¿Ingenuidad o complicidad del Estado? Es el cuestionamiento que se hace tras la estafa a cientos de personas que tenían sus ahorros en Ficrea. Cuatro son las instancias federales a las que abogados, ahorradores y legisladores han señalado como responsables y a las que también acusan por complicidad: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Por este caso hay un antes y un después en el sistema financiero mexicano, que creó la figura de la Sociedad Popular Financiera (Sofipo) –a través del Sector de Ahorro y Crédito Popular– para dar atención de ahorro y crédito a un sector de la población que está marginado de los servicios financieros. En su origen parten de iniciativas dentro de comunidades con ingresos bajos y medios.
Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofico) y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP) saltaron al ruedo supuestamente supervisadas y autorizadas por la CNBV. Actualmente, en México existen 143 SCAP autorizadas y 50 en proceso de autorización, 49 Sofipos y una Sofico.
Ficrea reflejó la falta de supervisión y la urgencia de reformar el sistema de ahorro popular en general, tanto para evitar que fraudes de esta magnitud se repitan como para que, en caso de ser necesario, las instancias correspondientes emitan alertas a tiempo a los ahorradores.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– Desde que salió a a la luz el desfalco de Ficrea, un caso más en la lista de ahorradores defraudados por entidades de ahorro popular, las autoridades concentraron la atención en la figura de Antonio Rafael Olvera Amezcua, el socio mayoritario de esa Sociedad Financiera Popular (Sofipo), y quien fue señalado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el culpable de la desviación de 2 mil 700 millones de pesos, en una maniobra de triangulación de varias de sus empresas, entre éstas Baus & Jackman Leasing, Monka Comercial y Leadman Trade.
La CNBV argumentó que dicho monto fue utilizado para transferencias internacionales, para la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar dos inmuebles –uno de ellos un edificio en Londres, Inglaterra–, 52 propiedades más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y gastos en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar de automovilismo.
Desde 2006, Olvera Amezcua tenía ya un largo historial de acciones poco lícitas con gobiernos como el del priista Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, y el del también priista Andrés Granier Melo, en Tabasco.
La jugada de Olvera exhibió el lento actuar de las instituciones y en las declaraciones de las autoridades que las encabezan se han denotado contradicciones, por lo que en los más de 6 mil ahorradores organizaron un grupo que se maneja bajo una sola consigna: quieren de vuelta el 100 por ciento de sus ahorros y así lo confirmaron a SinEmbargo tanto los ahorradores afectados como los abogados y expertos en el tema.
De acuerdo con el abogado Mario Herrera Carrasco, presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo (Fide), que se especiliza en la defensa a personas defraudadas por cajas populares, este caso refleja la urgencia de regularizar a las Sofipos si no “van a seguir cometiéndose fraude todos los días”.
Para Herrera Carrasco, este caso aumentará el escepticismo de ahorrar en una figura alternativa que no sea un banco: “El fraude de Ficrea es el mayor del que se tenga conocimiento en materia de Sofipos. Se deja una incertidumbre, un gran hueco en las empresas iguales a Ficrea, que en el efecto dominó podrían comenzar a cerrar en el futuro”.
BAJO LA AUTORIZACIÓN DE LA CNBV
Ante el cuestionamiento de ¿qué fue lo que falló?, tanto ahorradores, el abogado Herrera y la Senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dolores Padierna Luna, coinciden nuevamente en que, en primera instancia, la CNBV y la Condusef, a través de sus titulares Jaime González Aguadé y Mario Di Constanzo Armenta, realizaron una mala supervisión de la Sofipo.
De acuerdo con declaraciones de González Aguadé, desde marzo de 2014 comenzaron las investigaciones a Ficrea, ya que se detectó que ocultaba información y otra era falsa. Sin embargo, la CNBV le otorgó prórrogas hasta que la Sofipo dejó de dar información y vino entonces la intervención.
