La violencia en Guerrero no ha podido ser contenida en los casi cuatro años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Este año, la entidad reportó las cifras de homicidio intencional más altas durante el sexenio y organizaciones de la sociedad civil han prendido las alarmas sobre una emergencia que ha impactado también a la economía y ha generado altos niveles de pobreza en la entidad. Pero, ¿por qué la gobernabilidad no ha podido ser restablecida en Guerrero?

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).– La presencia del crimen organizado, la falta de medidas de prevención social de la violencia y la corrupción que ha permeado a todas las instituciones han terminado por detonar una nueva ola de delitos en Guerrero. Especialistas y organizaciones civiles expusieron que la colusión ha impedido el avance de las estrategias de seguridad del Gobierno federal.

“El Gobierno federal dice que todo está bien porque ellos se basan en el número denuncias, pero aquí todos los días respiramos el olor a sangre”, dijo Mario Vergara Hernández, integrante de la organización civil Los otros desaparecidos de Iguala.

En Guerrero han desaparecido mil 320 personas, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas (RNPED). Sin embargo, la cifra es conservadora , de acuerdo con Vergara, porque sólo el 35 por ciento de los familiares se atreve a denunciar una desaparición.

En el caso de Los otros desaparecidos de Iguala, la agrupación de más de 500 familias contabiliza el hallazgo de 150 cuerpos enteros en fosas clandestinas y más de mil fragmentos de huesos en Guerrero.

“No confiamos en las autoridades, ni en el Gobierno federal ni local, porque ya lo vivimos: la ex Procuradora Arely Gómez fue un estorbo para las familia, fue un muro de detención y de ahí no pasamos”, dijo Vergara Hernández.

La entidad vive una crisis en materia de seguridad y eso pareciera ser reconocido por los sectores empresariales, políticos y organizaciones civiles.

En los primeros nueve meses del año hubo mil 654 averiguaciones previas por homicidios dolosos en Guerrero, 11.5 por ciento más que las registradas en el mismo periodo del año pasado.

La cifra no sólo supera a la registrada en los mismos meses del 2015 sino a la de cada año desde el 2013. Y de esta forma la entidad empieza a convertirse en una piedra en el zapato en contra de los discursos de seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Si bien los homicidios dolosos o intencionales subieron, sucedió lo inverso con otra serie de delitos entre los que se hayan los robos a negocio y delitos patrimoniales. Los primeros en un 15 por ciento y, los segundos, 9.5 por ciento.

¿Cómo se explica esta diferenciación del comportamiento de los delitos?

Gabriel Regino García, ex director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, expuso que los guerrerenses han perdido la confianza a la hora de denunciar los delitos.

“Si los delitos más violentos, que tienen que ver con la privación de la vida no se investigan, pues entonces qué esperanza que se investiguen los delitos de la criminalidad urbana como robos y demás”, dijo Regino García.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), obtenidos recientemente vía transparencia por SinEmbargo, en Guerrero operan numerosas clicas.

Entre las que se halla el Cártel Independiente de Acapulco, Los Ardillos, en la región de la Montaña; Los Rojos, en la región norte y centro; Los Granados en Tierra Caliente; todas vinculadas al Cártel de los Beltrán Leyva; así como también opera el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Regino aseguró que la operación de estos grupos afecta Guerrero. “En especial el problema de la goma de opio, la amapola y la colusión de la política con el crimen organizado. Mientras no se combata a los políticos que encubren al crimen, las cosas van a seguir igual”, explicó.

INTERVENCIONES FALLIDAS

Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, ha desplegado en varias ocasiones elementos hacia Acapulco con el fin de contener la violencia. Por ejemplo, el pasado julio, en la temporada vacacional 200 elementos y 35 patrullas fueron enviados.

Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), expuso que las estrategias de seguridad del Gobierno federal se han construido con base en los elementos de seguridad pública federal y no en las instituciones locales.

“Vimos lo que pasó con la Policía Federal cuando salió de Guerrero hacia Oaxaca por el conflicto magisterial, lo que hubo fue un repunte enorme de la incidencia de homicidios”, comentó Rivas Rodríguez.

Sin embargo, la ciudad costera no ha dado muestras de mejorar. En los primeros nueve meses del año hubo 722 averiguaciones por homicidio doloso; 5 por ciento más que las registradas en el mismo periodo del año pasado.

Los resultados obtenidos también cuestiona al cuerpo que inició con cinco mil elementos en el 2014 que tiene por objetivo proteger las zonas económicas y turísticas del país, la Gendarmería, por no dar los resultados que se esperaban.

“Se ha vuelto [la Gendarmería] una división más de la Policía Federal. Y no responde a una institución semimilitarizada”, dijo Rivas.

Esta situación también ha puesto en jaque a las empresas que funcionan en Guerrero. En junio el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos, detalló que los negociantes se estaban armando.

De 100 solicitudes hechas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al menos la mitad habían sido en ese entonces autorizadas, aseguró Alarcón. Las mismas servirían para su protección y de negocios.

El artículo 10 de la Constitución no aprueba el mantenimiento de armas dentro de negocios, sino sólo en domicilios, entendidos como el lugar en el que mora una persona.