Desde diciembre de 2018, una treintena de proyectos en desarrollo fueron suspendidos en los cinco municipios de Baja California porque el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid no habría pagado a contratistas aproximadamente 200 millones de pesos de obra contratada en todo el estado.  Por esto, el Congreso estatal llamará a rendir cuentas a la administración la próxima semana.

Los malos manejos de la administración de Vega de Lamadrid arrastran a prácticamente todas las instituciones públicas. Entre ellas la más afectada es la Universidad Autónoma de Baja California, cuyos pasivos superarían los 850 millones de pesos, según información de la instancia educativa.

En total, el mandatario debe a la institución 853 millones 823 mil 647 pesos con 38 centavos, deuda sólo comparable con la que dejó el ahora preso y ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al finalizar su sexenio, cuando se reveló que había dejado de entregar recursos a la Universidad Veracruzana por un monto superior a 2 mil 200 millones de pesos.

Por Isabel Mercado y Cristian Torres

Tijuana, Baja California, 5 de febrero (Zeta/SinEmbargo).– Desde noviembre de 2018 y sin explicación, el Gobierno de Baja California, encabezado por Francisco Arturo Vega de Lamadrid, suspendió el programa de pagos a proyectos desarrollados por a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) y obras de los organismos operadores del sistema de agua. De manera unilateral, lo pagos se difirieron para febrero de 2019.

Las empresas constructoras afectadas no avalaron esta decisión, porque no fueron consultadas y porque la falta de pagos de parte del Estado data de siete meses atrás. Porque de hecho, el anticipo del 30 por ciento del valor de la obra, que deben recibir para iniciar las obras, les fue depositado diferido, en fecha posterior al inicio de las obras.

Incluso, en la mayoría de los casos, ese adelanto, fue el único pago reportado por la autoridad estatal durante 2018, así lo informaron los representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice) y la Asociación Mexicana de Industriales de la Construcción (AMIC) de Baja California.

Los representantes del sector de la construcción estimaron que el adeudo en obra pública en 200 millones de pesos. En estas circunstancias, demandaron al gobierno de Francisco Vega cumplir con el compromiso de pago, y advirtieron que de no haber cumplimiento, ellos suspenderían la ejecución de obra pública.

Como el impago se mantuvo, entre noviembre y diciembre de 2018 los contratistas suspendieron la ejecución de una treintena de proyectos

Los contratistas informaron que además de los recursos del programa de obra de 2018, “Kiko” Vega también dispuso de los fondos extraordinarios etiquetados para obra prioritaria, como la rehabilitación de los colectores integrados en el Plan Emergente implementado desde 2017 por la CESPT, acciones también paralizadas.

En la glosa del quinto informe del Gobierno de Vega de Lamadrid, los secretarios de SIDUE y de Administración y Finanzas, Alfonso Padres Pesqueira y Bladimiro Hernández Díaz, fueron cuestionados por el desvío de estos recursos etiquetados para obra.

Ambos justificaron ante los diputados del Congreso del Estado que el pago de diversas acciones se tuvo que “apasivar” -suspender momentáneamente su pago- para ser liquidadas a más tardar a finales de febrero, antes del cierre del ejercicio fiscal en curso, explicó a Zeta el Diputado Benjamín Gómez.

Los funcionarios no explicaron, ni los legisladores les cuestionaron, qué pagos serían suspendidos, “sólo se nos dijo que, con recurso propio destinado a programas estatales, el gobierno haría frente al déficit financiero”, anotó, al exponer que la próxima semana convocarán al secretario de Planeación y Finanzas para que explique el no pago a contratistas.

Al ser cuestionado por los contratistas los mismos funcionario les respondieron en noviembre de 2018 que habían dejado de pagar obra porque necesitaron el dinero para pagar sueldos, sin embargo fue precisamente en los meses de noviembre y diciembre cuando dejaron de pagar sueldos a diversas para estatales, generando una crisis.

Para el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, el no pago a constructores “es una falta administrativa que debe revisarse, no se puede tomar de forma discrecional recurso ya programado”.

También es un tema de responsabilidad presupuestal, ya que el recurso se ejerce de manera desprogramada”, manejo que debe investigarse y transparentarse, añadió.

Ciudad justicia, sin avance. Foto: Isabel Mercado, Zeta.

