Líderes de opinión, periodistas, activistas e intelectuales publican una carta en Letras Libres y en Nexos, dos revistas mexicanas de literatura y análisis, para exigir a Peña no utilizar a la PGR para perseguir opositores. Ricardo Anaya prometió esta mañana que, de llegar a la Presidencia, se investigará al Presidente y todos los casos de corrupción de este sexenio, mientras que la Coparmex, dijo, en un desplegado, que “en cada proceso electoral se revela información que confirma el uso indebido de las instituciones del Estado en favorecer a partidos y candidatos”.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- El panista Ricardo Anaya Cortés dijo esta mañana que es el Presidente quien lo persigue, mientras líderes de opinión, periodistas, activistas e intelectuales publicaron una carta en las revistas Nexos y Letras Libres, dirigida a Enrique Peña Nieto, en la que le demandan no utilizar a la Procuraduría General de la República (PGR) para acosar a opositores.

La Coparmex, un sindicato de empresarios, también se unió a las críticas contra el uso de instituciones. Dijo que “en cada proceso electoral se revela información que confirma el uso indebido de las instituciones del Estado en favorecer a partidos y candidatos”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, esta mañana el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente” señaló que “sin duda alguna”, el Presidente Peña es quien “está detrás de la embestida en mi contra para sacarme del proceso electoral”.

Anaya Cortés acusó a la PGR de haber ventilado las declaraciones de los testigos protegidos justo el día en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el informe de desvíos detectados en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en las gestiones de Rosario Robles Berlanga y José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial del partido gobernante, el Revolucionario Institucional (PRI).

“Si fuera cierto de lo que me acusan, ya habrían actuado en mi contra”, sentenció el panista. Agregó que de ganar las elecciones del 1 de julio, su Gobierno sí investigará los escándalos de corrupción que empañaron este sexenio, como la “casa blanca” de la Primera Dama, Angélica Rivera, y el caso Odebrecht.

“No grabamos un spot asegurando que meteríamos a la cárcel al Presidente Peña Nieto, pero digo de frente que iremos hasta las últimas consecuencias en los casos de corrupción, incluyendo al mismo Presidente”, dijo.

Muchos de los abajo firmantes de la carta dirigida al Presidente son, también, abiertos opositores de Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y líder en las encuestas.

Sin embargo, aclaran, “las personas que firmamos esta exigencia tenemos filiaciones políticas diversas y plurales. Por lo cual este posicionamiento no implica de ninguna manera un apoyo a la candidatura de Ricardo Anaya sino una preocupación fundada en el uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios”.

“La decisión de quién será el próximo Presidente de México le corresponde exclusivamente a las y los ciudadanos mexicanos”, dicen.
La carta al Presidente alerta que “México es una democracia joven con instituciones débiles”.

“El uso del Ministerio Público federal para perjudicar al candidato presidencial del Frente Por México, Ricardo Anaya, erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano”, agrega.

“Si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya exhortamos a que la autoridad ministerial proceda en consecuencia. De lo contrario, el uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios democracias totalmente disfuncionales”, dice.

“Ante la falta de autonomía del Ministerio Público federal, usted Presidente Peña Nieto es la máxima autoridad responsable de este proceso. En 2005, el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador abrió brechas de polarización en la sociedad, que aún dividen y lastiman la convivencia social en nuestro país”, le dicen.

Y firman:

Héctor Aguilar Camín
Emilio Álvarez Icaza
Mario Arriagada
Aram Barra
José Luis Caballero
Enrique Cárdenas
Jorge A. Castañeda
Jorge Castañeda
Juan Arturo Covarrubias
Denise Dresser
Christopher Domínguez
Carlos Elizondo
Elena Fortes
Fernando García Ramírez
Alejandra Garza
José Pablo Girault
Fernando Gómez-Mont
Claudio X. González Guajardo
Bosco Gutiérrez Cortina
Carlos Heredia
Esteban Illades
Edna Jaime
Enrique Krauze
Alejandro Legorreta
Genaro Lozano
Gastón Luken
Gastón Luken Garza
Alejandro Madrazo
Ana Laura Magaloni
Javier Mancera
Francisco Martín Moreno
Ángeles Mastretta
Héctor de Mauleón
Mauricio Merino
José Merino
Kathya Millares
María Elena Morera
Valeria Moy
Layda Negrete
Saskia Niño de Rivera
Raúl Padilla
Juan E. Pardinas
Catalina Pérez Correa
Rafael Pérez Gay
Jacqueline Peschard
Ricardo Raphael
Eunice Rendón
Federico Reyes Heroles
Francisco Rivas
Lisa Sánchez
Armando Santa Cruz
Arturo Sarukhán
Macario Schettino
Guillermo Sheridan
Diego Sierra
Juan Silva Meza
Maruan Soto Antaki
Jorge Suárez Vélez
Isabel Turrent
José Woldenberg

COPARMEX PIDE A EPN LEGALIDAD 

Sin mencionar el nombre del candidato Ricardo Anaya, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió hoy al Gobierno federal un proceso electoral apegado a la legalidad.

A través de un comunicado recordó que en días recientes la actuación institucional y apartidista de varias instituciones federales, especialmente la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y el Servicio de Administración Tributaria, se ha puesto en entredicho por algunos partidos y candidatos. “Hay señalamientos similares en gravedad en los ámbitos locales y municipales, respecto del proceder de autoridades equivalentes en esos órdenes de gobierno”, mencionó.

El organismo empresarial dirigido por Gustavo de Hoyos Walther exigió al Gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, “evitar todo comportamiento o actuación que de sospecha, indicio, o evidencia, de una injerencia ilegal en el proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en treinta entidades federativas”.

La Coparmex estalló que en cada proceso electoral múltiples gobiernos de diversa filiación partidista, y de los distintos órdenes de gobierno han utilizado ilegítimamente a las entidades gubernamentales y sus recursos como si fueran instrumentos auxiliares de la competencia electoral, en lugar de ser garantes de la legalidad.

“Toda conducta o acción insólita, atípica o desproporcionada de un gobierno o funcionario, que pretenda directa o indirectamente beneficiar o perjudicar a una coalición, partido o candidato, debe ser erradicada por su ilegalidad, afectación a la normalidad democrática, y profundos efectos dañinos en la confianza institucional que trae aparejada”, advirtió.

La Coparmex emplazó a los candidatos a la Presidencia de la República, así como a los partidos y coaliciones, y a los legisladores emanados de esas formaciones políticas, para pronunciarse con claridad y actuar sin dilación, para concretar una reforma al artículo 102 de la Constitución General, que garantice que México cuente con una Fiscalía General autónoma, eficaz, respetuosa de los derechos humanos, con supervisión y controles ciudadanos, en resumen, una #FiscalíaQueSirva a México.