En ese periodo, no se informó de nada a los ahorradores y además se permitió que más personas realizaran sus depósitos.
“No hay vuelta de hoja. La CNBV es la principal, directa y más abiertamente responsable, no hay otra. Dentro de sus facultades está que tiene que velar y supervisar. Mientras le dio prórroga [a Ficrea] de que se regularizara, permitió que se siguiera cometiendo el delito, es decir hay complicidad […] Se otorgaron cuatro prórrogas, según lo dijo Jaime González Aguadé, y ahí está implícita la responsabilidad del titular, eso es responsabilidad penal”, explicó Herrera Carrasco.
Por su parte, la legisladora Dolores Padierna agregó que es desde la creación de la Sofipo se permitieron irregularidades.
“Ficrea como Sofipo, comenzó a operar con una fórmula piramidal que está prohibida en la ley y que quedó evidenciada después de la crisis de 2008, que es sumamente delicada. Le permitieron trabajar así y atraer cuantiosos volúmenes de recursos de participantes con la oferta de pagar altas tasas de interés superiores a las que soporta la propia institución […] Se permitió trabajar con este sistema de defraudación y aún cuando la CNBV ya había detectado que Ficrea obligaba a los ahorradores a firmar un doble contrato, uno con ellos y otro con Leadman Trade, desde ese momento debió haber suspendido a Olvera Amezcua y tomar cartas en el asunto para evitar el fraude.
“Todavía más grave fue el 7 de noviembre, cuando la CNBV anunció la intervención de las operaciones de Ficrea y hasta el 19 de diciembre que de forma tardía le revoca la autorización de operar […] Esto se hizo de la mano de la CNBV. Queda claro que es una connivencia, una colusión, fue omisa o no revisó. Deliberadamente que se permitió a Ficrea elevar el número de personas que finalmente fueron defraudadas”, expuso Padierna Luna.
Hasta octubre de 2014, Ficrea SA de CV contaba con 6 mil 633 clientes ahorradores y 6 mil 724 clientes acreditados, lo que significaba un crédito total de 6 mil 284 millones de pesos; además, se calcula, las transferencias a empresas llegaron a los 5 mil 900 millones de pesos.
Según la información de la CNBV, Ficrea hacía firmar a sus clientes dos adeudos: uno con esa empresa y otro en Leadman Trade, pero los clientes sólo recibían el monto suscrito una vez. El primer contrato era firmado en la Sofipo, el cual se documentaba como un crédito, y el segundo en Leadman, donde se documentaba como una arrendamiento puro.
Incluso se daba a los clientes una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea sólo servía como un trámite administrativo ante las autoridades financieras.
Esto permitió construir una base de créditos en la Sofipo que no tenía sustento económico, pero que funcionaba para respaldar información contable y para que la transferencia de recursos a otra empresa no fuera supervisada.
El 98 por ciento de la cartera de crédito originada por Ficrea se canalizaba a través de Leadman, y ya no se presentaba información de soporte.
LAS LETRAS CHIQUITAS QUE NI LA CONDUSEF VIO
“Se tiene que trabajar en saber en qué se falló Ficrea. Según la CNBV y la Condusef, dicen que se vieron engañados y ahí hay responsabilidad absoluta penal, civil y social, ya que reconocieron el engaño, cuando desde marzo de 2014, Ficrea ya no entregaba informes, ya no rendía cuentas, no se sabía a dónde iba a parar el dinero, ya estaba maquillando los informes”, afirmó Mario Herrera.
De acuerdo con su portal de Internet, la Condusef promueve y difunde la educación y transparencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano.
Mario Di Constanzo ha señalado en reiteradas ocasiones que este caso deberá reforzar las acciones de la Comisión, y ahora cataloga sus actuación como de conciliadora entre ahorradores y gobierno.