PROYECTOS SUSPENDIDOS EN TIJUANA

De acuerdo al registro de organismos como CMIC, AMIC y Comice ante el “no pago” de más de 100 millones de pesos Tijuana, 15 obras se encuentran suspendidas en Tijuana, lo que lo convierte en el municipio con mayor afectación por la falta de liquidez o desaseo administrativo del gobierno de Baja California.

Gabriel Valenzuela Moreno, presidente de CMIC Tijuana-Playas de Rosarito, dijo que con esta situación son mil 500 empleos los que están en riesgo de perderse. Trabajadores que estaba ejecutando obra pública pero se han canalizado durante los últimos dos meses a la ejecución de proyectos privados, particularmente el desarrollo de naves industriales y vivienda vertical.

Pero aseguran los contratistas, son empleos que en el corto plazo, ya no podrán continuar sosteniendo.

Explicó Valenzuela que esta situación, no sólo afecta la economía del sector de la construcción, “la cual representa un termómetro de la economía de la región”, sino que genera un efecto multiplicador negativo para el resto de los sectores, incluyendo al propio gobierno.

Advirtió que paralizar una obra incrementa el costo de la misma, y el gobierno lo sabe, además de que alarga su periodo de ejecución, en detrimento del erario.

Ante ello, exhortó a la administración de “Kiko” Vega a “hacer un mayor esfuerzo de cumplir con los compromisos adquiridos con la industria de la construcción”.

CIUDAD DE JUSTICIA

Entre las obras paralizadas en Tijuana está Ciudad Justicia, complejo en el que operarán los Juzgados del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el cual se edifica desde 2017 sobre el Bulevar 2000, en la zona de La Encantada de la delegación La Presa Este.

Para el desarrollo de la obra, a ejecutarse en un periodo de tres años, se programó una inversión de poco más de 835 millones de pesos, de los cuales 219 millones se etiquetaron para etapa inicial que debió terminarse en el último trimestre de 2018.

Actualmente esa primera fase sigue inconclusa, en el predio no hay ni maquinaria ni trabajadores de las empresas a las que de forma directa se les adjudicó el proyecto, Constructora Jan, SA de CV, Gra Arte Diseño y Construcción, SA de CV y Gilsa Constructora.

INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES

También en el abandono se encuentran una serie de obras de rehabilitación de vialidades o de reparación de infraestructura hidráulica, contratada por la SIDUE y la CESPT para desarrollarse en colonias como, Buena Vista, Arboledas, Bulevar Insurgentes, o Cañón del Sainz, entre otras.

Obras suspendidas sobre el bulevar Juan Ojeda. Foto: Alejandro Gutiérrez, Zeta.

En un recorrido realizado por Zeta se constató  que en existen vialidades con revestimiento incompleto de pavimento y boquetes abiertos, algunos en medio de calles obstruyendo el tránsito.

Entre la obra hidráulica sin terminar y pendiente de pago se encuentra la “Rehabilitación del Colector Insurgentes, Tramo El Mexicano-Puente Ermita, en el municipio de Tijuana”, proyecto contratado a Constructora Sextin, SA de CV el 18 de junio de 2018 por CESPT, por un monto de 32 millones 430 mil 361 pesos, con un plazo de ejecución de 180 días, que comprendía del 25 de junio al 21 de diciembre de 2018.

Dos meses después la paraestatal tuvo que firmar un diferimiento del convenio “por la entrega tardía del anticipo”, según se lee en el documento.

El diferimiento derivó en la modificación de las fechas para la ejecución del proceso de rehabilitación del colector, programándose como fecha de inicio el 16 de agosto, para concluir el 11 de febrero de 2016. El mismo día de arranque el estado puso a disposición del contratista la cantidad de 9 millones 729 mil 108 pesos, por concepto de pago anticipado.

Después del anticipo la empresa no volvió a recibir pago alguno por la ejecución de la obra, no obstante que continuó su desarrollo hasta que la falta de recursos la obligó a suspenderla en diciembre de 2018, estatus en el que se mantiene hasta la fecha porque el gobierno de Kiko Vega mantiene un adeudo con la empresa de más de 20 millones de pesos.

