Difícilmente podría haber sido más desafortunado el nacimiento de la Guardia Nacional: a la carrera, en violación completa de la reforma constitucional que le dio origen, con la inconformidad de sus partes constitutivas –abierta en el caso de los elementos provenientes de la desmantelada Policía Federal, soterrada entre las fuerzas armadas– y con un reglamento en el que la única especialización funcional explicita es la de su Dirección General Antidrogas, lo que contradice de cabo a rabo la supuesta nueva política de drogas cacareada por Él el Supremo y expresada en el Plan Nacional de Desarrollo. Si el nacimiento es augurio del futuro de la corporación neonata, es esperable un gran fracaso, de manera que, si bien nos va, la política de seguridad será tan mala como lo ha sido hasta hoy.

El empeño presidencial por imponer su voluntad por encima del texto constitucional recién reformado y de la Ley Orgánica correspondiente ha llevado a que la debutante Guardia Nacional no sea más que una suma abigarrada de las fuerzas federales ya desplegadas desde hace dos sexenios, maquilladas y con nuevo vestuario, pues lo presentado en el Campo Marte el domingo pasado no es otra cosa que los mismos soldados, marinos y policías federales, ahora bajo un mando único militar, como quedó evidente en el paseíllo del Presidente montado en un vehículo del ejército, flanqueado por los comandantes militares, con el supuesto jefe del nuevo cuerpo supuestamente civil, el Secretario de Seguridad Ciudadana, cuidándoles la retaguardia en el asiento trasero.

La prisa suele llevar a la simulación y así parece estar ocurriendo en lo referente al “nuevo” cuerpo de seguridad pública–interior–nacional. Nadie en su sano juicio puede pensar que los soldados de uniforme blanqueado, en vehículos militares recién pintados, que desfilaron en un campo militar el 30 de junio ya son los nuevos guardias nacionales, capacitados en tareas de seguridad civil y respeto a los derechos humanos que la Constitución y a ley exigen. Nadie puede esperar, entonces, que ahora sí sepan custodiar con eficacia las escenas del delito o recabar pruebas con las capacidades técnicas indispensables, o que sepan contener y detener, en lugar de enfrentar y aniquilar a los presuntos delincuentes. El barniz adquirido en unas cuantas semanas se descarapelará al poco tiempo y pronto veremos la poca eficacia de las reconvenciones presidenciales, que piden ya no violar derechos humanos.

A la simulación y la improvisación se ha sumado ahora el descontento abierto de los policías federales que están siendo encuadrados en el nuevo cuerpo después de la disolución de aquel al que pertenecían. La Policía Federal, creada en los tiempos de Zedillo y reformada durante el Gobierno de Calderón había sido el mejor intento de construir una fuerza policiaca profesional, moderna y eficaz. Sin duda, tenía defectos, pero era un proyecto mucho mejor diseñado que la improvisada Guardia Nacional actual. El Gobierno de Peña Nieto la abandonó, después de su fracaso en la creación de la Gendarmería como división especializada en el control territorial, para darle el papel central en la guerra contra el crimen a las fuerzas armadas, de manera inconstitucional.

López Obrador decidió, por su parte, liquidarla con el pretexto de que estaba corrompida, pero sin presentar ningún diagnóstico o evaluación de su desempeño y sin presentar cargos contra los pretendidos corruptos de la organización. Los denostó, como acostumbra, pero los incorporó a la nueva Guardia y puso a sus elementos a hacer tareas de capacitación de sus integrantes. En su nueva asignación, además, los policías han vivido situaciones de humillación y desprecio, al grado de ser zaheridos por algún mando como “fifís”, ese epíteto vetusto desempolvado por el Señor Presidente.

Ayer el malestar de los policías reconvertidos en guardias nacionales estalló y se convirtió en protesta. En un pliego petitorio de 16 puntos, exigieron respeto a sus condiciones laborales, frente a un trato discriminatorio que le reconoce a los militares que pasen a la Guardia Nacional sus grados y prestaciones, pero que parece ensañarse con los policías. En sus demandas, los policías reclaman su carácter civil y se niegan a ser evaluados por militares sin conocimiento de la función policial o a ser encuadrados en la Secretaría de la Defensa, cosa de suyo inconstitucional. Reclaman salarios dignos y se niegan a vivir en los cuarteles. Piden no ser sometidos al polígrafo, cosa de la que los militares están exentos por la propia ley. Todas sus peticiones son razonables, incluso la del derecho a sindicalizarse, pues lo que piden es ser tratados como un cuerpo de profesionales especializados, cosa que la Guardia Nacional debería ser de acuerdo con lo aprobado para su creación.

Después de la protesta, el señor del asiento trasero, Alfonso Durazo, salió a decir que la inconformidad se debía a que los policías estaban mal informados y que la disminución de prestaciones o la violación de sus derechos laborales era falsa. El problema es que el desmentido vino de quien era, en todo caso, responsable de informarlos bien, por lo que de cualquier manera él esta en falta, aunque su cargo sea meramente decorativo y el mando real esté en la Sedena. Lo más probable es que, como en otros casos recientes, lo que ocurrido haya sido que las protestas hayan surtido efecto y se haya dado marcha atrás. Pero en este caso también eso debe ser puesto en duda, pues Durazo es el mismo que dijo que la Guardia Nacional tendría mando y personal civil, lo cual no ha sido otra cosa que papel mojado.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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