Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– El 1 de diciembre de 2012, mientras Enrique Peña Nieto tomaba protesta como Presidente de la República en el Congreso de la Unión, en las calles de la Ciudad de México se registraba una de las protestas más recordadas en la memoria social y que, luego, se convirtió en el movimiento 1DMX.

El saldo de ese día fue de 99 detenciones arbitrarias, seis casos de tortura documentados y una persona asesinada –Juan Francisco Kuykendall– por las fuerzas del orden; Kuykendall fue herido por una bala de goma, sin embargo el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las corporaciones federales que participaron en ese operativo negaron que esas balas se hubieran utilizado.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) responsabilizó a las autoridades capitalinas de violar derechos humanos, de seguridad, de libertad e integridad de los manifestantes. Lo mismo sucedió con el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se extendió a recomendaciones a la Policía Federal y al cuerpo de Granaderos.

Ayer, más de un año después de esa protesta, una nueva forma de apagar las voces de quienes difieren con el actual gobierno del priista Enrique Peña Nieto fue denunciada por activistas.

De acuerdo con los creadores de la página 1DMX.org, el gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cerró desde el 2 de diciembre pasado la plataforma en la que se denunciaban actos de represión por parte de las autoridades durante las protestas.

“Me parece lamentable que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, junto con las del gobierno federal, en coordinación con las de Estados Unidos, limiten el derecho de documentar y comunicar de las personas, y también de criticar a los gobernantes. Me parece un ejemplo de las más férreas dictaduras de cualquier país del mundo”, expuso el activista Jesús Robles Maloof.

El sitio puso a disposición de la ciudadanía –desde las protestas del 1D– recursos tecnológicos que permitieron organizar y concentrar las pruebas que circularon en la Internet, especialmente en 2013, el año de las protestas en México. Esa información permitió desmentir, en no pocas ocasiones, las versiones oficiales y demostró también que el gobierno del DF había fabricado testimonios y pruebas falsas contra los detenidos.

Robles Maloof destacó la importancia del portal pues, dijo, éste reflejó la madurez del movimiento #YoSoy132 desde diciembre de 2012, pues en el sitio no sólo difundían información “también construyeron una plataforma colaborativa de evidencia con el objeto de usarla legalmente”.

Como litigante de la Liga de Abogados del 1 de Diciembre aceptó haberse apoyado en los videos que la gente aportó voluntariamente, para así liberar a personas que fueron injustamente detenidas. Además, expuso, el registro fue aportación para  foros internacionales como una muestra de colaboración ciudadana para defender los derechos humanos.

Sin embargo, para el director en México de la organización internacional Artículo 19, Darío Ramírez, más que fincar responsabilidades es necesario indagar en lo que está detrás de este tipo de censura, pues es un tema que refleja el interés del gobierno federal para regular el contenido que existe en Internet, en un contexto previo a la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma de Telecomunicaciones.

“Hay todo un entramado desde el punto legislativo para debilitar diversos mecanismos que están apuntando hacia la regulación del contenido en línea”, expuso.

La preocupación, dice Ramírez, se basa en el interés del Estado para poner mecanismos de censura, pero que también  sea para  obtener información. Es importante porque estarían dando mayores facultades, facultades ‘meta legales’ para regular el contenido de Internet”, explicó.

LA CENSURA DEL SITIO

En conferencia de prensa, Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica; Carlos Ventura, coordinador de Educación y Promoción del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Luis Fernando García, abogado del colectivo 1DMX, expresaron su disgusto por esta forma de represión.

“La censura es una grave violación a derechos humanos y es importante defender libertad de expresión” dijo Carlos Ventura.

El colectivo explicó que en días recientes, la empresa GoDaddy informó que la agencia mexicana que solicitó al gobierno estadounidense la censura de 1DMX.org fue el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), una dependencia de la Policía Federal, que es parte de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y que desde el 2013 depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Por ello, el 24 de diciembre pasado se interpuso un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, que fue admitido el 17 de enero de este año.

El recurso legal ordenaba a 10 dependencias del Distrito Federal y del gobierno federal brindar un informe en que el que debían negar su participación en el hecho, o admitir y justificar la constitucionalidad del acto de censura.

La oficina del Jefe de Gobierno del DF, la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal(PGJDF), así como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negaron su intervención. Sin embargo, ni la Secretaría de Gobernación ni la CNS plantearon una versión oficial sobre el tema.

CONDENAN REPRESIÓN

Horas después de la denuncia, diversos organismos se unieron al rechazo y condenaron el “evidente atentado a libertad de expresión en Internet”. Además, el ContingenteMX –organización que encabeza Robles Maloof– demandó al Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, y al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una explicación puntual de la solicitud hecha por la Embajada de Estados Unidos en México para la cancelación de la página y una investigación de las responsabilidades de los funcionarios públicos que participaron en la decisión.

Robles Maloof indicó que “detrás de todo esto está Manuel Mondragón, quien por cieerto no ha respondido por la vida que se perdió ese día y él tiene que dar una explicación. Nosotros responsabilizamos a Mondragón, pero también exigimos que el Secretario de Gobernación de cuenta de lo que sucedió” .

“Queremos concluir el juicio de amparo, todavía hay muchos caminos internos y posteriormente avanzar hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), será una batalla larga pero se está a tiempo de evitarla”, agregó.

Asimismo, el colectivo 1DMX puso a disposición de la ciudadanía otra página: op1d.mx, con el objetivo seguir denunciando casos de arbitrariedad y represión durante las protestas. “Pueden bajar un sitio pero no pueden callar su voz. La censura es una violación a la libertad de expresión inadmisible que debe ser investigada y sancionada. Pero la censura también muestra el poder que tenemos como ciudadanos”, dice en el portal.

Además convocaron a otros colectivos, organizaciones sociales y a todas las personas usuarias de Internet para apoyar la campaña #CensuraMexTa.

DERECHOS HUMANOS Y EPN

Desde del 1D hubo una constante en las protestas sociales: la falta de estrategia por parte de elementos de seguridad durante las manifestaciones. El 2013 fue un año particularmente difícil en este ámbito. Los enfrentamientos de la sociedad civil con la policía han generado decenas de heridos y centenares de arrestos, por lo que el GDF ha sido fuertemente criticado.

El activista Jesús Robles Maloof, incluso, la calificó como una “época negra para los derechos humanos” porque desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 2 de octubre del año pasado, 300 personas han sido detenidas y más de mil 200 encapsuladas bajo la advertencia del macanazo en decenas de manifestaciones sociales.

Robles Maloof consideró que al régimen no le preocupa que las personas se manifiesten, sino su capacidad de articulación. “A las autoridades les interesa antes que nada, bloquear la protesta, a través de la provocación de la violencia y una política represiva”, afirmó.