LOS COLECTORES DE URBACA

En circunstancias similares se encuentra Constructora Los Potros, SA de CV, contratada para la “Rehabilitación del Colector Insurgentes, tramo Parque Morelos-Los Álamos”, acción en la que se programó una inversión de 14 millones 395 mil 750 pesos de la que solo han recibido el anticipo.

La obra, interrumpida desde diciembre de 2018, se sitúa en medio del Bulevar Insurgentes, frente al Parque Morelos, a la altura de la colonia Los Álamos, en donde se observa un boquete que mantiene inhabilitado un carril y un semáforo.

La falta de liquidez del gobierno Kiko Vega se extendió hasta sus allegados, como es el caso de UR Obras y Servicios, SA de CV, empresa hermana de Urbanización y Riego de Baja California, SA de CV (Urbaca) de la que es socio Fernando Beltrán Rendón, uno de los principales proveedores de la actual administración estatal.

En 2018, UR Obras y Servicios obtuvo varios contratos de obra por parte del Estado, entre ellos la rehabilitación del Colector oriente, tramo Buena Vista, rehabilitación del Colector INV, tramo Fundadores-Esteban Calderón, así como la primera etapa del tramo Vientos Alisos-Cuauhtémoc del Colector Poniente, proyectos que suman una inversión superior a los 26 millones de pesos.

La suspensión de los trabajos de rehabilitación de estas obras hidráulicas también afecta a los vecinos de las zonas en donde se ubican, ya que para su desarrollo se abrieron calles, manteniéndose intransitables vialidades como en la Avenida Juan Ojeda, en el cruce de la Calle Centinela, tramo que el Gobierno estatal programó rehabilitarlo con concreto hidráulico en 2018, acción que a la fecha mantiene inconclusa.

Otras de las empresas contratistas que pararon obras en Tijuana son: Japal, SA de CV; Constructora Río Tijuana, SA de CV; Copav, SA de CV; Crisol, SA de CV.; Jorso Ingeniería, SA de CV; Urbanizadora Roma, SA de CV y JR Ingeniería, SA de CV.

 50 MDP PENDIENTES DE PAGO EN TECATE

Para empezar, de los 10 millones de pesos asignados al programa de mantenimiento de Pueblo Mágico de Tecate 2018, el gobierno kikista sólo remitió 5 millones, que es el monto enviado por la federación, pero dejó de cumplir con los 5 millones que le correspondían al Estado

El 50 por ciento que le correspondía proveer a la administración de Vega “lo reorientó al pago de nómina y aguinaldos que realizó a finales de 2018, por supuesto recorte de Gobierno Federal”, fue la explicación que recibió como legislados”, explicó el Diputado Benjamín Gómez.

Quien calificó como una falta administrativa esa reorientación, toda vez que el Gobierno de “Kiko” Vega lo hizo sin consultar al Congreso del Estado.

Respecto a la inversión en esa obra, el delegado de la SIDUE, Héctor Lemus Vela, aseguró frente a los constructores que “las acciones complementarias para el mejoramiento urbano y seguimiento a la ejecución de obras que se realizan en la ciudad de Tecate, se concluyó con los trabajos de equipamiento en el centro histórico”.

Lo que omitió fue que no se concluyó el proyecto, y que en las acciones que él mencionó  sólo se invirtieron 3 millones de pesos, de los 5 millones que quedaron pendientes de ejercer en 2018 y que, de acuerdo al compromiso de Francisco Vega de Lamadrid, deberán aplicarse antes de marzo de este año.

“En Tecate, el gobierno del estado también mantiene adeudos con contratistas por obras en desarrollo con un valor de  50 millones de pesos” advirtió Gómez quien ha recibido las quejas como el legislador local.

Detalló que se trata de proyectos viales como el acceso a la colonia Libertad en la que se programó una inversión de 36 millones de pesos y obras menores de rehabilitación de calles, así como acciones de mejoramiento de espacios educativos, son parte de las obras suspendidas desde hace un par de meses.

El legislador acusó  que esta “falta de liquidez histórica” que tiene descapitalizados a los constructores de la región se debe  a “la mala administración del actual gobierno”.

 10 MDP, LA DEUDA EN ENSENADA

Orlando López Acosta, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice), informó que el pago pendiente por obra que se ejecuta en Ensenada asciende a 12 millones de pesos.

