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Rubén Martín

04/08/2019 - 12:04 am

Persecución intolerable contra migrantes

Marcos y su hija, junto con una veintena de migrantes de Honduras y El Salvador habían decidido dejar la Casa del Migrante de Saltillo donde estaban albergados, con la intención de proseguir su viaje para intentar solicitar asilo en Estados Unidos. Pero la policía estatal de Coahuila los atacó.

El Gobierno de Coahuila, a través de la Fiscalía General del Estado, ha cambiado las versiones para pretender justificar la actuación de los seis policías. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro.

Marcos, un migrante hondureño de 29 años, fue asesinado la noche del pasado miércoles 31 de julio por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, en una colonia de Saltillo. Marcos iba acompañado de su hija de apenas ocho años.

Marcos y su hija, junto con una veintena de migrantes de Honduras y El Salvador habían decidido dejar la Casa del Migrante de Saltillo donde estaban albergados, con la intención de proseguir su viaje para intentar solicitar asilo en Estados Unidos. Pero la policía estatal de Coahuila los atacó.

Los migrantes hondureños y salvadoreños que atestiguaron los hechos, relataron cómo ocurrió el ataque a través del coordinador jurídico de la Casa del Migrante de Saltillo, Javier Martínez. “Llegaron unas camionetas, gente con pasamontañas, con rodilleras, coderas, chalecos, todos de negro con casco. Al verlos tratan de correr porque piensan que es una redada de migración, ya que últimamente se registraron muchas. Escucharon balazos y vieron caer a su compañero”. Así recogió el relato Alberto Pradilla en Animal Político.

El Gobierno de Coahuila, a través de la Fiscalía General del Estado, ha cambiado las versiones para pretender justificar la actuación de los seis policías. En un primer comunicado la Fiscalía dijo que los oficiales repelieron la agresión con sus armas de cargo.

En un comunicado emitido la tarde del viernes 2 de agosto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal y el Gobierno de Coahuila, señalan que la FGE ya abrió la investigación y que para el efecto estarán acompañados por funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado y por la misma Secretaría de Seguridad federal. Informan además que los seis “elementos involucrados están concentrados por el mando de su corporación y disponibles para las diligencias a que haya lugar”. En el comunicado se añade que el operativo que derivó en el asesinato de Marcos no era de carácter migratorio.

Pero para otros actores, no hay duda de que se trató de un ataque directos conta los migrantes. “Son unos asesinos”, dijo gritando en una homilía el jueves pasado el obispo de Saltillo, Raúl Vera. Según la Fiscalía, los policías repelieron la agresión, pero los migrantes que atestiguaron los hechos afirmaron que no iban armados.

Alberto Xicoténcatl Carrasco, director del albergue Casa del Migrante de Saltillo, declaró que se revisa que los migrantes que ingresan a ese albergue no estén armados y el grupo donde iba Marcos, acababa de salir de esa casa.

Con independencia del resultado de las investigaciones, lo que queda claro es que el giro en la política migratoria mexicana, tras los acuerdos del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el Gobierno de Estados Unidos, en el contexto de la amenaza arancelaria de Donald Trump, está teniendo consecuencias desastrosas para los migrantes en tránsito por México, especialmente para los centroamericanos.

El asesinato de Marcos ocurre poco después de las agresiones y persecución contra albergues de migrantes en Saltillo, Tijuana y San Luis Río Grande. Ante estas agresiones la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Front Line Defenders y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana dieron a conocer un pronunciamiento donde señalaron que “La integridad de las personas defensoras, así como la garantía del derecho a defender derechos humanos es una responsabilidad irrenunciable del Estado mexicano. Ante esto, denunciamos que las autoridades no sólo han sido omisas, sino que como hemos señalado antes, también han fomentado estos actos de criminalización y hostigamiento”.

Todo ello ocurre además con el incremento de la persecución contra migrantes por el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, Policía Federal y policías estatales. Es una persecución intolerable que debe cesar.

Rubén Martín
Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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