A cuatro días del hackeo de información a la Sedena, los pocos documentos que hasta ahora se han hecho públicos muestran cómo el Ejército ha vigilado a distintos grupos de manifestantes, entre ellos los movimientos de mujeres, de los cuales cuenta con los nombres completos de las activistas protagónicas y fichas de identidad.
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– En los reportes generales de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los movimientos de mujeres tienen su propio apartado. De acuerdo con documentos hechos públicos por el grupo de hackers llamado “Guacamaya”, elementos del Ejército realizan un seguimiento cercano a las manifestantes, de quienes tienen fotografías y videos.
En un documento fechado el 8 de agosto de 2022 se ubica en “Activismo Social Relevante” a las manifestaciones en protesta de feminicidios y violencia contra las mujeres. Se plantearon dos momentos cruciales: el asesinato de Lesvy Berlin Osorio, ocurrido el 3 de mayo de 2017 y que fue calificado por la Sedena como la “coyuntura perfecta” que sirvió para el repunte de las protestas, y dos años después, en 2019, el abuso sexual contra una mujer por parte de elementos de la policía de la Ciudad de México que provocó el surgimiento de diversos grupos feministas.
Para 2022, la Sedena tenía identificados a 15 colectivos feministas de todo el territorio nacional y una lista de las movilizaciones llevadas a cabo desde el 8 de marzo de 2020, año en que se registró la más alta afluencia de manifestantes con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Cada reporte de manifestación viene acompañada del número de manifestantes y la manera en cómo se dio la protesta. Algunos de los colectivos que vienen señalados en la información son Histeras, Coordinadora 8M, Colectivo Feminista de Economía del IPN, Resistencia Queer, Las Brujas del Mar y Cueva de Brujas.
Otro documento proveniente de la 12 Zona Militar, fechado el 6 de marzo de 2022, da cuenta de las mismas labores de seguimiento. La información proviene de las tareas de inteligencia en San Luis Potosí, en donde la Sedena da el reporte de lo que se espera para la conmemoración del Día de la Mujer “en la que diversos colectivos feministas aprovecharán esa fecha para realizar movilizaciones en todo el país, me permito remitir a esa Superioridad el panorama actualizado”.
A continuación en el documento se enlistan a 13 activistas con sus nombres completos y el colectivo o agrupación a la que pertenecen y se detalla su activismo y las fechas en las que salen en grupo a la calle, tanto a manifestarse como para realizar talleres o foros. También se enlistan otras 21 organizaciones que simpatizan con ellas.
De igual forma se enumeran las manifestaciones de 2020, 2021 y las programadas para este año. Esa información la sustentan con datos obtenidos a través de redes sociales —Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram y Signal— que utilizan las activistas.
Se especifican algunas de las labores a realizar, por ejemplo, en un día de manifestación, desde las primeras horas del día se inicia con labores de videovigilancia y se establece que la Unidad de Análisis Estratégico estará encargado de recabar información de “protagonistas, evidencia gráfica y videos”.
Otro acto político por el que se generó un reporte por parte de la Sedena fue el realizado del 26 al 29 de diciembre de 2019, en Altamirano, Chiapas: El “Segundo Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan”, en el que únicamente se realizaron actos culturales y al que acudieron exclusivamente mujeres.
La Sedena reportó todos los detalles: participaron tres mil 140 personas de las cuales identificó a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), estudiantes y “personas de apariencia extranjera”.
En el documento también lucen algunas fotografías entre las que destaca una en la que aparece María de Jesús Patricio Martínez, conocida como “Marichuy”, quien es vocera del Concejo Indígena de Gobierno, y quien buscó la candidatura independiente presidencial en 2018.
En la fotografía está ella destacada con un círculo amarillo, al igual que la cantante Mon Laferte, que acudió al encuentro como espectadora.
También se señala al colectivo colombiano Movimiento de Mujeres Nasa Hilando Pensamiento Plan de Vida.
Otro episodio es el del 2 de septiembre de 2020, cuando un grupo de mujeres tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ubicada en el Centro Histórico.
Este hecho también ocupó varias páginas del reporte de la Sedena. En un inicio, la manifestación fue convocada por víctimas de violencia y la señora Erika Martínez tomó un lugar protagónico.
Su hija, de entonces siete años, fue abusada sexualmente por su padrastro, quien tras ser denunciado las dejó sin vivienda. A modo de protesta ella y otras víctimas tomaron la CNDH para exigir un hogar, un refugio.
Dos años después, la Sedena colocó en el reporte once nombres con apellidos y aunque a algunas se les inició un proceso, sólo de una de ellas resguardó su identidad.
Las filtraciones que se han dado a conocer en los últimos días en la prensa dan cuenta, por un lado, del poder que tienen los militares sobre la vida civil en el país, en labores de construcción y de cuidado del Presidente, y, por el otro, cómo la Sedena espía a periodistas y activistas.
Por ejemplo, el diario El País indicó que la Sedena también ha vigilado a los indígenas zapatistas en las montañas de Chiapas, mientras que el diario El Sur de Acapulco detalló que la Secretaría de la Defensa monitorea las actividades de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de su abogado, Vidulfo Rosales Sierra.
Estas revelaciones se dan en un momento en el que el desempeño de las Fuerzas Armadas es cuestionado por lo opositores del Gobierno de López Obrador, quienes buscan impedir en el Congreso que se extienda hasta 2028 la presencia del Ejército y la Marina en las tareas de Seguridad Pública que desempeñan en respaldo de la Guardia Nacional.
También coinciden con los informes que han publicado el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) sobre cómo el Ejército dio seguimiento en tiempo real a la desaparición de los 43 normalistas durante la noche del 26 y primeras horas del 27 de septiembre de 2014, así como la presunta participación de elementos castrenses en la desaparición de los jóvenes, respectivamente.
