente porque participaban activamente mujeres, era producto, en buena medida, de la red que estos grupos formaban a fin de granjearse los favores del Gobierno, decididos por burócratas que solían ser parte de los mismos grupos y mafias beneficiados. Listas de autores lejos de cualquier valoración de mérito conformaban un cártel cultural, que aparecía hasta en la sopa. Es verdad que esto era ya una lacra que actuaba en demérito incluso de la calidad artística y una forma censura política disfrazada. Negarlo, para atacar al actual Gobierno, sería totalmente deshonesto. Eso sucedía en nuestra república artística y cultural, pero también había, a la par, un sistema formal mucho más democrático y justo que evitaba que estos actos discrecionales cometidos por altos funcionarios, abarcaran todo el sistema: eran por así decirlo la cereza del pastel que se despachaba un grupito. Aún así, afortunadamente, la mayoría de los recursos se distribuían por medio de convocatorias nacionales, públicas y abiertas, que podían impugnarse, incluso. La existencia del Fonca posibilitó que a lo largo de los años ese sistema se fuera perfeccionando, corrigiendo. Imperfecto e insuficiente, fue el resultado de la transición democrática del país, y las viejas prácticas discrecionales cometidas desde oficinas burocráticas, las rémoras del antiguo sistema. México tenía en el campo cultural, como en todo, un pie en la modernidad democrática y otro en el fango autoritario.

Tras la llegada del nuevo Gobierno, muchos esperamos que al tiempo que se fortalecía ese sistema público se combatiría la discrecionalidad de las oficinas burocráticas. Esperábamos que la transparencia avanzara y, por fin, el sistema cultural estatal fuera auténticamente para todos los creadores de cultura del país, en su compleja pluralidad, independientemente de sus orientaciones estéticas, ideológicas o políticas. Sobre todo, que el sistema que posibilitaba el desvío de recursos públicos fuera reformado a profundidad.

Nada de esto sucedió, como ya he explicado ampliamente en textos y columnas. El nuevo Gobierno desplazó del poder a parte de la vieja mafia (salvo a personajes que gozaban de amistades dentro de su grupo), y la reemplazó rápidamente con la suya constituida por amistades y lealtades ideológicas y políticas, aumentó la discrecionalidad y el patrimonialismo como no se había visto en décadas. Donde había comités (tomados por una mafia durante años) decidió sustituirlos por decisiones discrecionales de burócratas, lo que reinstaló la discrecionalidad de manera extrema. Donde había decisiones plurales decidió imponer una sola voz autoritaria, determinada por afinidades amistosas e ideológicas de los beneficiados. Esto, naturalmente, ha estrechado aún más el círculo de privilegios, creado una minúscula y por ello ridícula corte de privilegiados que no obedecen ya a ningún criterio estético, sino a llanas amistades y afinidades ideológicas. Es, digamos, el peor retroceso. La “Cuarta Transformación” no solo no democratizó las instituciones, ni aumentó la transparencia, ni la pluralidad, sino que de plano las eliminó con total cinismo y desvergüenza. O más precisamente, reintrodujo la moral patrimonialista, bajo la cual es legítimo que los funcionarios usen el poder y los recursos públicos en beneficio propio, ya sea de su bolsillo, o de sus ideas personales.

No es otra cosa lo que hemos visto con la delegación mexicana que asistió a la Feria Internacional del Libro de la Habana, comandada por la Secretaria de Cultura y el director del FCE. De todos es conocido que simpatizantes, amigos y propagandistas del Gobierno fueron los elegidos, y es tan grotesco que cualquiera que conozca mínimamente el campo literario y cultural, notará la completa arbitrariedad del asunto. Arbitrariedad elevada más al ridículo que a la indignación, donde algunos de los invitados sencillamente no tienen mérito alguno. Es tan grotesco, que no vale la pena siquiera entrar en detalles, ni explicaciones por su grosera obviedad.

Será por eso, por el nivel fársico, que el asunto no ha causado mayor indignación, ni escándalo o será, tal vez, que la nueva moral ha sido reintroducida con total éxito en la vida pública, y la gente acepta nuevamente y sin chistar, regalar los recursos a burócratas y funcionarios. O quizás, estemos tan abrumados en sobrevivir, que a nadie le importa ya nada, ni a los desvergonzados, como siempre, beneficiarios de la corrupción estatal.

A saber.

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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