En los dos grandes ataques contra ciudadanos en los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto han estado involucrados militares: Tlatlaya y Ayotzinapa. En ambas tragedias, que involucran la muerte de 29 personas, entre éstas menores de edad, y la desaparición de otros 42 jóvenes, los miembros del Ejército son señalados por participar directamente en ejecuciones sumarias, obstruir las investigaciones, cubrir los restos de las mismas y hasta amenazar a las familias que exigen justicia.

La exigencia de sacar a los militares de las calles es un reclamo social desde el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. El 30 de abril de 2012, en plena campaña presidencial, el candidato priista Enrique Peña Nieto respondió a la pregunta de si sacaría al Ejército de las calles, en una entrevista con la agencia EFE: “No de inmediato: gradualmente el Ejército tiene que regresar a los cuarteles pero eso tiene que ser a partir de que el Estado tenga una mayor capacidad de fuerza policiaca que ya ha crecido y debe seguir creciendo y debe haber condiciones: el Ejército no puede estar de manera permanente si hay una fuerza civil más fuerte”.

Pero ya en su administración federal los militares continúan en el combate del crimen y la fuerza civil no se ha hecho más fuerte.

Voces como la del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, urgen que el gobierno mexicano saque al Ejército de las calles para frenar el “altísimo” número de homicidios en el país, donde el derecho a la vida “está gravemente amenazado”.

En un informe presentado en junio pasado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre su visita a México en 2013, Heyns estimó “imperativo” retirar al Ejército del combate al crimen organizado y asegurar que militares acusados de violar derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles.

Pero el gobierno de Peña Nieto no ha escuchado ese clamor.

El caso del asesinato de 22 personas el 30 de marzo de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, es uno de lo más vergonzosos en los que han participado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y es inmoral por ser el mismo Ejército el que reportó, en un primer comunicado oficial, que esas personas fallecieron en un enfrentamiento con ocho militares, cuando meses después testigos declararon a la prensa internacional que los uniformados ejecutaron a los presuntos delincuentes cuando éstos ya se habían rendido.

También, semanas después de ese asesinato, el Gobernador del Edomex, el priista Eruviel Ávila Villegas, cubrió a los militares y expuso que en su investigación no encontró indicios de una ejecución. Más grave fue el que la Procuraduría  General de Justicia del Estado de México (PGJEM) anunciara que toda la información del caso había quedado reservada por nueve años.

Y, como si esto fuera poco, apenas el 9 de diciembre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) también catalogó como reservada la información contenida en los 11 dictámenes de la investigación que realiza por la ejecución extrajudicial de 22 personas por parte de elementos del Ejército mexicano.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó, por medio de un comunicado de prensa, que el pasado 21 de octubre realizó una solicitud de acceso a información pública a la dependencia que encabeza el priista Jesús Murillo Karam para conocer cuántos dictámenes han sido realizados en la investigación del caso Tlatlaya así como para obtener copia simple de los mismos.

En respuesta, la PGR, mediante el oficio número SJAI/DGAJ/11187/2014, dijo que se han realizado 11 dictámenes en la investigación. Pero destacó que no otorgaría la versión pública de los hechos porque esa información quedó reservada por 12 años.

Luego de Tlatlaya vino el caso del asesinato en Iguala, Guerrero, de tres estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, así como de otros tres ciudadanos, además de la desaparición de otros 43 normalistas.

Entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre policías de Iguala, por orden del Alcalde, el perredista José Luis Abarca Velázquez, dispararon a los alumnos de Ayotzinapa, los asesinaron con saña e incluso secuestraron a 43 jóvenes para, según los reportes de la PGR, entregarlos a la organización criminal que opera en la zona: Guerreros Unidos.

La PGR explicó a la sociedad mexicana, sumida en una profunda indignación por la falta de respuestas ante estos hechos y por la falta de resultados para encontrar a los estudiantes, que los muchachos fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, un municipio que colinda con Iguala.

Sin embargo, investigaciones realizadas por los científicos Jorge Antonio Montemayor Aldrete, del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Pablo Ugalde Vélez, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Atzcapotzalco, pusieron en duda la versión oficial y, con argumentos científicos mostraron que los 43 normalistas no pudieron ser cremados en el basurero de Cocula sin que se detectarán las llamas, el olor y sin dejar huellas en el sitio, pero además sin los insumos y combustibles suficientes para desaparecer a tal cantidad de personas.

Ahora, otra versión con evidencias de esos mismos especialistas, revelada a Sanjuana Martínez y publicada ayer en La Jornada, apunta a los hornos crematorios del Ejército, donde “probablemente” habrían sido llevados los normalistas.

“La hipótesis es bastante probable porque los estudiantes pueden haber sido incinerados en crematorios modernos del Ejército o de empresas privadas, con instalaciones suficientemente grandes y con morgue (depósito de cadáveres)”, afirmó en entrevista el doctor Jorge Antonio Montemayor.

Los investigadores han empezado a buscar información sobre la actividad de los crematorios militares, no sólo por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino por dos vías más: la fiscal y la empresarial.

En caso de que el Ejército se niegue ha proporcionar la información, buscarán otra forma: “Aunque el Ejército no proporcione los datos, se le pide a las compañías que entregan gas regularmente a los campos militares para ver si registró un aumento fuerte entre el 26 y 28 de septiembre o fechas cercanas. Por el lado fiscal, la empresa que vende gas tiene obligación de decir a quién, cuándo y qué cantidad vendió y obligación por cinco años de retener esa información para Hacienda”.

Además, también ayer, el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, anunció que continuarán con su exigencia de que se abran los cuarteles del Ejército para la búsqueda de los normalistas desaparecidos, “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la cuestión de los cuarteles porque hoy podemos decir con mucha seguridad que fueron los policías y los militares los que intervinieron en estos hechos [la masacre de Iguala]”.

El 1 de diciembre de 2012, al tomar posesión como Presidente de México, Peña Nieto prometió: “Éste será un Gobierno al servicio de los derechos de todos los mexicanos. El bien mayor y el bien último, es la vida humana. Por eso, el primer eje de mi Gobierno es lograr un México en paz. Pondremos al ciudadano y a su familia en el centro de las políticas de seguridad”.

Ese compromiso tampoco se ha cumplido.

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