Dijo que “los constructores no tiene recursos para solventar la obra, por lo que se suspendieron los proyectos” entre los que enumeró la rehabilitación de la Calle Sexta y el programa de bacheo que se realiza en la ciudad.

Además refirió, que en 2019 la inversión en obra pública programada se redujo en un 20 por ciento, con relación a 2018, cuando se programó en Ensenada proyectos por 200 millones de pesos.

Por su parte, el presidente de CMIC Ensenada, Héctor Ramos, precisó que el monto que se adeuda representa el 40 por ciento de la inversión programada en 2018 para ese municipio.

De las obras pendientes sólo se cubrió el anticipo, a pesar del impago,  los proyectos “están casi concluidos, pero con deuda”, subrayó.

EN MEXICALI, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES INCONCLUSO

La edificación del Hospital de Especialidades, también está inacabada en Mexicali, lo mismo que otras cinco obras  de pavimentación y de introducción de drenaje, porque el gobierno de Baja California no depositó los pagos correspondientes.

En la capital del estado, el nosocomio es la principal obra suspendida, construcción que inició en 2017 con una inversión programada de 590 millones de pesos, previéndose concluir en marzo de 2018. Actualmente su avance es paneas del 30 por ciento y los trabajos se paralizaron completamente desde finales de noviembre.

Alfredo Gómez, presidente de CMIC Mexicali, anotó que el retraso en los pagos a los constructores capitalinos asciende a un promedio de 35 millones de pesos.

PENDIENTES EN ROSARITO

En Rosarito está pendiente la obra complementaria de integración del Puente Machado, ordenada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual consiste en un puente peatonal de un monto de más de 5 millones de pesos, adicional a los 58.9 millones de pesos ejercidos en el proyecto original .

El puente se ejecutó sin apego a la normatividad de Caminos y Puentes Federales (Capufe), dependencia federal que ordenó a SIDUE realizar las modificaciones correspondientes, por lo que se tuvo que rehacer a partir de enero de 2018, trabajos que Alfonso Padrés Pesqueira, secretario de SIDUE, consideró serían ejecutados en un mes, pero que a la fecha la obra continúa inconclusa y suspendida en su desarrollo.

Al respecto, Miguel Lemus Zendejas, Subsecretario de SIDUE, admitió que el proyecto se encuentra suspendido, “pero no por falta de dinero, sino por cuestiones técnicas, debido a que SCT y Capufe demoraron la liberación de la licencia de construcción”. Para reiniciar, la obra tendrá que reprogramarse.

GOBIERNO IGNORÓ ADVERTENCIA

Gabriel Valenzuela Moreno y Víctor Escobar Sánchez, presidentes de CMIC-Tijuana y AMIC, recordaron que desde noviembre de 2018 los contratistas advirtieron al Gobierno del Estado, que si no se cumplía con el programa de pago, la obra en desarrollo se iba a paralizar.

El mismo exhorto lo hicieron los industriales de este sector de Ensenada y Mexicali, compartieron a Zeta los presidentes de la CMIC de Mexicali y de  Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada, Alfredo Gómez y Orlando López Acosta, respectivamente.

La autoridad estatal no atendió el aviso y, a la fecha, continúa sin cubrir el adeudo, por lo que desde diciembre del año pasado las obras quedaron detenidas, no solo como medida de presión, “sino porque las empresas ya no cuentan con recursos económicos para solventar la compra del material que se necesita para su desarrollo y pagar a los trabajadores”, detalló Valenzuela Moreno.

Los dirigentes de los constructores coincidieron en señalar que al adeudo de 200 millones de pesos que mantiene el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid se incorpora otros atrasos en pago a contratistas de obras activas, “son rezagos menores pero se van sumando”.

Víctor Escobar, dirigente de AMICBC dijo que desde el inicio de la actual administración se enfrenta la no cobertura de las estimaciones a contratistas, pero fue en 2018 cuando el rezago en los pagos se agudizó.

“De toda la administración pública, el Gobierno del Estado era el más pagador, pero ya no”, acotaron los representantes de los industriales de la construcción.

PRIMER TRIMESTRE DE 2019

El secretario de Desarrollo Urbano del Estado, Alfonso Padrés Pesqueira, aseguró que durante el primer trimestre de 2019,  “…vamos a dar continuidad y vamos a dar terminación a las obras que están iniciadas”.

