Pedro Mellado Rodríguez
04/10/2024 - 12:04 am
Con Sheinbaum el pueblo sí podrá soñar con el paraíso
“Muchos se oponen a las transformaciones que la mayoría del pueblo respaldó a través de los votos que le dieron mayoría calificada a la alianza morenista en las cámaras de diputados y senadores”.
Los indicios son muy claros y no dejan margen para las dudas: con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no habrá un paso atrás en la construcción del segundo de piso de la llamada Cuarta Transformación, pues pretende responder al respaldo y al reclamo de la mayoría del pueblo, al que ella y Andrés Manuel López Obrador le prometieron que se profundizaría la opción preferencial por los más pobres y desvalidos. Más de un siglo duró el peregrinar de la izquierda, por inhóspitos caminos y accidentadas veredas, hasta llegar al poder, para hacer realidad el sueño de que, ahora sí, los pobres puedan ir al paraíso.
El resumen de los diez principios que guiarán a su gobierno y que enumeró desde la tribuna del Palacio Legislativo de San Lázaro, el primero de octubre del 2024, cuando rindió protesta en su cargo, son la ratificación de un proyecto que pretende consolidar en los próximos años. No hay deslinde, porque comparte las mismas ideas que López Obrador, pero sin duda, paso a paso les irá imponiendo la firmeza de su carácter, que podría ser más severo e intransigente queel de López Obrador en el desprecio y el castigo a los canallas, los ladrones, los sinvergüenzas, los cínicos, los corruptos y los abusivos que durante décadas han medrado con los bienes y el dinero de los contribuyentes.
Los cinco primeros enunciados de su declaración de principios fueron: 1.- Por el bien de todos, primero los pobres. 2.- No puede hacer gobierno rico con pueblo pobre. Austeridad republicana. 3.- Las y los gobernantes debemos ser honestos. La autoridad moral es lo más importante y esa no se compra en la esquina. 4.- La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. 5.- Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia.
Y los restantes: 6.- El desarrollo y el bienestar del pueblo sólo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 7.- Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. 8.- México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y fraternidad de las naciones y nos coordinamos, mas no nos subordinamos. 9.- La política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, familia, naturaleza y patria. 10.- Condenamos el clasismo, racismo, machismo y cualquier forma de discriminación.
Ese mismo día, por la tarde, dio a conocer los cien enunciados que marcarán los compromisos de su administración, entre otros, el primero: “Gobernaremos con la obligada división entre el poder económico y el poder político. Nunca nos someteremos a intereses económicos, políticos o extranjeros, siempre trabajaremos por el interés supremo del pueblo y de la nación”.
El enunciado doce, responde a un compromiso que durante décadas ha sido reclamo vehemente del pueblo: “Encabezaremos un gobierno honesto, honrado, sin influyentismos ni nepotismos, corrupción o impunidad. La Secretaría de la Función Pública —y tiene a una mujer íntegra— se convierte en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Quienes nos conocen saben que somos implacables contra cualquier acto de corrupción. No va a regresar el régimen de corrupción y de privilegios, nuestra guía será siempre la honradez y la honestidad”.
Y el compromiso 68, que deslinda al gobierno de los apetitos de negocios de empresarios mexicanos y extranjeros corruptos que pretenderían seguir medrando con los bienes públicos: “El objetivo sigue siendo fortalecer a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas, estratégicas del Estado. Quedaron atrás los tiempos de las privatizaciones”.
No fue un hecho fortuito, casual que justo el primer acuerdo que emitió y firmó como presidenta, el miércoles 2 de octubre, haya sido para reconocer, a nombre del Estado Mexicano, que la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 constituyó un crimen de lesa humanidad.
En los considerandos del acuerdo, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación y firmado por Sheinbaum Pardo se asume: “Que la matanza perpetrada el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de Tlatelolco fue fría y cruelmente concebida, ideada, ejecutada y encubierta al más alto nivel del Gobierno Federal, tal y como fue reconocido por el entonces Presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas, Gustavo Díaz Ordaz.