“La Condusef debió haber actuado desde antes de que sucediera el problema: dando información a los ahorradores, rindiendo informes, presentar denuncias correspondientes, impugnaciones o reclamos y no sólo dedicarse a interpretar las letras chiquitas. Es una comisión nacional y fue creada y facultada para ayudar al ahorrador a procurar el bien en su ahorro y evitar riesgos”, dijo el abogado entrevistado por SinEmbargo.
A lo largo de casi tres meses de marchas, mítines y reuniones, algunos ahorradores han comentado que antes de invertir en Ficrea recurrieron a la Condusef y no recibieron ninguna información negativa.
Martha Hernández, una de las ahorradoras que está presente en todos los actos de protesta, acusa que tanto González Aguadé como a Mario DiConstanzo, director de la Condusef: “Nos han mentido todo el tiempo. Nadie más que ellos tienen la culpa […] La gente dice que en México no tenemos cultura financiera, pero si no la tuviera jamás habría ahorrado ese dinero, si no la tuviera mis hijos no estuvieran estudiando en escuelas privadas. Toda la vida he trabajado para que ellos tengan una vida mejor, por eso tengo tanta rabia”, afirma.
Al igual que Hernández, el señor José Alvarado, que depositó todo el dinero de su jubilación en Ficrea, comentó que se asesoró con la Condusef y la CNBV, y aseguró que le notificaron que no había ninguna situación de riesgo. “Ellos ya tenían sospechas de que algo andaba mal, pero no nos dijeron nada. ¡Eso también es negligencia! Somos ahorradores defraudados por Ficrea pero también por la benevolencia de la Condusef”, acusa.
LA OPACA ACTUACIÓN DE LA SHCP y LA PGR
El pasado 16 de enero, durante una mesa de trabajo en la que comparecieron los titulares de la CNBV, de la Condusef y Alberto Bazbaz de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se explicó que durante la intervención gerencial que se realizó el 7 de noviembre la PGR aseguró ministerialmente a Leadman Trade, Baus & Jakcman Leasing, sus cuentas bancarias y las de Rafael Olvera Amezcua.
Según la información de Bazbaz, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP bloqueó las cuentas a nombre de Ficrea, con lo que se puso un alto al saqueo de los recursos de los ahorradores y fue posible identificar el monto de desvío de recursos que fue de aproximadamente 5 mil 900 millones de pesos.
Leadman Trade otorgó arrendamientos por 3 mil 200 millones de pesos a valor contable; ambas cantidades fueron utilizadas para la compra de bienes, carros, gastos de las empresas y transferencias al extranjero.
Antes, el 6 de enero, los ahorradores entregaron una demanda dirigida a Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), contra la CNBV órgano que, destacaron, fue cómplice en el robo de sus ahorros, y solicitaron que se les informara sobre el caso de la arrendadora Leadman Trade, que radica en la Procuraduría.
Ese día Julio Rodríguez, uno de los ahorradores afectados, abandonó la mesa de diálogo y al salir de las instalaciones de la PGR comentó que quien los atendió, Rodrigo Archundia Barrientos, Subprocurador Regional de Procedimientos Penales, admitió ante ellos que se había enterado un día antes del asunto por un artículo periodístico, y les solicitó tiempo para informarse.
“Le pregunté por qué nos atendía él y no quien llevaba el caso, queríamos que nos explicaran por qué hasta el día de hoy no hay nadie en la cárcel y nosotros ya estamos con un quebranto patrimonial. Él respondió que fue indicación del Procurador que nos atendiera (…) nos están haciendo perder el tiempo. No queremos que sólo nos reciban, nos interesa que nos resuelvan, que actúen y nos den explicaciones, pero no lo hacen (… ) nosotros no vamos a aceptar menos del 100 por ciento de nuestros ahorros, ¡jamás!. Las autoridades nos están dando largas, se están burlando de nosotros”, expuso Rodríguez.