Al sector de la construcción de Baja California el titular de SIDUE les pidió comprensión por el retraso en los pagos los cuales, les expuso, “obedece a cuestiones de tipo administrativo que se generan al final de cada ejercicio fiscal al cerrarse los programas de inversión, lo que impide acceder al recurso previamente etiquetado”.

PAGOS EN FEBRERO

En tanto, Germán Lizola Márquez, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, reconoció que la paraestatal mantiene siete obras en suspenso, por falta de pago a contratistas. “No es que no se haya canalizado (pago), se les dio el anticipo y bueno. A algunos se les dio anticipo y ahora sí… les faltó o lo canalizaron de otra manera”.

Agregó: “Nosotros también suspendimos este proceso por lluvias y porque no llegaba el recurso, pero ya estamos a punto de reactivarlo nuevamente. Ya lo vi con Planeación y Finanzas para que pudiera salir el pago y está a punto de salir”. Y agregó que los pagos pendientes se empezaran a cubrir  a partir de la segunda semana de febrero.

Entre los adeudos, reconoció parte de 146 millones de pesos etiquetados en 2017 para el programa emergente de obra de rehabilitación de colectores.

La inversión programada en la obra suspendida es de 86.1 millones de pesos, cantidad de la cual, a decir de Lizola se han pagado 34 millones de pesos

Detalló que el avance promedio del programa de obra 2018 “anda entre el 40 y 51 por ciento en general”.

En cuanto al rezago en el pago de obra dijo también, que se debió a la falta de recurso del Gobierno del Estado para el pago de nómina y aguinaldos. “En diciembre traíamos una situación y bueno, siempre estamos a la espera del recurso (sic)”.

— ¿Se dio prioridad al pago que se tuvo que hacer en diciembre?, se le preguntó.

“Es que todos traemos prioridades, es como en el hogar, demarcamos y decimos por dónde vamos, pero de que vamos a cumplir, vamos a cumplir y sacar esto”.

De la inquietud de los constructores de que el costo de la obra pudiera aumentar, los funcionarios estatales indicaron que la paridad peso-dólar es un factor “en favor de todos”, por lo que consideraron que eso pudiera evitar cualquier aumento.

DEUDA A LA UABC

Daniel Octavio Valdez Delgadillo tomó protesta como rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) el domingo 27 de enero, y le tocará enfrentar la peor crisis financiera de la institución desde su creación en 1957.

Efectivamente, al doctor en Derecho por la UABC, quien se ha convertido en el decimosexto rector de la Máxima Casa de Estudios le corresponderá, con la colaboración del Patronato de la Universidad, llegar a acuerdos financieros con el Gobierno del Estado que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, para que éste pague los más de 900 millones de pesos que adeuda a la institución académica.

Hasta donde declaró el ex rector Juan Manuel Ocegueda, ante la falta de recurso incluso para gasto corriente desde octubre, se han cerrado varios programas de investigación y sociales. Además, de no “abonar” el gobierno en este mes de febrero, la operación de la UABC estaría en riesgo.

El domingo 27 de enero, Francisco Vega de Lamadrid no acudió a la toma de compromiso del doctor Valdez Delgadillo. El resto de los titulares de los poderes del Estado sí lo hicieron. Por el Legislativo fue el Diputado presidente de la mesa directiva, Carlos Torres Torres, en tanto el Poder Judicial estuvo representado por el magistrado Salvador Ortiz Morales.

En representación de quien se ha convertido en el gobernador que más ha menospreciado a la UABC al dejar de pagarle casi mil millones de pesos (en un punto la deuda ascendió a 996 millones de pesos), acudió el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.

A pesar que desde octubre de 2018 el Gobierno del Estado estuvo negando la información sobre el adeudo que tenía con la Universidad y otras dependencias, el monto fue conocido debido al Instituto de Transparencia del Estado y a la propia Tesorería de la UABC.

En total, Vega de Lamadrid debe a la institución, 853 millones 823 mil 647 pesos con 38 centavos, deuda sólo comparable con la que dejó el ahora preso y ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al finalizar su sexenio, cuando se reveló que había dejado de entregar recursos a la Universidad Veracruzana por un monto superior a 2 mil 200 millones de pesos; no obstante, había realizado forzosos pagos cuando la rectora Sara Ladrón de Guevara fue acompañada del estudiantado en una expresión pública para exigir los dineros.

