Este día el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Lo anterior debido a que los magistrados determinaron “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

A través de un comunicado, la PGR expresó su inconformidad por la resolución e indicó que hasta el momento no ha sido notificada.

Ciudad de México, 4 de junio (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público Federal.

A través de un comunicado, la PGR expresó su inconformidad por la resolución e indicó que hasta el momento no ha sido notificada.

La PGR indicó sobre las acusaciones de tortura que mantiene abiertas diversas líneas de investigación a través de la Unidad Especializada, en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica conforme al Protocolo de Estambul.

“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.

Este día el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Lo anterior debido a que los magistrados determinaron “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

En un comunicado se informó que con unanimidad de votos, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, “informan que al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con el “Caso Ayotzinapa”, concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos, para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul”.

Se detalló que también estableció que hay graves violaciones a los derechos humanos en el caso, como la tortura, la desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).

Esta comisión, detalla el documento, “estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos”.