En 2012 Amnistía hizo público el caso de Adrián Vásquez, quien fue detenido el 26 de septiembre de ese mismo año en la localidad fronteriza de Tijuana mientras conducía su vehículo.
México, 4 de septiembre (EFE).- Amnistía Internacional (AI) reclamó este miércoles al Gobierno de México la inmediata reparación de los daños a Adrián Vásquez, quien fue torturado en 2012 y encarcelado durante tres años con cargos falsos.
“A siete años de su detención, urge sin más una reparación integral en el caso. Es de señalar que, como parte de la obligación de reparar integralmente a las víctimas, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha recomendado que la indemnización en casos de tortura tiene que ser pronta, justa y adecuada”, expresó Amnistía en un comunicado.
Vásquez y su familia viven en condiciones económicas precarias a pesar de que en 2015 la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana emitió una recomendación en la que instaba a las autoridades a que se le concediese una indemnización “sin demora” al afectado.
Además, AI declaró que “México es un país en el que la tortura y los malos tratos siguen representando una práctica generalizada”, por lo que instó a las autoridades mexicanas en general y las del noroccidental estado de Baja California, donde se dieron los hechos, a que se eliminen los impedimentos para que las víctimas reciban a tiempo el daño sufrido en situaciones de esta índole.
En 2012 Amnistía hizo público el caso de Adrián Vásquez, quien fue detenido el 26 de septiembre de ese mismo año en la localidad fronteriza de Tijuana mientras conducía su vehículo.
Tras la detención, estuvo 12 horas bajo custodia policial durante las que, según informó AI, recibió amenazas, palizas y semiasfixia como la introducción de agua en la nariz que le dejaron severas secuelas en el brazo, uno de los pulmones y la vejiga.
Después de esto la policía presentó a Vásquez públicamente como un conocido narcotraficante y fue encarcelado con cargos falsos hasta que en 2016 fue puesto en libertad.
Al salir, nunca recibió ningún tipo de indemnización por parte de ninguna autoridad a pesar del esfuerzo de organizaciones civiles por dar visibilidad a su caso.