Sin manifestaciones de alguna clase desde la Máxima Casa de Estudios, Francisco Vega ha dicho que intentará regularizar la situación en las próximas semanas, pues está a la espera de la entrega de recursos federales. Sin embargo, de acuerdo al convenio firmado en 2016, cuando la deuda con la UABC sobrepasaba los 450 millones de pesos, Vega heredará al próximo gobierno, pagos por 140 millones de pesos, sólo del convenio firmado.

UN RECTOR OPTIMISTA

Al día siguiente de su toma de posesión como rector de la UABC, Daniel Valdez Delgadillo se reunió con el gobernador en un intento por solucionar la deuda. Se dijo optimista al respecto.

“Soy optimista con el tema, reconocemos que el Estado está pasando por una crisis financiera, sin embargo, no estamos recibiendo las aportaciones y esto pone en riesgo algunos programas de la Universidad, debo ser claro en que la Universidad no se paraliza, la Universidad está tomando las previsiones desde la administración del doctor Ocegueda y continuaremos con un programa de austeridad y ejercicio del gasto con mucha prudencia”.

Aclaró que los únicos programas detenidos, son las convocatorias de movilidad, debido a que se están reduciendo los gastos únicamente a lo que es combustible, pago de electricidad, internet y las nóminas, ya que es indispensable para seguir avanzando.

“Tenemos que darle confianza, la institución no se va a detener, va a seguir operando y le quiero dar confianza a los universitarios y a los bajacalifornianos”, expuso.

Sin embargo, ya se terminó el fondo de contingencia con el que contaban para hacer frente a imprevistos, como es el caso de la insólita deuda del gobierno estatal.

Sin entrar en detalles, el rector remató: “Una vez que empiece a fluir el recurso federal, consideramos que podemos seguir avanzando, no nos vamos a detener”.

UABC, DENTRO DE LAS PRIORIDADES 

Días antes de concluir su periodo como rector,  Juan Manuel Ocegueda Hernández reconoció la gravedad del problema y culpó al Gobierno del Estado de no atender el problema de la deuda como una prioridad, “hasta el momento no tengo ninguna notificación oficial de que se nos vaya a entregar algo, escuché algunas declaraciones en el sentido que ya van a fluir los recursos, ojala así sea, la verdad estamos preocupados porque ya tenemos octubre, noviembre, diciembre y prácticamente ya se va a sumar enero; en todo ese periodo solamente nos han dado 50 millones”.

En ese lapso, el Ejecutivo estatal debió entregar más de 400 millones de pesos, por lo que pone en peligro las actividades universitarias. Tampoco se ha cubierto a cabalidad el adeudo de 452 millones de pesos reconocido en 2016, para el cual se firmó un convenio para pagar en “abonos”, aunque Vega de Lamadrid únicamente reconoció el 75 por ciento de la deuda. El compromiso fueron cinco pagos de 70 millones de pesos anualmente, por lo que heredaría un adeudo de 140 millones de pesos a la próxima administración estatal.

A esas ministraciones no pagadas por el Gobierno del Estado a la Universidad, se suman 99 millones que quedaron fuera del convenio, pero por conciliarse; aunque el ex rector refiere que se había estado cumpliendo con estas prestaciones. Reconoce que por entonces el adeudo histórico llegaba a 500 millones de pesos, “ha habido avances pero se han acumulado otras cosas”.

Aparte de los 500 millones de pesos de saldo histórico, el Ejecutivo dejó de aportar las mensualidades desde octubre de 2018, con lo que el saldo corriente al finalizar enero de 2019 será de 420 millones de pesos. En total el adeudo reconocido por el ex rector es de 920 millones de pesos. “Lo que nos preocupa es que nos tienen detenido el recurso corriente, el que nos permite operar, que haya actividad en la Universidad, con lo que pagamos nómina. En el momento que se deje de pagar nómina, en ese momento esta Universidad entrará en suspensión de actividades”, advirtió Ocegueda.

SUSPENSIÓN DE PAGOS

Los malos manejos de la administración de Vega de Lamadrid, arrastran a prácticamente todas las instituciones públicas. Entre ellas la más afectada es la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), cuyos pasivos superarían los 850 millones de pesos, según información oficial de la Máxima Casa de Estudios.