Al respecto, el abogado Herrera pregunta: “¿Qué la PGR no tiene la capacidad para trabajar de manera conjunta con la CNBV para saber a dónde fue a parar hasta el último centavo desde que se abrió la sociedad popular a la fecha? ¿No tiene la capacidad para saber el movimiento del dinero? ¿Complicidad o ingenuidad? Se trata de complicidad que viene de la mano de la ignorancia extrema de cómo debe aplicarse la ley”, asegura.
Poco tiempo después de la intervención, la PGR informó que Ficrea desvió al menos 470 millones de pesos entre el 3 y 6 de noviembre pasados, a pesar de que ya estaba siendo investigada por las autoridades.
También, el coordinador general de la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, Eduardo Cruz Gómez, aclaró que la investigación a Ficrea arrancó desde el 17 de octubre y que, a pesar de esta vigilancia, la Sofipo realizó la transferencia de 470 millones de pesos por concepto de pago de gastos a su arrendadora Leadman Trade.
UN MARCO REGULATORIO INSUFICIENTE
Adrián González, ahorrador de Ficrea, comenta que haciendo una lectura al interior de la legislación y del gobierno, se evidencia que existe un marco regulatorio insuficiente y por otro lado, desde el punto de vista del conjunto de ahorradores, lo que ahora debe hacerse es una supervisión más puntual del dinero para que no ocurran estas situaciones que aprovechan los vacíos que la ley deja.
“Nosotros consideramos que el trabajo de supervisión de la CNBV fue no preciso, ni correcto y no se hizo en tiempos ni en forma. Como se ha dicho, hay datos que presumían que podría haber irregularidades; las leyes de ahorro y el reglamento daban elementos precisos para hacer un conjunto de acciones preventivas, pero como sabemos no fue así”, dijo.
El doctor Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Tec de Monterrey, campus Santa Fe, considera que el marco legal da la libertad a las empresas para que actúen “personas sin escrúpulos que se convierten en bichos”.
“Las autoridades fueron ingenuas, no tienen brazos ni presupuesto suficiente para auditar todos los días a todas las instituciones a las cuales les fue concedida la autorización para ofrecer un servicio público de banca de crédito”, comentó.
Ante el cuestionamiento, sobre una posible crisis en el sistema de ahorro popular, señala que éstas viven en crisis desde hace varios años, “en varios estados se realizaban fraudes de este tipo a mucha gente, y para parar esos actos, se convirtieron en organismos regulados y se supone que entraban así en un marco de vigilancia y supervisión.
“Se afecta a aquellos ahorradores que tienen la ilusión de obtener una mayor tasa de ganancia por su ahorro contra las miserables tasas de los bancos, que no ganan ni siquiera la inflación de estos ni el cete directo, buscan estos organismos.
“La burra no era arisca, la hicieron”, asegura.
LA POSIBLE REFORMA AL SISTEMA FINANCIERO
Mario Delgado Carrillo, Senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lanzó una iniciativa de reforma a los artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que busca aumentar el monto de seguro de recuperación, que actualmente se encuentra en 25 mil Udis (131 mil 500 pesos), a 300 mil Udis (1.5 millones de pesos).
De acuerdo con el documento emitido por el Senador, del total de usuarios, sólo el 37. 9 por ciento podría salir beneficiado del pago de 25 mil Udis, pero el 62.1 por ciento restante tenía montos muy superiores a esa cantidad y se verían seriamante afectados, incluso en diferentes eventos y manifestaciones, calificaron la cantidad como inadmisible.
En la propuesta también se solicita incorporar las causas imprevistas como mecanismo de activación del seguro. “Es necesario modificar la ley para que el seguro de protección solo aplique, cuando se trate efectivamente de casos imprevistos, aquellos que están más allá de cualquier posibilidad humana.
“Pero cuando se trata de casos que la autoridad debió advertir, como fue el caso de Ficrea, el seguro debe cubrir en su totalidad los ahorros de las personas físicas”, se lee en el documento.
