La PGR reservó hasta por un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación relacionados con los presuntos sobornos que hizo la empresa Odebrecht a funcionarios mexicanos. Y hoy, Pemex hizo públicos los contratos que otorgó a la constructora, documentos en los que sobresalen tachaduras en negro que abarcan líneas, párrafos y hasta páginas enteras, que darían información clave del caso.
Mientras, los gobiernos de América Latina y Estados Unidos investiga este escándalo de corrupción que le ha dado la vuelta al mundo.
No, la transparencia no parece ser el fuerte de esta administración federal mexicana.
ADEMÁS
Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).– Los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht dio a funcionarios de América Latina para conseguir contratos ha derivado en grandes investigaciones en países como Brasil, Argentina, Perú y Ecuador, no así en el caso de México.
A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) abrió una investigación interna y aseguró que había puesto una denuncia en contra de quien resultara responsable, la Procuraduría General de la República (PGR) reservó hasta por un periodo de cinco años todos los informes, reportes y órdenes de investigación.
La PGR respondió a una solicitud de información pública que presentó un particular que negará cualquier documento relacionado que acredite el pago de sobornos a funcionarios mexicanos.
“Las expresiones documentales solicitadas se encuentran clasificadas como reservadas, acorde con lo establecido en los artículos 99 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 34 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, ‘así como para la elaboración de versiones en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016, podría permanecer con tal carácter hasta por cinco años’’, de acuerdo con el oficio PGR/UTAG/01304/2017 de la plataforma electrónica del Instituto Nacional de Transparencia.
La dependencia justificó el blindaje de la información amparada en lo establecido en los artículos 99 y 104 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en el artículo 34 de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, publicó este miércoles el diario La Jornada.
Las autoridades mexicanas no han informado sobre el caso que involucra a funcionarios del Gobierno que fueron sobornados por la empresa para obtener contratos de obras entre 2010 y 2014, según confesaron trabajadores de la propia constructora en Estados Unidos el pasado 22 de diciembre.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó documentos que revelaron que el gigante de infraestructura de Brasil aceptó sobornar a un alto directivo de una empresa paraestatal mexicana, con 6 millones de dólares. El funcionario, que no fue identificado, recibió pagos en el lapsp de diciembre de 2013 y finales de 2014.
Los documentos citan que “entre 2010 y 2014, Odebrecht realizó pagos corruptos por alrededor de 10.5 millones (de dólares) a funcionarios del Gobierno en México” para asegurar contratos de obras públicas. Como resultado de estos pagos corruptos Odebrecht logró beneficios por más de 39 millones.
La constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, donde es investigada desde hace más de dos años en el marco de los desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
PEMEX PUBLICA LOS CONTRATOS
Desde 2010, cuando el Presidente de la República era Felipe Calderón Hinojosa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en los contratos otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a Oderbrecht; pero no se inició ninguna investigación al respecto. Por el contrario. Una vez que Enrique Peña Nieto, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a la Presidencia, Oderbrecht triplicó su presencia en México.
Y fue justo 2010 el año clave de los sobornos de Oderbrecht en nuestro país.
Aunque su nombre no aparece en las indagatorias, Pemex dio a conocer ayer que hizo públicos cuatro contratos que firmó con Oderbrecht y dos de sus subsidiarias entre febrero de 2010 y noviembre de 2015 para contribuir con el esclarecimiento de las investigaciones.
En un comunicado, la empresa productiva del Estado expuso que “en un ánimo de mejorar prácticas en materia de Transparencia y de informar oportunamente a la sociedad, continuará comunicando los avances de las investigaciones en cuanto las autoridades competentes así lo vayan autorizando”.
En los convenios entre Pemex y Oderbrecht, lo que sobresale son tachaduras en negro que abarcan líneas, párrafos y hasta páginas enteras. No es posible conocer quiénes firmaron como representantes legales ni por parte de Pemex ni de Oderbrecht. Los montos de los servicios que daría la constructora brasileña también están en negro y se vuelven invisibles. Las obligaciones de entregas también están censurados. Así, los nombres de notarios, sellos y firmas.
Dos datos clave bajo tachadura son la posible penalización en caso de incumplimiento de contrato y la forma en que Oderbrecht se financiaría para desarrollar los proyectos.
ADEMÁS
EN OTROS PAÍSES VAN HASTA POR EX PRESIDENTES
El caso ha estado activo en otros países en los que altos funcionarios son investigados, mandatarios enfrentan escándalos y se han emitido ordenes de captura contra los involucrados; sin embargo en México, no hay avances en la investigación, misma que en incluso se oculta.
Los ex presidentes de Perú, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, son acusados de recibir recursos procedentes de actos de corrupción. Y funcionarios de Argentina y Brasil enfrentan demandas penales por los sobornos de la empresa.
La compañía, que ya despidió a 100 mil de sus 180 mil empleados y que actuaba en 28 países, empezó a ser investigada por la justicia brasileña en la llamada Operación Lava Jato (lavadero), que juzga un esquema gigantesco de corrupción en la estatal petrolera Petrobras.