Por una solicitud de transparencia realizada por Zeta -PNT/00027219-, la UABC dio a conocer este pasivo proveniente de convenios de aportaciones entre la Secretaría de Educación Pública, Gobierno del Estado de Baja California y la propia Universidad. A pesar de los compromisos de ambos gobiernos, que contribuyen al presupuesto con el 55 por ciento el gobierno estatal y 45 por ciento el Federal, el primero ha sido omiso.

Desde su primer año de gobierno, Vega dejó de enviar, de manera íntegra, el recurso de la UABC. Foto: Zeta.

De un adeudo por 13 millones 035 mil 326.15 pesos en 2013 del Gobierno del Estado con la UABC, para 2014 se incrementó a 86 millones 089 mil 725.45 pesos.

Desde su primer año de gobierno, Vega dejó de enviar, de manera íntegra, el recurso de la UABC. Para 2015 el adeudo era de 168 millones 970 mil 844.03 pesos, y para finales de 2016, el Poder Ejecutivo debía 476 millones 414 mil 843.48 pesos.

En aquel entonces fue pública, en las páginas de Zeta, la estratosférica deuda superior a 470 millones de pesos de la administración estatal con la UABC. El gobernador se vio obligado a firmar un convenio en el que se comprometía a cubrir los adeudos en su totalidad para el año 2021, es decir, heredar la deuda a la próxima administración, dado que el periodo de Vega concluye en 2019. En ese convenio acordaron pagar a la UABC 70 millones extra al año… pero sólo se cumplió en la primera edición. Entonces la deuda con la Máxima Casa de Estudios se tasó en 319 millones 351 mil 609.64 pesos.

Para 2018 la situación empeoró. El Gobierno del Estado de Baja California omitió cubrir el pago de 192 millones 933 mil 351 pesos de la aportación del subsidio, además de la falta de aportación al Fondo de Pensiones  del Personal Académico correspondiente a 2018 y la segunda anualidad del acuerdo institucional con el Gobierno del Estado firmado en junio de 2017. Por estos conceptos el déficit incrementó en 118 millones 730 mil 667.66 pesos.

Durante los últimos meses de 2018, cuando se omitió el pago de las últimas siete catorcenas del año, generando pasivos por 365 millones 346 mil 300 millones de pesos, para un total de 996 millones 361 mil 928 pesos para diciembre de 2018.

Sin embargo, entre pagos en obra y otros conceptos, el Ejecutivo logró abonar 90 millones 345 mil 980 pesos, dejando un saldo de 906 millones 015 mil 947 pesos. Además, abonó 52 millones 190 mil 300 millones correspondientes a la primera catorcena de enero, dejando un total de deuda por 853 millones 823 mil 647.38 pesos hasta el 24 de enero de 2019.

La única justificación que le dieron es que no hay dinero y, pese a que reconoce el esfuerzo por pagarle a otras áreas del sector educativo, no fue el caso de la UABC. Y reiteró su postura hacia el Gobierno del Estado:

“Siento que la UABC no está entre sus prioridades, no han estado atendiendo nuestra situación y estoy muy estresado, afortunadamente voy de salida, pero el próximo rector entra con mucha preocupación ya que pone en riesgo por primera vez en treinta años, las actividades de la Universidad”, expresó en su momento.

Si bien, no existe una fecha fatídica, de continuar la situación sólo podrían llegar a febrero sin suspender muchos programas.

A la fecha ya se han cesado algunos, como la Convocatoria de Movilidad Estudiantil y Académica y los programas de Presencia Cultural UABC, de Apoyos de Investigación, y de Apoyo de Servicio Social Comunitario.

“Si después de febrero no llegan recursos, entonces no habrá forma de pagar”, puntualizó l ex rector de la UABC, institución que maneja un presupuesto de 4 mil 500 millones de pesos que se compone de ingresos federales, estatales y propios.

De los recursos gubernamentales, de cada 100 pesos, 55 son entregados por la Federación y 45 por el Estado. Del total, la aportación estatal representa el 32 por ciento del recurso final.

MUCHO DIÁLOGO, POCO DINERO

En palabras del secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez,  el Ejecutivo del Estado ha mantenido un diálogo permanente y constante con la UABC, además, se ha reunido con el rector en varias ocasiones para revisar los compromisos con la Máxima Casa de Estudios.

