Grupos civiles alertaron que la Ley de Seguridad Interior que está por discutir el Senado de la República abre la puerta para reprimir las manifestaciones.

El General Francisco Gallardo dijo este día en conferencia de prensa que la modificación constitucional “tiene por objeto criminalizar la protesta social, pero el fondo es la entrega de los recursos de la nación”.

Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).- La ley de Seguridad Interior representa un riesgo a la protesta social previo a los comicios electorales que se realizarán en julio del próximo año, alertaron organizaciones, por lo que hicieron un llamado a los senadores a frenar esta minuta y a la sociedad civil a manifestar su rechazo.

“Esta ley de seguridad interior es parte de una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y están pensando desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé el fraude”, sostuvo Enrique González Ruíz, miembro de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.

Porfirio Martínez, miembro de Mexicanos Unidos, expuso que la legislación aprobada deja en indefensión a las manifestaciones: “Esta ley es la de Porfirio Díaz, mátenlos en caliente. Esa es la naturaleza. Primero repriman y después veremos”.

El pasado 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que da facultades al Ejército para realizar tareas de seguridad pública. Ahora la minuta deberá ser discutida por el Senado de la República.

Hoy, la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Senado que no apruebe la Ley de Seguridad Interior.

En una carta firmada por Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se expone que la minuta que deberá resolver la Cámara alta ese jueves “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.

Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación “que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos”.

“Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”, dijo en un comunicado. “En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. En su visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”.

“¿Cuáles son las consecuencias de aprobar esta ley? Pues una violación sistemática de los derechos humanos”, dijo el General Francisco Gallardo. “Tienen por objeto criminalizar la protesta social, pero el fondo es la entrega de los recursos de la nación”.

En el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas.

El doctor González Ruíz, ex Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, apuntaló que el Ejército presionó para dar trámite a esta ley, lo que ha desembocado en la aprobación de la Cámara de Diputados.

“Como no se puede ligar a la seguridad pública, entonces tiene que inventarlo y decir que está ligado a la seguridad nacional[…] Lo que están haciendo es un arreglo malhecho, para ‘justificar’ porque el Ejército ha actuado tanto tiempo como policías en este país”, agregó.

El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto atraviesa por un periodo de crisis en materia de seguridad. Con 2 mil 371 carpetas por homicidios dolosos, octubre fue el mes más violento del año y en la historia reciente de México, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Al Gobierno no le interesa la seguridad pública, y como consecuencia tenemos el aumento de los delitos de los homicidios, las desapariciones, y en general el crimen organizado”, señaló Porfirio Martínez.

Las organizaciones expusieron que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior en el Senado apelarían a las instancias nacionales e internacionales, como acudir a la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

PREOCUPACIÓN DE LA CIDH

Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que “en reiteradas ocasiones, la Comisión ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública”.

“La Comisión reitera que las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.

La CIDH reiteró la recomendación hecha a México en el informe sobre la situación de derechos humanos en el país de “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad pública.