En junio de 2015, la Policía Federal brasileña arrestó al presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, quien fue condenado a nueve años de prisión. La empresa acordó pagar más de 3 mil 500 millones de dólares en multas en Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Las investigaciones del caso Odebrecht en Perú se centran en los 29 millones de dólares que la compañía brasileña admitió a la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014. Ese período abarca los mandatos presidenciales de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
El ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006), tiene una orden de captura internacional por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht para lograr la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur; mientras que el ex mandatario Alan García pasó a la condición de investigado por las presuntas irregularidades en la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima a Odebrecht.
Entre los detenidos en Perú por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht en la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima está el ex Viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba y el presidente del comité para la licitación de esa obra, Edwin Luyo.
PANAMÁ
En Panamá, la Fiscalía adelanta seis investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 17 imputados, entre ellos dos hijos del ex Presidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, sobre los que pesa una orden de búsqueda y captura internacional. El Ministerio Público les acusa de haber recibido al menos 22 millones de dólares de la constructora Odebrecht, que fueron congelados por Suiza.
A su vez, tras destaparse el escándalo, el Gobierno de Juan Carlos Varela anunció que Odebrecht estaba vetada para participar en nuevas concesiones mientras fuera investigada en Panamá y hasta tanto resarza al Estado. Varela anunció varias medidas contra la empresa, entre ellas la cancelación de la concesión de Chan II sin costo para el Estado.
El pasado 31 de marzo en México confiscaron en un helicóptero a la familia del ex Presidente panameño Ricardo Martinelli, cuya compra está siendo investigada por la Fiscalía por su supuesta relación con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht; la aeronave llegó a Panamá.
Por otra parte, Gobierno panameño autorizó la terminación por mutuo acuerdo de la concesión con Odebrecht para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Chan II, que fue cancelada al estallar el escándalo de sobornos de la empresa brasileña.
El mandatario brasileño, Michel Temer, se enfrenta desde esta semana a un incierto y complejo proceso en la Justicia electoral, que que le puede costar el cargo al mandatario dejándolo en la incómoda posición de Presidente “sub júdice”.
El juicio que comenzó en el Tribunal Superior Electoral, el cual, dictaminará sobre supuestos abusos económicos en la campaña que en 2014 llevó a la reelección de la fórmula Rousseff-Temer, que se habría financiado en parte con dinero procedente de la vasta red de corrupción que operó en la estatal Petrobras; sin embargo el proceso fue suspendido .
El Tribunal Superior Electoral celebró la primera de cuatro sesiones que tenía previstas esta semana para juzgar denuncias de supuesta corrupción electoral por parte de la fórmula Rousseff-Temer en la campaña de 2014, pero apenas dos horas después de iniciado el juicio fue suspendido por un tiempo aún indeterminado.
En forma unánime, la corte aceptó las primeras apelaciones de la defensa de Rousseff, destituida por fraudes fiscales en agosto de 2016 y sustituida desde entonces por Temer, que pidió un plazo mayor para presentar sus alegaciones finales y citar nuevos testigos, lo cual llevó a la inmediata suspensión del proceso.
Tras ofrecer detalles de la red corrupta, la Fiscalía pidió que el PP devuelva a los cofres públicos los 2 mil 300 millones de reales como resarcimiento.
ARGENTINA
El 3 de abril, la Fiscalía apeló el sobreseimiento del jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas, por haber recibido supuestamente sobornos de un operador financiero de la firma brasileña Odebrecht condenado por su implicación en el caso de corrupción Lava Jato.
Según confirmaron a Efe fuentes judiciales, el Procurador federal Federico Delgado argumentó que el sobreseimiento, emitido el pasado viernes, se resolvió “sin una investigación”.
La apelación fue presentada ante el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.
Para Delgado, la decisión se tomó a premisas falsas que no tienen relación con la realidad.
En su fallo del viernes, Canicoba argumentó que tanto la Fiscalía como la denuncia presentada contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dio inicio a la causa buscan “investigar un hecho, sin apariencia de delito, acaecido en Brasil, para el cual el tribunal carece de jurisdicción”.
El expediente se abrió a raíz de una denuncia basada en una investigación periodística publicada en el diario La Nación, que afirmaba que Arribas recibió en 2013 un pago de 600 mil dólares.
Según la investigación, el financiero brasileño Leonardo Meirelles -condenado por la Justicia brasileña en la causa Lava Jato, en la que investiga a políticos y ejecutivos de algunas de las empresas más importantes de Brasil- transfirió ese monto en cinco giros a una cuenta de Zúrich perteneciente a Arribas.
El dinero partió supuestamente de otra cuenta de una sociedad controlada por el brasileño, “calificada por la justicia brasileña como ‘empresa de fachada’, destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión”, tal y como describió el fiscal el pasado enero.
-Con información de EFE, Xihua, Unidad de Datos de SinEmbargo y Economía de SinEmbargo
ADEMÁS
