México

Magistrados del TEPJF quieren investigar a su Presidente. Él acusa “golpe de Estado”

04/08/2021 - 2:50 pm

El Magistrado presidente José Luis Vargas Valdez calificó la medida como un “golpe de Estado”, y advirtió que al insistir en el tema los magistrados estarían incurriendo en un delito. Magistrados convocaron a reiniciar sesión y votar por un nuevo presidente o presidenta.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– Cinco de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidieron evaluar la gestión del Magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez, así como su renuncia, lo cual Vargas calificó como un “golpe de Estado”.

Después de varios minutos de discusión sobre el tema, la sesión se fue a un receso.

Al respecto, la Magistrada Janine Madeline Otálora Malassis compartió un comunicado desde su cuenta de Twitter, el cual firmó junto a otros cuatro magistrados, donde solicitan al Magistrado presidente reanudar la sesión en un plazo no mayor a quince minutos tras la emisión del documento, ya que fue “suspendida injustificadamente”.

 

Además, los magistrados emitieron un comunicado vía Twitter donde convocaron a reanudar la sesión pública frente a la ausencia del Magistrado presidente, y sumaron dos puntos a la agenda del día: remover al Magistrado Vargas del cargo como titular de la Sala Superior y seleccionar a su suplente.

 

MAGISTRADOS SOLICITAN EVALUAR A VARGAS

El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña sometió el asunto a discusión del pleno este miércoles, ante lo cual Vargas solicitó que se concentraran únicamente en los puntos resolutivos de la agenda del día, y argumentó que se trata de un tema administrativo y no judicial.

Por su parte, la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso coincidió en apegarse a la agenda previamente establecida, y compartió que el asunto se debería de desahogar en otra sesión que no fuera jurisdiccional para tratar el tema administrativo.

“Creo que tenemos que estar a la altura de la institución que integramos, llevar por los mejores cauces cualquier situación que pueda ser diferente a la impartición de justicia”, opinó. “Me parece que ninguno de los temas internos, personales, o que tengan que ver con la relación de los integrantes de la Sala Superior puede ser obstáculo alguno para detener, atrasar, u obstaculizar la función de impartir justicia”.

El Magistrado presidente pidió a los demás integrantes de la Sala Superior “estar a la altura de su investidura constitucional y que no estén intentando o provocando un golpe de Estado”.

 

Advirtió que, de insistir en incluir el punto, se obstruye la justicia electoral, por lo cual los magistrados estarían incurriendo en un delito.

Vargas también recalcó que la presidencia únicamente puede dejar de ejercer sus funciones debido a una renuncia, “y no está en mi intención renunciar, si ustedes desean evaluarme y desean presentar su evalución por escrito la recibiré y leeré con mucho detenimiento para mejorar las funciones de este tribunal”.

El Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera mencionó que sí ve facultades constitucionales para que el punto fuera incluido en la sesión y se discutiera.

“Creo que someter a debate público ese tema precisamente abona a los intereses de la ciudadanía con integridad y la rendición de cuentas. La igualdad de condiciones se da al conocer el punto que se somete a consideración, aquí no hay acuerdo previo, estoy de acuerdo en que se evalúe en esta sesión el punto a debate”, mencionó.

 

MAGISTRADO VARGAS BAJO INVESTIGACIÓN DE LA UIF

Un Juez de control ordenó el pasado 30 de julio a la Fiscalía General de México reabrir la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas.

“Tras la audiencia celebrada este día, el juez de control marco Antonio Fuerte Tapia determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) reabra la investigación que llevó a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”, informó el propio Vargas en un comunicado.

La UIF, que forma parte de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, denunció a Vargas en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos (unos 18 millones de dólares), pero la Fiscalía exoneró al magistrado.

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