“Que esa criminal acción tuvo como propósito reprimir y destruir a un grupo estudiantil que, amparado en las libertades democráticas de petición, expresión, reunión y manifestación pública, en apenas unos cuantos meses se erigió en una fuerza social capaz de poner en cuestión la estructura de poder vertical y autoritaria, acostumbrada al sometimiento de los movimientos sociales y de las organizaciones populares, a la represión de todo intento de organización política independiente y al encarcelamiento o asesinato de los líderes disidentes”.
Tampoco fue casual que la presidenta invitara a habla sobre la matanza del 2 de octubre de 1968 a uno de los participantes en el movimiento estudiantil que fue objeto de persecución, tortura y cárcel, Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Militante de izquierda que también se significó por ser en 1979, integrante de la primera y única legislatura federal en la cual el Partido Comunista Mexicano tuvo presencia, con personajes míticos en la historia social de nuestro país como Alejandro Gascón Mercado, Roberto Jaramillo Flores, Ramón Danzos Palomino, Othón Salazar, Valentín Campa Salazar, Arnoldo Martínez Verdugo, Gilberto Rincón Gallardo y Evaristo Pérez Arreola, entre otros.
Por eso el primer acuerdo emitido por la nueva presidenta determina: “Se instruye a la titular de la Secretaría de Gobernación para que, en nombre y representación del Estado Mexicano, se ofrezca una disculpa pública por esa grave atrocidad gubernamental a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto”.
Y además, Sheinbaum Pardo asume un compromiso histórico: “En nombre y representación del Estado Mexicano, el Ejecutivo Federal a mi cargo se compromete a garantizar la no repetición de atrocidades como a las que se refiere el presente acuerdo; actos de represión, actos de privación ilegal de la libertad, uso de las fuerzas armadas contra la población, utilización de cárceles clandestinas, desapariciones forzadas, torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a la anuencia del Estado para destruir o exterminar a un grupo de la población mexicana”.
Muchos se oponen a las transformaciones que la mayoría del pueblo respaldó a través de los votos que le dieron mayoría calificada a la alianza morenista en las cámaras de diputados y senadores, para que realicen las reformas constitucionales que profundicen el cambio de régimen, hacia una democracia en donde se garanticen y defiendan los derechos de los desvalidos, los marginados, los discriminados, los explotados.
Por eso, de nada valdrá que la mañana de este jueves 3 de octubre del 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya determinado que que sí puede analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, luego de admitir la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales. Ninguna Corte, por suprema que se asuma, puede pasar por encima de la voluntad mayoritaria del pueblo. Como tampoco tendrá trascendencia alguna que un organismo de la oposición de derecha, denominado Litigio Estratégico, vinculado al empresario Claudio X. González, tenaz opositor al gobierno, haya impugnado ante el Tribunal Electoral, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que declaró formalmente iniciado el Proceso Electoral Extraordinario para la elección, a través del voto directo del pueblo, de jueces, magistrados y ministros en junio del 2025.
La mañana de este jueves 3 de octubre del 2024 la presidenta Sheinbaum Pardo fue enfática: “La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución, y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año, eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir […] Eso ya se sancionó, ya se publicó, ya es parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, cualquier asunto que quiera definirse en la corte o en cualquier otra instancia, incluso internacional, no tiene sustento, el pueblo de México decidió y eso va a ocurrir. Y se va a hacer bien, que eso es lo que nos corresponde desde el Ejecutivo. Y que sean jueces, magistrados y ministros o ministras los mejores que participen en este proceso”.
En 1919 surgió el mítico Partido Comunista Mexicano, articulador de las ilusiones de millones de mexicanos que durante más de un siglo fueron fieles al sueño de que algún día, los pobres podrían ir al paraíso. Sheinbaum Pardo es heredera de esos sueños y de ese compromiso, que muchos temen se haga realidad, porque acabaría con los privilegios mezquinos y egoístas de una minoría privilegiada que siempre se ha sentido dueña del de un país, donde la mayoría pobre y desvalida sólo ha sido escenografía pintoresca y folclórica.
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