"Marín y Nacif echaron a andar la misma maquinaria que usaron para reprimir a Lydia, ahora para protegerse y mantener su inmunidad".

“Marín y Nacif echaron a andar la misma maquinaria que usaron para reprimir a Lydia, ahora para protegerse y mantener su inmunidad”. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

El caso de Lydia Cacho marcó un hito en la historia judicial de este país. Hace quince años nos reveló la manera en que se conducen las élites políticas y empresariales cuando se mueven bajo intereses inconfesables como lo son la prostitución y pornografía infantil. Expuso de cuerpo entero el aparato de justicia en México. Un sistema corrupto, anquilosado, manipulado para castigar a voces críticas y garantizar impunidad a las redes criminales construidas al amparo del poder.

El 3 de febrero se dio un punto de quiebre. Mario Marín Torres, exgobernador poblano involucrado en la trama para detener arbitrariamente a Lydia y torturarla por publicar sobre una red de trata y pornografía infantil, fue finalmente detenido. En su momento, cuando la conspiración contra la periodista y activista fue revelada y fue expuesta públicamente a través de unas llamadas telefónicas con Kamel Nacif (poderoso empresario involucrado en redes de pedófilos), parecía incontrovertible que la justicia debía aplicarse. Pero no fue así.

Marín y Nacif echaron a andar la misma maquinaria que usaron para reprimir a Lydia, ahora para protegerse y mantener su inmunidad. Apostaron al olvido como se puesta en miles de casos de violaciones graves a derechos humanos. Fue la continuación de un “pasado” de impunidad encarnado en miles de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas a manos de agentes del estado durante el priato. Fue el preámbulo de la tragedia humanitaria que estaría por detonarse con la llamada “Guerra contra el narcotráfico” que hoy, en los hechos, no acaba.

En próximas horas se determinará la situación de Marín. Se queda en prisión para enfrentar un proceso o es liberado por falta de elementos. Confiamos en que sucederá lo primero. También se encuentra pendiente la detención de otros autores intelectuales en este caso, Adolfo Karam (exdirector de la policía judicial de Puebla) y Kamel Nacif. Aquél, al parecer, sigue en México. El segundo se encuentra escondido en Líbano.

Vendrá una durísima batalla judicial para sostener la acusación de la FGR. Una batalla que se dará sobre terrenos aún pantanosos, en los cuales las redes que protegieron a estos personajes permanecen vigentes y operando. Pero hay que hay que estar ahí, sostener con pruebas y argumentos, coordinando estrategias entre fiscales y abogadxs de Lydia. La histórica desconfianza que las organizaciones civiles de derechos humanos tenemos hacia las autoridades debe comenzar a resquebrajarse. Así lo han demostrado recientes casos como el de los 43 estudiantes de la Norma Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecidos.

Pero no es una solución mágica, requiere de avances concretos como el que hoy celebramos. Dar paz y justicia a este país requiere que se vea de frente a las víctimas y se les garantice verdad, justicia y reparación. Si México claudica a sanar ese profundo dolor desde las instituciones, la viabilidad de este país como Estado de Derecho Democrático quedará en tela de duda, el tejido social continuará deteriorándose y se impondrán el cinismo y la desazón.

No creo exagerar al decir que nos urgen muchos días como estos, en los que cabezas detrás de crímenes atroces paguen ante la justicia. Por lo pronto sentimos una profunda gratitud por Lydia que a pesar de las adversidades ha mantenido intocada su voluntad de alcanzar justicia. Ella nos inspira a seguir luchando contra el pacto de impunidad que debemos seguir derruyendo paso a paso. Por eso es enfática al señalar “vamos por todos”. Esos que se han beneficiado de las estructuras de poder realmente existentes y que han hecho de este país un lugar donde impera la violencia y la corrupción.