“Los principales ingresos de la Universidad provienen de subsidios tanto federales como estatales, de  manera que hemos firmado un convenio para el cumplimiento de los adeudos y compromisos que se tienen, estamos en proceso. Es importante darle certeza y claridad a quienes forman parte de esta familia universitaria, de que se van a ver atendidos los compromisos que se tienen”.

Para ello se trabaja con la Secretaría de Planeación y Finanzas, y están a la espera del recurso ordinario que radica la Federación al gobierno estatal, y a partir de ello, regularizarán los compromisos con la UABC, “lo importante es que la comunidad universitaria tenga tranquilidad de que no se verán afectados ni la matricula, ni los programas de la Universidad, de tal manera que el compromiso que el gobernador ha hecho con el propio rector, reconociendo una serie de compromisos, se atenderá en la medida de las posibilidades”.

Rueda aceptó que los primeros pagos de la Federación se recibieron el 15 de enero, sin embargo, hay recursos por llegar.

— ¿Entonces no habrá suspensión de clases por falta de pago?, cuestionó Zeta.

“Esperemos que no”.

DE HOYOS EXIGE RESULTADOS

El presidente del Patronato de la UABC, Gustavo de Hoyos Walther, declaró que pese a los retrasos de las aportaciones económicas que tiene el gobierno estatal, la función educativa en la UABC está asegurada.

Optimista en cuanto a una solución, dice tener comunicación todos los días con el gobernador y sus funcionarios para regularizar el retraso a corto plazo.

Kiko Vega debe más de 900 millones de pesos a la UABC. Foto: Cortesía, vía Zeta.

“Hacemos un llamado para que los esfuerzos se traduzcan en resultados para que la calidad de la educación, la cobertura en todo el Estado y el incremento de matrícula, no empiece a sufrir las consecuencias”.

Según el empresario, se han recibido flujos de efectivo que no han sido suficientes, sin embargo, el adeudo no incrementó en las últimas semanas. Agregó que la UABC se encuentra en un periodo de austeridad, por lo que sólo se están atendiendo las actividades esenciales y se suspendieron aquellos proyectos que significan un desembolso económico.

INEFICIENCIA FINANCIERA

Daniel Jiménez Trejo es estudiante de Ciencias Sociales y Políticas, además de consejero universitario. En su opinión, sí hay riesgo de ir a paro laboral en la UABC, dado que el fondo de contingencia es un recurso limitado. Por ello, exhortó a las autoridades universitarias y principalmente al nuevo rector, a presionar al Gobierno del Estado y no afectar a los estudiantes.

“Esta Universidad requiere alrededor de 100 millones mensuales para el pago de la nómina, no veo hasta el momento una presión fuerte por parte de nuestras autoridades universitarias para que ese pago se cumpla”, indicó.

Por su parte, el Diputado Luis Moreno Hernández, del partido Transformemos, declaró que la falta de pago a la universidad representa “una raya más al tigre” de la ineficiencia financiera.

“Habíamos venido diciendo durante muchos meses del año pasado que el Estado se encuentra en un colapso financiero por toda una mala planeación, vienen arrastrando muy malas decisiones, no tienen 300 millones para la UABC, pero sí para APP (Asociaciones Público Privadas), cómo se explica”, planteó.

Moreno cree que “Kiko” debe hacer un verdadero gobierno de austeridad, ya que se convirtió en una agencia de colocación de amigos y familias cercanas a su partido, además de un esfuerzo por revisar áreas administrativas, pues Servicios Personales absorbe todo el Presupuesto de Egresos del Estado.

La diputada Iraís Vásquez Aguilar, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, explicó que en el caso de la UABC, el Ejecutivo consulta a la Universidad el monto de participación federal. Aunque mencionó que el gobierno estatal pone la mitad de los recursos, la Federación envía recursos de forma extraordinaria, lo que desajusta el presupuesto ya que no se tienen contemplados los excedentes.

“Ocurre a veces que la Federación, de forma extraordinaria, envía recursos a la UABC, y si el Estado no tiene presupuestado esos recursos, ¿cómo se los hace llegar? Va generando una problemática, ya que la Federación no le envía al Estado para que complete”, justificó la diputada sobre la crisis de la UABC ante la falta de pago y compromiso del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

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